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En un esfuerzo por conocer cómo se han estado implementando la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, FVBCh, determinó que la influencia de estas dos normas jurídicas en al menos 10 municipios del país, es poca o nula, debido a la falta de voluntad política de las autoridades locales y al desconocimiento de la ciudadanía.

La directora ejecutiva de la FVBCh, Cristiana Chamorro, explicó que para el estudio se realizaron grupos focales, entrevistas directas y ejercicios de solicitud de información pública en las alcaldías, y que con ello descubrieron que por la vía de la participación ciudadana existe un choque entre los Consejos del Poder Ciudadano y los Comité de Desarrollo Municipal.

“No hay nada”
Mientras que por el lado del acceso a la información pública, el estudio reveló que hay desconocimiento y desinterés tanto de parte de las autoridades locales como de los ciudadanos.

“Hay que ver que hay una situación de doble vía, tanto en la de las autoridades hay desconocimiento, no hay preparación, no tienen presupuesto, no hay estructura y no hay voluntad política, y por el otro lado hay un desconocimiento ciudadano de esto, y también, una ausencia del uso del recurso como tal”, expresó Chamorro.

Participación Ciudadana debilitada por los CPC
Emilio Ortega, del equipo técnico de la FVBCh, señaló que “las estructuras de participación ciudadana establecidas en la Ley de Participación Ciudadana han sido debilitadas” y advirtió que “en algunas municipalidades nos han dicho textualmente que han tenido que adoptar el sombrero de GPC para poder ser recibido en la municipalidad.

“La Ley de PC establece la existencia en cada municipio de Comités de Desarrollo Municipal, que son instancias consultivas con las cuales las autoridades deben de trabajar para que los proyectos que ejecuten sean de acuerdo con las demandas de la población, pero en el municipio de Managua y en los otros 9 municipios nos hemos dado cuenta que el CDM ha sido debilitado y ha venido a ser sustituido, en algunos casos, por los Gabinetes del Poder Ciudadano”, refirió.

“Lamentablemente las estructuras creadas a través de la Ley de PC han tenido cierta decadencia, porque los gobiernos locales que están en manos de alcaldes afines al gobierno de turno, hacen que prevalezcan los GPC”, agregó.

La advertencia de Ortega
Ortega advirtió que “cuando los ciudadanos no conocen sus derechos, están condenados a que otros que sí los conocen utilicen esos derechos y se extralimiten en el ejercicio de los mismos en perjuicio de aquellos que no los conocen”.

El investigador encargado de realizar el estudio en la capital, Albin Salinas, mencionó por su parte que en la Alcaldía de Managua, Alma, “hay limitaciones en el acceso a las sesiones del Concejo Municipal, poca divulgación de los cabildos ordinarios o extraordinarios y un manejo discriminatorio de la participación”.

Salinas destacó que el estudio demostró que “hay un común denominador en cuanto a que entre los funcionarios públicos no electos por voto popular hay una especie de temor a brindar y facilitar información al público porque creen que eso puede ser mal visto por la política oficial de secretismo que parte de la autoridad edilicia, que a su vez hace eco de una política nacional”.