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El Canciller de la República, Samuel Santos, aseguró que la diferencia con el gobierno de Costa Rica por el dragado que realiza Nicaragua en el río San Juan está resuelto, luego de una reunión que sostuvo con su homólogo en ese país, René Castro.

El Ministro de Relaciones Exteriores del vecino país envió el pasado 12 de julio una nota a Managua, pidiendo detener inmediatamente “cualquier y todo proyecto de dragado del río San Juan hasta que pueda establecerse científicamente que dichos trabajos no dañarán territorio costarricense ni afectarán el nivel de las aguas de los ríos nacionales que se alimentan del río San Juan”.

La exigencia de Costa Rica molestó al presidente Daniel Ortega, quien la calificó de “improcedente”. Sin embargo, Santos dijo ayer que recibió la visita de Castro y que el problema quedó resuelto “con cariño de pueblos hermanos”, pero no quiso dar más detalles sobre el encuentro.

El Canciller insistió en que el dragado del San Juan es un derecho soberano de Nicaragua, que tiene como fin el limpiado del mismo.

Funcionarios deben ser electos en la Asamblea

Santos además defendió el decreto 03-2010—mejor conocido como decretazo—que emitió Ortega el pasado 9 de enero para prorrogar en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos a los cuales ya se les venció su cargo, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral.

Al ser consultado sobre la crisis que vive la CSJ, Santos señaló que ese problema debe ser resuelto desde la Asamblea Nacional, nombrando a los nuevos funcionarios públicos y calificó como una “acción realmente extraordinaria” el mencionado decreto ejecutivo.

Desde el pasado 14 de junio, la CSJ está paralizada, pues ese día se les venció el período a los magistrados del FSLN Rafael Solís y Armengol Cuadra, y los magistrados liberales se niegan a integrar Salas y Corte Plena con la participación de ellos.

Ante esa negación, los magistrados del FSLN encabezados por la presidenta en funciones, Alba Luz Ramos, nombraron a conjueces, cuya función de integrar Corte Plena está contemplada en la Constitución Política, pero sólo ante la ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados.

Fue hasta el pasado miércoles que los magistrados del FSLN lograron su cometido, al instalar a seis conjueces, cuatro oficialistas y dos liberales.