AFP
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La disidencia sandinista demandó este lunes del presidente Daniel Ortega "condiciones mínimas" de confianza y credibilidad para un eventual diálogo nacional como el que promueve su hermano, el general Humberto Ortega, ex jefe del Ejército.

"Cualquier diálogo, para ser efectivo en términos de encontrar solución a los grandes problemas nacionales, debe partir de una base de confianza y credibilidad", declaró el dirigente del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín, a un canal privado de televisión.

Jarquín consideró que pensar que se pueden resolver los problemas sociales y económicos sin solución de los asuntos políticos "es un espejismo".

El presidente Ortega desestimó el 10 de enero convocar a un diálogo nacional ya que a su juicio no ayudaría a resolver los problemas del país y se perdería tiempo en reuniones y discursos.

La iniciativa de establecer un diálogo político es promovida por Humberto Ortega, hermano del presidente y jefe del ejército entre 1979 y 1995, quien urgió crear en el país un clima de gobernabilidad apropiado para la buena marcha del gobierno y la economía.

Ortega desbarató confianza

Jarquín acusó a Ortega de "desbaratar" la confianza y buena voluntad que sectores políticos y sociales le otorgaron después de su triunfo electoral en noviembre de 2006, al adoptar "medidas abusivas y autoritarias", por lo que "es su obligación restablecer esa confianza y credibilidad".

El líder opositor exhortó al gobierno a cesar "campañas de odio e insultos" a través de sus medios de comunicación, y el uso de instituciones del poder judicial, electoral y ejecutivo para "chantajear y reprimir" a sus opositores.

Pide cooperación transparente

También pidió "cancelar" de forma definitiva los intentos de una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial y cambiar el régimen político de presidencial a parlamentario.

El político demandó además que la cooperación venezolana sea transparente e incorporada al presupuesto, y se destine a satisfacer reclamos salariales de sectores de salud, educación y lucha contra la pobreza.

El gobierno se opone a someter al escrutinio del congreso el uso de recursos provenientes del acuerdo petrolero con Venezuela porque alega que se trata de un acuerdo entre dos empresas, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Petróleos de Nicaragua (Petronic).