Leoncio Vanegas
  •   TEGUCIGALPA, HONDURAS  |
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Nicolás Asfura, de 42 años, fue encontrado asesinado en su casa, el 18 de febrero de 2010, atado de manos y pies dentro de la bañera de su apartamento en esta capital. Llevaba algún tiempo trabajando en la construcción, después de abandonar el periodismo porque creyó estar más a salvo fuera de su vocación profesional.

Su muerte despuntó la mayor escalada sangrienta, nunca antes ocurrida en este país centroamericano contra los periodistas. A él se agregaron seis asesinatos, registrados solamente en marzo, calificado como el “mes negro” de 2010 para el ejercicio periodístico y para la libertad de prensa y expresión en Honduras.

El 25 de agosto de 2010, Israel Zelaya Díaz, de 62 años, fue encontrado asesinado en una plantación de caña, en las cercanías de Villanueva, 200 kilómetros al norte de la capital. Tenía tres balazos en la cabeza. Las autoridades presumen que lo secuestraron en la ciudad de San Pedro Sula y luego lo llevaron en un taxi al lugar donde lo ultimaron.

¿Quién sigue?

Con Zelaya Díaz, la lista de comunicadores asesinados se amplió a la tenebrosa cifra de diez comunicadores asesinados, en diferentes partes del país y en circunstancias casi similares. Y la pregunta sobre quién será el siguiente, inquieta a la comunidad de periodistas. Las amenazas son incesantes, llamadas y mensajes anónimos suenan en sus teléfonos celulares.

Durante el truncado período del presidente Manuel Zelaya Rosales, al menos cuatro comunicadores perecieron, y la situación empeoró después del golpe de Estado. Y era obvio que la inseguridad para los periodistas de este país se incrementara con la asunción del gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti.

Investigar es peligroso

Gabriel Fino Noriega, de 42 años, se registró como la primera víctima en el contexto de la violencia política que envolvió al pueblo hondureño, después de la salida de Zelaya. Tal como iba a ser la costumbre en las ejecuciones posteriores, un sicario lo esperó para ultimarlo a la salida de Radio Estelar, después de cumplir con su labor informativa.

La mayor parte de los comunicadores asesinados investigaban o informaban sobre la delincuencia, crimen organizado, narcotráfico o corrupción en entidades públicas. A todo esto se sumó su carácter independiente o estrictamente profesional para informar sobre los acontecimientos políticos que derivaron del golpe de Estado, como violación a los derechos humanos.

Atentados, amenazas, vigilancia…

A los abominables crímenes, precedió un caldo de atentados, amenazas, vigilancia, arrestos, procesos penales, y en el menor de los casos, despidos o cancelación de espacios radiales y televisivos, formas intimidatorias que continúan vigentes.

Los periodistas hondureños prefieren la autocensura o el desempleo que a ser blanco de sicarios del crimen organizado o de las esferas del poder político-militar, elementos que operan bajo un manto de impunidad, porque hasta la fecha ninguno ha sido esclarecido. El silencio impone más miedo, por eso, se ha ocultado su identidad.

“Es obvio. Trabajo en una universidad privada, y en mis clases, no abordo el tema del golpe de Estado. Lo evito, de lo contrario, si los docentes o administradores se dan cuenta, entonces me dirán que me estoy saliendo del tema. Entonces me autocensuro”, explicó “Mirna” una periodista que después del acoso dejó la Redacción en un diario escrito que apoyó el golpe de Estado contra Zelaya Rosales.

Colegio pasivo

En los grandes medios de comunicación, acusados de plegarse a los sectores golpistas, sea radio, televisión o prensa escrita, a los periodistas les está vedado insertar en los escritos la frase de “golpe de Estado”. Los propietarios de los grandes medios prefieren el comodín de “sucesión constitucional”.

“Omar”, es otro de los periodistas despedidos de una de las grandes cadenas radiodifusoras porque en sus reportes incluía las voces de la población que exigían una constituyente o denunciaba violaciones a los derechos humanos por parte de los militares. También resiente la falta de beligerancia del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH.

“La recomendación que dijo (CPH) es que los periodistas deberíamos ser más prudentes y callarnos de alguna manera para evitar problemas. Ese fue el consejo que se le dio a la prensa en general cuando se celebró el Día del Periodista, rodeados de militares”, recordó.

“Mirna” dice que las autoridades y medios progolpistas “lavan sus manos” con la afirmación que las muertes de periodistas son crímenes comunes, asaltos, asesinatos, de actos de venganza, de cualquier cosa que pasa. “No podemos descubrir si fue un militar, un policía, un paramilitar o si realmente fue un delincuente común”, añade.

Como si fuera poco

Otro elemento de la criminalidad que reina en este país, son las maras o pandillas. “Mirna” afirma que este fenómeno ha mutado. “Ya los muchachitos no andan marcados con tatuaje, no visten con pantalones choles. Ahora están al servicio del crimen organizado”, indicó.

Estelas del gobierno de facto

“Jilma”, otras de las comunicadoras desempleadas, agregó que el acoso que sufren los periodistas incluye el chantaje económico para presionarlos a abandonar el medio de comunicación donde han trabajado, después que son calificados como indeseables o estigmatizados como zelayistas. “Las radios grandes, por ejemplo, duplicaron el valor de los espacios, de 30 mil a 60 mil lempiras, unos 3 mil 170 dólares.

“Omar” comenta que la persecución, las amenazas, secuestros, son situaciones que están latentes para los periodistas en Honduras. “y sobre todo la autocensura a la que nos vemos obligados; muchos colegas lo hacen, porque de lo contrario los despiden, pierden todo y es una agresión a la libertad de expresión”, señaló.

El temor acrecienta porque todavía sigue vigente un decreto promulgado por el gobierno de facto que censura la información y faculta a los militares a cerrar cualquier medio de comunicación que contradiga la versión oficial sobre “la paz y democracia”.

“Mirna” dijo que los periodistas que siguen de cerca las demandas ciudadanas sobre una constituyente en el país, son tildados de chavistas, castristas u orteguistas (de Nicaragua).