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La crisis institucional generada por el vencimiento de los períodos de 25 funcionarios del Estado, es aprovechada a lo inmediato por el gobierno del presidente Daniel Ortega para mantener en el poder a sus fichas políticas, sin embargo, a lo mediato, a ningún gobierno le conviene un colapso institucional, porque en todo caso esto refleja incapacidad de manejar un Estado.

Es la apreciación que hace el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ (1985-1988), Alejandro Serrano Caldera, quien explica que a lo inmediato, el mandatario Ortega está ganando la partida política para reelegirse en su cargo presidencial, mientras no se nombren nuevos funcionarios en los poderes del Estado, ya que le conviene tener dominadas las instituciones con sus funcionarios simpatizantes, aunque éstos estén caducos.

La ilegitimidad acecha

Sin embargo, a lo mediato, a ningún gobierno le conviene que los procesos de su Estado, que preside y representa, pierdan legalidad y absoluta legitimidad interna y externa, y que a la larga ningún sistema puede estabilizarse ni avanzar con una situación anómala”.

Incapacidad de la Asamblea
Sin embargo, el analista político no sólo le atribuye al Ejecutivo el “caos institucional”.

“Esto denota la incapacidad de la Asamblea Nacional de cumplir con su deber de nombrar a los 25 funcionarios a lo que ya se les venció el período, ese es el origen de esta situación, y todavía, anterior a ésta, está la absoluta incapacidad del sector político nicaragüense de resolver este problema”, explicó Serrano Caldera.

También consideró que la Asamblea Nacional de alguna forma responde al juego de las fuerzas políticas que constituyen las diputaciones y las bancadas.

“Ésta es una crisis de las CSJ, pero también de muchas instituciones del Estado, es una crisis de la Asamblea y es una crisis de los partidos políticos en Nicaragua”, agregó el también filósofo y escritor.