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En vilo y preocupados se mantienen los miembros de la Organización No Gubernamental pro migrante, Centro Presente, ante la ejecución de un nuevo programa de la Policía de Boston y el Gobierno Federal.

El programa denominado “Comunidad Segura” detecta a inmigrantes que hayan cometido cualquier tipo de delito criminal para deportarlos a su país, y así “liberar a la ciudad de personas indeseables”.

Delito es trabajar sin documentos

Para Patricia Monte, directora de “Centro Presente”, el programa no está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado, y al contrario, está sirviendo para deportar a inmigrantes comunes, causando con ello, dolor y sufrimiento en las familias.

“A los que han deportado de Boston nunca han tenido problemas con la ley. El único delito de estas personas es vivir y trabajar en los Estados Unidos sin la documentación apropiada, están criminalizando al inmigrante”, denunció Montes.

Actualmente, dicho programa funciona en 24 estados, incluyendo Massachusetts. Su aplicación se inicia cuando la Policía detiene a cualquier persona que sea sospechosa de ser inmigrante con algún delito cometido.

Una vez que los agentes lo detienen, le toman pruebas de sus huellas digitales, las que son enviadas automáticamente al FBI para investigar el récord criminal. Paralelamente la información de la persona detenida es enviada también al Departamento de Migración (ICE), a fin de que realicen una evaluación de la persona.

Ahí detectan si esta ilegal, o no y en los casos que salen sin un estatus migratorio legal, se gira de inmediato la orden de deportación a su país de origen.

Hay pruebas de su mala aplicación
A pesar de la denuncia de “Centro Presente”, el comisionado Edward F. Davis, declaró a un diario matutino de Boston, que el programa no se aplica de forma general ni discriminadamente, porque existe un acuerdo con el Gobierno Federal de aplicarse exclusivamente para detectar a criminales y no al migrante común.

Sin embargo, Patricia Monte, contradijo lo expresado por el funcionario policial, al asegurar que la organización posee pruebas y documentación de muchos casos donde inmigrantes están enfrentando procesos de deportación porque cuando fueron detenidos con ese programa, se dieron cuenta que no tenían un estatus legal migratorio.