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La Central Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” dijo que no aprobarán la reforma a la Seguridad Social tal como la presentó el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, durante un programa de televisión.

En esta reforma se estaría proponiendo un incremento en la edad de retiro, la cual, según Roberto López, sería de forma gradual hasta llegar a los 65 años. Al mismo tiempo propone elevar el número de semanas cotizadas de 750 que son actualmente a 1,500 semanas.

Según Luis Barboza, “nosotros siempre hemos rechazado que sobre los trabajadores se carguen lasa reformas. Estamos en contra de que se eleve la edad de retiro, no podemos estar a favor de eso, no podemos estar a favor de aumentar el número de semanas de cotización”.

El dirigente de esta organización afín al gobierno destacó que no van a permitir que se apruebe lo que considera una imposición del Fondo Monetario Internacional. “Creemos que, en primer lugar, somos los nicaragüenses los que debemos decidir sobre la situación del INSS”.

Explica que, por ejemplo, en el caso de la construcción, los trabajos son irregulares “Pensá que un trabajador de la Construcción, cuando hay mucho trabajo, un promedio para que pueda acumular las 750 semanas que exige la legislación actual tiene que trabajar 30 años. Con la reforma tendría que trabajar 60. Ahí sólo que nos convirtamos en mendigos de los semáforos”.

De esta forma advirtió al gobierno que no están dispuestos a apoyarlos con esta reforma. “Ahí veremos si la aceptamos, no vamos a aceptar ninguna imposición, no podemos hacer lo de Shakira, de hacernos los sordos, ciegos y mudos”.

Maestros también rechazan reforma
José Siero, de la Unidad Sindical Magisterial, aseguró que la propuesta de ampliar la jubilación a los 65 años es un atropello derivado de una situación de “mal manejo de fondos, por la cual no tienen que responder los trabajadores” tal como pretende el INSS.

“Nos van obligar a morir en las aulas”, reclamó el sindicalista, argumentando que muchos docentes “están esperanzados en llegar a los 60 años para jubilarse”, sobre todo aquellos que padecen enfermedades crónicas y necesitan de una pensión para garantizarse atención debida.

Siero advirtió que de avanzar este proyecto, el Estado estaría obligando a los docentes a salir a las calles y a protestar por lo que considera un “atentado contra los derechos laborales”.

“Estamos en contra” de la propuesta, declaró el representante de la Unidad Sindical Magisterial, argumentando que “no somos los culpables de que las arcas del INSS estén en quiebra”.

Siero, además, denunció una orientación del Ministerio de Educación dirigida a los delegados departamentales y municipales, que les manda a solicitar a los directores de centros escolares el reporte personalizado del uso del seguro médico de los docentes.

Cree que la medida puede estar asociada a los planes del INSS, pero también advirtió sobre la posible intención del gobierno de crear un sistema de salud único.

“Desorden, falta de transparencia y… “
La propuesta de reforma que propondría el INSS no cambiará en nada la situación de este Instituto, mientras no se establezca un sistema de administración más eficiente y transparente, sostiene el especialista en seguridad social, Jorge Toledo. Afirma que la crisis de esta institución no es el resultado de la actual Administración de gobierno sino que viene desde hace varias décadas.

A través de las diferentes administraciones, el INSS ha sido utilizado como una caja chica, mencionando la anécdota de un ex director de este instituto que se negó a darle a Luis Somoza un cheque por 10 millones de córdobas, lo cual era una enorme cantidad para la época. Al día siguiente amaneció otro director que sí le firmó el cheque.

Ésta ha sido la práctica que incluso prevalece en la actualidad, afirma, ya que con los cambios propuestos “que son profundos”, no se va a resolver el problema, ya que dentro de 10 ó 20 años el INSS estará en la misma situación.

“Hay un problema grave que no es de dinero. Cuando querés solucionar un problema necesitás identificar ese problema y no confudirlo con los hechos existentes o con los resultados de ese problema, y lo que están tratando de arreglar con ese cambio es obtener más dinero para seguirlo gastando incorrectamente”, afirma Toledo.

Toledo es un convencido de que es posible mantener un sistema mixto que garantice un mejor manejo del sistema, tal como lo ha implementado Costa Rica.

Sin embargo, destaca que en el INSS hay un enorme desorden, que incluso no permite conocer cuál es la verdadera situación de la institución. Asegura que, por ejemplo, hay un programa para víctimas de guerra a quienes se les asignan el 2 por ciento de las cotizaciones.

En este grupo hay huérfanos que ya no lo son, madres de caídos que han fallecido, y la tendencia es que este programa vaya desapareciendo, de forma que asegura que cada año el programa tiene un superávit de 80 millones de córdobas, sobre los cuales no se sabe a ciencia cierta el destino, y que podrían servir para ir tapando los hoyos en las finanzas de la institución.

Posponer discusión para después de elecciones
Para el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, la discusión sobre la propuesta del INSS debería ser pospuestas al menos para después de las elecciones nacionales del próximo año, ya que en un entorno preelectoral podría contaminarse políticamente.

“Se ha hablado con los organismos internacionales, y es la mejor y la más sensata de las medidas”, sostiene el legislador.

No obstante, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, sostiene que la propuesta va y será presentada antes de finalizar agosto, para que sea discutida y analizada con los diferentes sectores y expertos del tema.

Según señala, se está buscando cómo mejorar la situación de la institución, garantizando el sistema de pensiones, el cual, a su criterio, debe continuar en manos del Estado.

“Es una discusión sobre cuál es la mejor alternativa. Hasta hoy, en el caso que nos corresponde, hemos apoyado el fortalecimiento de la seguridad social para que sea estatal. Es un Instituto de los trabajadores, de los empleadores. La propuesta ya está terminándose, estábamos en una comisión que se había formado y que elaboró y aprobó la propuesta”, afirmó Rosales vía telefónica a EL NUEVO DIARIO.