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Nicaragua es el único país de Centroamérica que cobra por la emisión de la cédula y también el único que rompe con el principio de “igualdad ante la Ley”, manifestó ayer el abogado constitucionalista Cairo Manuel López, en relación a los 300 córdobas que se tienen que pagar por la nueva cédula electrónica.

En Costa Rica actualmente este tipo de cédula se entrega de manera gratuita, tanto el primer documento como cualquier renovación. En el Salvador, Honduras y en Guatemala también es gratuita, pero la reposición tiene un costo.

López explicó que la cédula de Guatemala es la que tiene más información de los ciudadanos, porque incluye datos sobre el color de los ojos, de piel, estatura y peso, y a la vez es la reposición más barata con un costo de 10 dólares.

Gratuidad por ley

El especialista en temas constitucionales ratificó que tanto la Constitución Política como la Ley de Identificación Ciudadana, establecen la gratuidad de la cédula, pero por el contrario, consideró que la realidad es que se está haciendo un negocio con el cobro del documento de identidad.

También explicó que la segmentación de ciudadanos de primera y de segunda categoría que se está creando el acceso al nuevo documento, agudiza las diferencias sociales en un país donde cerca del 70% de la población vive con un dólar al día y donde un 20% vive con dos dólares.

Sólo los diputados pueden pronunciarse

Manifestó que en virtud de lo que indica el artículo 114 y 115 de la Constitución Política, sólo la Asamblea Nacional es la que tiene facultad para pronunciarse sobre el tema, porque son los únicos que pueden aplicar nuevos costos al documento de identidad. Recordó que la última reforma para cobrar la cédula fue en 1995 cuando se aprobó el pago de 50 córdobas por la reposición.

“El cobro roza con la legalidad en el país y con la Constitución, no hay una obligación por parte del ciudadano nicaragüense de pagar esos 300 córdobas”, dijo López.

Suspicacias

Por otra parte, López también considera que no sólo hay una intencionalidad de recaudar dinero, sino que hay un objetivo político porque plantea el tema de que un ciudadano pueda tener dos cédulas.

“Se presta a las suspicacias de que algunas personas pueden emitir un doble voto”, manifestó el ex presidente de la Asamblea Nacional durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).