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Transcurría 1858, cuando en el municipio caraceño de San Marcos había 305 ciudadanos, pese a que su población era de 2,370; aun así, sólo 15 de ellos tenían derecho a votar para elegir al presidente de la República. Eran los tiempos cuando se estableció que para ser ciudadano se requería poseer al menos 100 córdobas o una propiedad con ese valor.

152 años después, Elba Peralta Rodríguez, de la comunidad El Limón, en el municipio de Siuna, legalmente no existe, y necesita al menos 1,000 córdobas para obtener su cédula y poder ejercer ciudadanía. Estamos en 2010.

El Consejo Supremo Electoral, CSE, anunció la fabricación de las nuevas cédulas de identidad con un valor de 300 córdobas o 14 dólares, de acuerdo con el cambio oficial del Banco Central de Nicaragua. La medida ha despertado protesta de organizaciones civiles y de los partidos opositores, pues el Poder Electoral entrega el modelo de cédula vieja a un valor de 50 córdobas cuando es reposición, y --en teoría-- gratis cuando es por primera vez.

Las nuevas cédulas, de acuerdo con el director de cedulación del CSE, Adonai Jiménez, tienen el precio estipulado por el costo de su fabricación y por la seguridad, que se compara con lo estándares en Centroamérica.

CSE no tiene oficinas de cedulación en los municipios
Como Elba Peralta Rodríguez, Delvin Galeano Salgado ya cumplió la edad para obtener su cédula, él es de la comunidad Luku Cooperna, pero su documento de identidad está a casi un día en bus, pues la oficina del CSE más cercana se encuentra en Bilwi, capital de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN. Aun así, y aunque poseyeran el dinero para movilizarse, no tendrían oportunidad a solicitar las nuevas cédulas, pues el servicio es brindado únicamente en Managua, Ocotal y Carazo.

La situación se agrava, cuando la Secretaría de la Juventud en Siuna, dirigida por Silvia Trujillo y otros jóvenes y líderes comunitarios, sacó un listado de quienes no tienen cédula, y aunque no cubrieron la totalidad de las 220 comunidades, el resultado fue de ocho mil ciudadanos sin el documento de identidad.

100 pesos para ser ciudadano
Hace 152 años, en 1858, quizá miles de nicaragüenses pudieron haber cumplido edad para ser ciudadanos, pero la Constitución se los prohibía. La persona, primero, debía ser varón, luego, ser propietario de algo que superara el valor de los 100 córdobas, o que fuese casado y supiese leer y escribir.

Textualmente, el artículo ocho de esa Constitución estableció: “Son ciudadanos: Los nicaragüenses mayores de veintiún años o de dieciocho que tengan algún grado científico o sean padres de familia, siendo de buena conducta y teniendo una propiedad que no baje de cien pesos o una industria o profesión que al año produzca lo equivalente”, señala esa Carta Magna, la cual, además, obligaba a la ciudadanía a profesar la religión católica.

Si bien en los años posteriores la Constitución de 1893 --que produjo la Revolución Liberal-- extendió el derecho de la ciudadanía a quienes fueran mayores de 18 años, a la vez los restringía a que supiesen leer y escribir. Entonces el universo de votantes volvía a ser minúsculo.

Xiomara Avendaño Rojas, en su texto sobre la historia de las elecciones en Centroamérica, Elecciones directas e indirectas en Nicaragua, reseña cómo la Constitución de ese año y que rigió durante 35, redujo el universo de electores en el sentido estrictamente eleccionario, y también el acceso a ejercer otros derechos que se le otorgaban únicamente al ciudadano. En ese entonces, derechos como portar armas o poder arrestar o ejecutar a una persona sin que ello fuese delito.

Elecciones aparentes son de vieja data
“Para ser coherentes con el discurso, las elites dirigentes debían aparentar que había un sistema electoral en el cual se elegía a los gobernantes. En ese sentido se realizan elecciones”, señala, Avendaño Rojas.

Hoy los derechos del ciudadano son mucho más amplios, y para ello se requiere, según la Constitución, de un documento de identidad: la cédula. Con ella se tiene derecho a hacer transacciones bancarias, a suscribir contratos, a ser testigo, a aspirar a emigrar, a ejercer el voto, a obtener licencia de conducir, y a contraer matrimonio civil, entre otros.

Los contrastes antes eran menos hipócritas
Para la directora del Centro Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, es posible hacer una comparación de la restricción de la Constitución de 1858 con la medida del CSE. Pese a ello, considera que la disposición de hace 152 años es menos hipócrita que las acciones del CSE.

El cobro de 300 córdobas, según ella, es una medida discriminatoria que viola los derechos humanos de los nicaragüenses pobres. Me roba el derecho al voto y a ser electo como cualquier ciudadano.

