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El Manifiesto Programático a la Nación para Fundar la República que lanzó la Coalición Democrática, CD, busca cambiar aspectos políticos, institucionales, sociales y económicos por los que actualmente Nicaragua es considerada un país con un débil Estado de Derecho.

El mismo podría no gustarle a muchos de los actuales políticos, pues propone desde una ley para penalizar el “transfuguismo político” hasta la descentralización del poder para fortalecer el municipalismo y la autonomía regional.

El documento consta de más de 30 páginas, y en su elaboración participaron los integrantes de la CD: la Alianza por la República, Apre; el Partido Acción Ciudadana, PAC; el Nuevo Partido Socialista, NPS; la Juventud por el Cambio, y la facción del Partido Liberal Independiente, PLI, de Virgilio Godoy.

En lo político

La política —aseguran— será un instrumento al servicio del bien común que guiará su conducta, y también la de cualquier ciudadano en el desempeño de un cargo público. En este sentido, establecen una nueva forma de hacer política, de tal manera que se termine “con el pillaje, la irracionalidad, la ignorancia y las concesiones prebendarias en el control de las instituciones del Estado”.

Hacen constar también que consideran que “en el pleno respeto a la libre voluntad popular expresada en las urnas electorales, radica la verdadera autodeterminación, por ser el instrumento de cambio democrático de los pueblos”.

Reformar la Constitución pero en el interés nacional

Es en este aspecto que la CD habla de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de redactar una nueva Constitución “que responda a los verdadero intereses de la Nación, con la visión patriótica necesaria para asegurarnos su permanencia y vigencia en el tiempo presente y futuro”.

Explican que dicha Constituyente contemplaría reformas estructurales en los poderes del Estado para reducir el número de magistrados y convertir al Consejo Supremo Electoral en un Instituto Electoral autónomo, imparcial e independiente.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia está constituida por 16 magistrados y el Consejo Supremo Electoral por 11, a los que organismos de la sociedad civil han señalado de funcionar como operadores políticos de los partidos a los que pertenecen.

No reelección

Con la Constituyente ratificarían la no reelección presidencial absoluta, pues “el que fue presidente por una vez, no podrá volver a serlo bajo ninguna circunstancia”, y tipificarían como delitos de lesa patria y de no prescripción el “enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de los caudales públicos y otros afines, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”.

En octubre de 2009 los magistrados del FSLN de la CSJ emitieron la Sentencia 504, con la cual declararon “inhabilitado” el artículo 147 de la Constitución Política que, entre otras cosas, prohíbe la reelección presidencial de forma continua o después de dos períodos alternos.

Sobre el transfuguismo

La CD explica que el “transfuguismo político” es “la fuga de un partido a otro de los funcionarios electos popularmente por un partido determinado”, a la vez que aclara que “el escaño asignado corresponde al partido y a la persona”.

Sin embargo advierte que “la vacante dejada por efecto de renuncia irrevocable al cargo elegido, o por convertirse ese funcionario en tránsfuga en el cargo nominado, le dará derecho al partido correspondiente a que se convoque al suplente respectivo para ocupar el cargo vacante, y si el suplente también estuviere en situación de transfuguismo, ocupará el escaño vacante aquel que el partido afectado designe entre los suplentes electos en la misma justa electoral”.

Un ejemplo

Este fenómeno ya ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Un ejemplo es el del diputado Alejandro Ruiz quien pertenece al Partido Conservador, pero que en 2006 fue electo por la Alianza Liberal Nicaragüense, en ese entonces de Eduardo Montealegre, luego de que el Consejo Supremo Electoral le quitara la personería jurídica a los verdes.

Cuando el CSE le quitó la representación de ALN a Montealegre, Ruiz se fue a formar la bancada ALN con cinco diputados más, encabezados por Eliseo Núñez Hernández. Desde ese entonces, dicha bancada ha sido señalada de hacer quórum con el Frente Sandinista cuando la oposición quería boicotear las sesiones, en protesta por acciones del Presidente Daniel Ortega u otros poderes del Estado consideradas ilegales.

En una ocasión, Ruiz —como miembro de la Junta Directiva— se abstuvo de votar a favor de que la Ley de Nulidad de las elecciones municipales de 2008 entrara a la Agenda del Día. Lo mismo pasó con el proyecto de Ley de Nulidad del Decreto 03-2010.

