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El gobierno proyecta asignar al Consejo Supremo Electoral, CSE, una partida de mil 297 millones 470 mil córdobas en el Presupuesto General de la República, PGR, para el año 2011. De este monto, mil 104 millones 605 mil córdobas serán destinados a financiar el costo de las elecciones generales de noviembre de ese año.

La proyección presupuestaria está contenida en el Programa Nacional de Desarrollo --“revisado y corregido”--, que el gobierno consensuó con el Fondo Monetario Internacional, FMI, según el cual, el monto destinado al CSE representa el 0.88% del Producto Interno Bruto, PIB, proyectado para ese año, y en un presupuesto previsto para el 2011 de 34 mil 282 millones 433 mil córdobas.

En el documento destaca el hecho de que mientras el presupuesto asignado al sector Salud desminuye, en términos porcentuales respecto al PIB, la partida asignada al Poder Electoral, aumenta. En el año 2009 el presupuesto de Salud correspondió al 4.04% del PIB; en 2010, el 3.68%, y para 2011 se proyecta un presupuesto para Salud del 3.62% del PIB.

En Educación ocurre algo similar. En 2009 el presupuesto equivalía al 4.09% del PIB; en 2010 bajó al 3.62 y, para 2011 experimenta un leve aumento y el presupuesto de Educación llegará al 3.64% del Producto Interno Bruto, PIB.

Contrastes

El presupuesto del Consejo Supremo Electoral en 2009 representó el 0.33% del PIB; en 2010 bajó al 0.26%, pero para el 2011 el presupuesto al Poder Electoral representará el 0.88% del Producto Interno Bruto, es decir que se incrementa en casi cuatro veces.

En el 2008 para las elecciones municipales de ese año, el CSE recibió un presupuesto de 635 millones 135 mil córdobas; es decir, que para 2011 el Poder Electoral recibirá un poco más del doble de ese presupuesto para una elección similar, todo ello sin contar los ingresos que percibirá vía cobro de los 300 córdobas por ciudadano por la nueva cédula de identidad. A esto habría que restarle los 10 mil empleados públicos que supuestamente recibirán de forma gratuita el documento de identificación ciudadana que además, debería ser parejo para todos.

Presienten inestabilidad

Al parecer, el gobierno ha tomado en cuenta la inestabilidad en que caerá el país debido al proceso electoral que se avecina y, en el PND, hace un par de recomendaciones para evitar una mayor afectación a la economía nacional; además de dejar abierta la posibilidad de una reforma electoral “en el mediano plazo”.

“Los conflictos políticos en torno a los procesos electorales siempre constituyen un riesgo para la constitucionalidad de las políticas públicas y, por ende, para los demás planes de desarrollo de un país. Frente a los ciclos políticos, normalmente las expectativas de la población y del sector privado empresarial se reducen en términos de decisiones de ahorro o inversión, sin embargo, esto vuelve a la normalidad una vez conocidos los resultados”, se lee en el acápite 302 del Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, hace la salvedad de que “este escenario cambia cuando hay conflictos agudos prolongados y la incertidumbre política se convierte en factor económico negativo”.

¿Reformas?

“En este sentido, el proceso electoral avanza y a mediano plazo será fortalecido, modernizando el marco legal que los rige…Los poderes del Estado para reducir las amenazas de los conflictos electorales. El Poder Ejecutivo está dando continuidad a una serie de políticas y reformas al Programa Nacional de Desarrollo para reducir los costos de transición…La búsqueda de reconciliación y unidad de todos los nicaragüenses se convierte en uno de los principales instrumentos para garantizar la estabilidad política de la Nación”, se lee en el acápite 303 del documento.

Más gastos

Sin entrar en detalles financieros, el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Bernard Pallais Arana justificó, de alguna manera, la proyección presupuestaria alegando que aunque en las elecciones municipales es la misma cantidad de Juntas Receptoras de Votos, JRV, las que se habilitan, en una elección nacional se disponen de cuatro urnas y cuatro boletas; y en las municipales sólo utilizan dos urnas y dos boletas: una para alcalde y vicealcalde y otra para concejales.

En el caso de las elecciones nacionales, reiteró, se utilizan cuatro urnas y cuatro boletas: Una para Presidente y Vicepresidente; otra para diputados nacionales; otra para diputados departamentales y una más para diputados ante el Parlamento Centroamericano. “Además de otros gastos logísticos”, señaló.

¿Darán presupuesto a este CSE?

Pero más que el problema de dinero, dijo Pallais, la discusión del próximo Presupuesto General de la República, “será un verdadero campo de batalla en defensa de la democracia y el futuro institucional del país”.

“El presupuesto electoral será una oportunidad para que los partidos políticos opositores tomen una decisión en el sentido de si dan o no su respaldo a un Consejo Supremo Electoral inconstitucional e ilegítimo”, expresó Pallais.

Enfatizó que la discusión de este presupuesto al Poder Electoral “adelantaría la decisión de los partidos políticos sobre si participan o no en un proceso electoral sin garantías y deslegitimado”.

“Será una decisión muy difícil, pero puede ser una oportunidad para lograr impulsar un verdadero proceso que mantenga viva la esperanza democrática en Nicaragua”, reiteró.

Conforme la Ley de Presupuesto el Ejecutivo debe presentar al Legislativo el Presupuesto General de la República a más tardar el 15 de octubre, y la Asamblea Nacional tiene hasta antes del 15 de diciembre para aprobar el presupuesto que regirá a partir del primero de enero.