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  • AFP

El Congreso de Nicaragua aprobó una nueva ley de contrataciones públicas para modernizar y flexibilizar las compras estatales, que demandaba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para liberar a este país un préstamo por 42,5 millones de dólares.

La "Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público" fue promovida por el gobierno de Daniel Ortega en febrero del 2008 con el propósito de "modernizar el sistema de contrataciones públicas" y los procedimientos de control, afirmó el presidente de la Comisión Económica, el diputado Wálmaro Gutiérrez.

La iniciativa contó con el voto de la mayoría de los 92 diputados nicaragüenses, tanto del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), como de las bancadas de oposición.

El proyecto establece que el Estado podrá contratar bienes y servicios mediante licitaciones que serán supervisadas por la Contraloría (oficina de fiscalización), o a través de contrataciones "directas" o "compras simplificadas" que serán administradas por el gobierno. También se adoptó una nueva modalidad de compra, llamada "convenio marco" para garantizar sin retrasos papelerías y artículos de oficina en las instituciones.

La ley beneficia a las instituciones del gobierno central, las alcaldías municipales y entes autónomos del Estado, que invierte alrededor de 600 millones de dólares al año en la compra de bienes y servicios para garantizar su funcionamiento, explicó en los debates el diputado liberal Ramón González. Permitirá, además, a las medianas y pequeñas empresas participar en los procesos de licitaciones públicas, junto a las de gran capital, bajo determinados parámetros, como pago de depósitos de garantía.

Contempla procedimientos de mediación y arbitraje en caso de conflictos, y sanciones administrativas y penales a los funcionarios que violen la ley, que busca poner fin a las compras "excepcionales" que realizaba el gobierno para evitar la burocracia y agilizar los contratos.

La iniciativa fue respaldada por las principales cámaras empresariales del país.