Ary Pantoja
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En los países centroamericanos, las legislaciones en materia migratoria “criminalizan” a los migrantes, incluso a los que van “en tránsito”, revela un estudio presentado por Irene Palma, representante del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, durante la primera reunión del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, Coparem, que tiene lugar en Nicaragua.

“El estudio está focalizado en la población en tránsito, y su intención es buscar elementos de fortalezas y avances que las legislaciones del grupo de Coparem han hecho, pero también identificar aspectos jurídico-legales susceptibles de armonización”, señaló Palma.

Según Palma, esa armonización “debe entenderse” como “apegada a las convenciones y tratados internacionales, de los cuales los países de la región son signatarios en materia de protección de derechos humanos y derechos laborales”.

Las leyes internas

Además, dijo, deben modificarse las leyes internas de cada país, sobre todo las disposiciones que contengan preceptos o nociones que “pudieran estar criminalizando a las poblaciones migrantes en tránsito o en movimiento dentro de la misma región”.

Palma señaló que en todos los países centroamericanos han detectado aspectos legales que, de una u otra forma, “criminalizan” al migrante.

“Hay algunos vacíos (jurídicos) –en unos más, en otros menos-, que permiten la arbitrariedad o el abuso sobre las poblaciones migrantes”, dijo, en alusión a las autoridades migratorias de cada país.

Según la funcionaria, esas arbitrariedades se dan “por defectos u omisión (en las leyes), por el hecho de no percibir el delito de violación de derechos humanos y no definirse con claridad las sanciones que deben aplicarse sobre los victimarios”. Éstos, dijo, son temas que deben ser tratados de manera regional.

Medidas acordadas

Algunas de las medidas acordadas durante el evento de dos días incluye recomendar al poder Legislativo de cada uno de los países centroamericanos miembros de Coparem, crear Comisiones de Atención al Migrante, con carácter permanente.

A los poderes Ejecutivos recomiendan la creación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, -o en su defecto Secretaría-, de un Viceministerio para migrantes.