“Creo que esas disposiciones (de 1858) si bien eran efectivamente discriminatorias y violatorias de derechos humanos, eran menos hipócritas que las medidas que hoy se toman, porque el hecho de que el CSE de la noche a la mañana eleve de manera excesiva el costo de la cédula es una decisión excluyente. Además, considero que es una medida confiscatoria, porque prácticamente te están quitando el dinero que te podés ganar para satisfacer tus necesidades básicas”, señala Núñez.

Discriminaciones severas
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, el diputado José Pallais, considera que las disposiciones del pasado eran medidas discriminatorias por razones económicas, que marginaban a quienes poseían muy pocos recursos. Considera que hoy se reciclan esas prácticas y se irrespeta el principio de igualdad que establece la Constitución.

Para quiénes es gratuito y para quiénes es negado
Señala cómo se entregan los documentos de forma gratuita a trabajadores del Estado y a funcionarios de alto rango por criterios políticos.

“Aquí tenemos una nueva forma de discriminación económica que atenta contra el principio de igualdad. No se respeta que todos somos iguales ante la ley: iguales deberes, derechos y oportunidades. Se da gratuitamente por criterios políticos a unos y se le niega a otros. Es una negación que no es temporal, para muchos pobres es definitiva: alguien que con esta situación de pobreza extrema no puede acceder a esos 300 córdobas”, considera Pallais.

Además, señala que se estaría construyendo un país de parias, en el que los ciudadanos pertenecen a un Estado, pero sin derechos y excluidos socialmente. Sin derecho a una identidad, a hacer trámites, escrituras, o bien, a obtener un título por educación recibida.

La compra del derecho a existir
De acuerdo con Jorge Luis Rocha, del Servicio Jesuita para Migrantes, existen en Nicaragua unos 200,000 ciudadanos que no tienen cédula, y ese es un problema fundamental en el derecho de los nicaragüenses a existir. Considera que el cobro por las cédulas es una forma de comprar la ciudadanía y el reconocimiento estatal.

“Comprás la ciudadanía al menos para ser reconocido, porque estarías anulado frente al Estado. Que no te contraten es una negación a la ciudadanía, virtualmente sos un apátrida si el Estado no te reconoce”, señala Rocha.

Rocha ejemplifica con el derecho de cualquier ciudadano a emigrar, y si el Estado no garantiza documento de identidad, está poniendo obstáculos para ejercer ese derecho.

El Salvador: cédula en media hora
Según Rocha, el argumento del CSE es que el costo es por el trámite rápido, y que tiene que trasladar los costos operativos de un sistema moderno al usuario. Pero señala que en El Salvador, la cédula es gratuita y no se tiene que pagar por agilización de trámites, porque tarda media hora. En cambio, señala que en Nicaragua aun quienes pueden pagar el arancel, tardarían medio día en recibir el documento.

Expresa que el diputado del FSLN, Evertz Cárcamo, explicó en la Asamblea que el trámite no podía masificarse porque no existía información digitalizada
“Entonces, ¿en qué consiste el sistema ultramoderno que se supone es costoso? Lo primero que debe hacer el gobierno es averiguar cómo lo hace El Salvador. Que le cuenten cómo es que logran eso, que no inventen el agua tibia. Ya hay un país centroamericano, subdesarrollado y pobre que lo puede hacer”, señala Rocha.

Rivas se burla, y dice que cobro es voluntario
Por su parte, el experto fiscal, Julio Francisco Báez, denunció al CSE ante la Contraloría General de la República, CGR, por considerar que el cobro es completamente ilegal. El presidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas, respondió que dicho cobro es “voluntario”, que el trámite se mantiene en 50 córdobas, pero si desea algo más expedito puede pagar 250 adicionales.

La doctora Vilma Núñez no descarta que a futuro, como medida de presión, orienten a los bancos que se requiera la cédula nueva para hacer trámites, o bien, a otras instancias estatales.

“Es un mecanismo de presión que no se puede descartar en vista de la voracidad de este gobierno. Son mecanismos que tiene la posibilidad legal de hacer, sobre todo ante la falta de sensibilidad demostrada”, señala Núñez.

La propuesta en la Asamblea Nacional
En la Asamblea Nacional, las bancadas del Movimiento Renovador Sandinista, del Partido Liberal Constitucionalista y la Bancada Democrática introdujeron reformas a la Ley de Identificación Ciudadana, para prohibir el cobro.

“Ellos dicen que no es que cobren, sino que es para dártela rápido, pero todos los nicaragüenses tenemos derecho a la rapidez, no tiene por qué ser eficaz al que tiene recursos y no con el que no tiene recursos”, considera Pallais.