Eliminar exclusiones de procedimientos
La CD aboga por la eliminación de excepciones en los trámites de contrataciones estatales, y en este sentido, y de acuerdo con información de la Contraloría General de la República, CGR, las exclusiones de procedimientos y contrataciones directas que ha recibido el actual gobierno, sumaron casi 9 mil millones de córdobas, de enero de 2007 a diciembre de 2009.

El Manifiesto contiene que en cumplimiento con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Ley 476, se debe garantizar el respeto y estabilidad del servidor público.

De enero de 2007 hasta mediados de este año, han sido despedidos más de 18 mil empleados públicos de diversas instituciones estatales, según cifras de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público.

Ley Electoral

Con la Constituyente, la CD buscaría también hacer una revisión profunda a la Ley Electoral para suprimir el castigo que se impone a los partidos políticos al ir en alianza a los comicios, con el nombre de uno de los partidos aliados y no con un nombre único.

En lo institucional

La CD sostiene que la República debe estar sustentada en una clara visión de Estado con la debida separación e independencia de sus diferentes poderes y sobre una base sólida de justicia; por tanto, propone la despartidización y separación de los mismos, la creación de un organismo o instituto de investigación judicial, y la clara subordinación del Ejército y la Policía a la ley, entre otras.

INSS, no más caja chica

Es en este aspecto también plantean un cambio estructural del Instituto de Seguridad Social, para impedir de forma definitiva que se siga utilizando como caja chica de los gobiernos de turno.

En 2008, investigaciones periodísticas de El NUEVO DIARIO revelaron que el INSS desembolsó préstamos millonarios a la firma Tecnosa, de Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista y presidente de Petronic para construir viviendas del proyecto “El Pueblo Presidente”.

En detalle se conoció que el INSS otorgó un préstamo por 190 mil dólares a la firma Tecnosa para construir 24 de las 400 viviendas, y que luego solicitó un segundo préstamo por 1 millón 88 mil dólares para el levantamiento de otras 136 casas.

Desde lo institucional se impulsaría la efectiva descentralización y desconcentración de la gestión gubernamental para fortalecer el municipalismo y la autonomía regional. Sin embargo, este año se denunció un atropello a la autonomía municipal debido a ocho destituciones de autoridades locales.

Las destituciones de alcaldes

Organismos de la sociedad civil y partidos políticos de oposición señalaron al Gobierno de querer controlar todas las esferas de poder del país, pues en cada una de tales destituciones estuvieron presentes personajes afines al Frente Sandinista, como Nelson Artola.

Efectivamente, la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional ya emitió un informe que señala que las defenestraciones fueron ilegales por cuanto no respondieron a las causales establecidas en la Ley de Municipios, Ley 40.

El presidente de esa comisión, el Diputado Agustín Jarquín dijo en el lanzamiento del Manifiesto de la CD, que tanto las destituciones como los nombramientos de los sustitutos hechos por el CSE, “están viciados de nulidad”, por tanto esperamos que la Asamblea apruebe el informe por unanimidad, para crear un precedente que dé estabilidad a las autoridades municipales”, dijo en esa ocasión.

En lo económico y social

El Manifiesto señala que “la política económica del Estado debe estar orientada hacia el crecimiento económico, para lograr un verdadero desarrollo integral y hacer de la sociedad nicaragüense una sociedad más justa y productiva en todos los niveles”.

Para ello prometen impulsar la creación de un Instituto Nacional de Planificación Económica y Social, para que coordinadamente con los ministerios y diferentes dependencias del Estado, y por medio de un equipo multidisciplinario de expertos técnicos nacionales y extranjeros, se brinde la asistencia necesaria para elaborar los planes de crecimiento económico y social del país, en el corto, mediano y largo plazo (…).

Además, propone cambios en todos los sectores de la minería, transporte, redes hídricas, energía, turismo, entre otros.

El coordinador de la CD, Mauricio Mendieta, aseguró que antes de elegir a un candidato presidencial hay que hacer una propuesta de Gobierno, por lo que criticó que muchas agrupaciones políticas estén afanadas por promover o escoger a su candidato.