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Con la ausencia de los diputados de las bancadas del PLC, MRS y BDN, y con el voto favorable de 51 legisladores presentes en el hemiciclo legislativo, el Frente Sandinista y sus aliados ocasionales aprobaron ayer la cuestionada Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Miriam Argüello no votó pero sí lo hicieron Alejandro Bolaños Davis y Alfredo Gómez.

Previo a la discusión y aprobación de la ley, el diputado del PLC y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro Moreira, denunció la existencia de varias mociones que presentarían los diputados oficialistas para aprobar la ley, sin embargo, dijo que esas mociones no las consensuaron los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, por lo que pidió retrasar la discusión de la ley al menos 48 horas para analizar las propuestas modificatorias.

Después de responsabilizar al Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, por apoyar una ley “poco transparente”, Navarro se retiró de la sesión y con él, el resto de diputados de su partido.

Amcham lamenta premura de diputados

Mientras tanto, el gerente general de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense, Amcham, Avil Ramírez, mostró su pesar por la premura con que los diputados oficialistas aprobaron la ley; además, deploró que no se hayan tomado en cuenta 36 mociones hechas por Amcham como aportes a la ley.

Algunas de esas mociones, dijo Ramírez, iban encaminadas a garantizar la transparencia en las contrataciones, como el hecho que de todos los proveedores del Estado estuviesen debidamente registrados “para evitar las empresas de maletín”.

Miriam Argüello reacciona

La diputada conservadora, miembro de la Convergencia Nacional y aliada del Frente Sandinista, Miriam Argüello Morales, reclamó a la Junta Directiva del Parlamento nunca haberle respondido ninguna de las tres cartas que le remitió, exigiendo una explicación acerca de las razones que tuvieron para retirar de la Comisión de Probidad y Transparencia –la cual preside Argüello-, la iniciativa de Ley de Contrataciones y trasladarla a la Comisión Económica.

Argüello recordó que esa maniobra fue realizada durante una prolongada ausencia a sus labores legislativas a causa de una enfermedad que la afectó.

“Este proyecto (de ley) se envió originalmente a la Comisión de Probidad y Transparencia y momentos después se cambió el rumbo para enviarlo a la Comisión Económica; si yo hubiera estado presente en ese momento, hubiera hecho mi observación al respecto”, expresó la legisladora.

Además, Argüello recordó que el artículo 36, inciso 3, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley 606, establece que una de “las competencias de la Comisión de Probidad y Transparencia es dictaminar leyes relacionadas con el seguimiento, control, fiscalización y sanción en el uso de los bienes del Estado”.

“Dada esa circunstancia envié una carta a la directiva de la Asamblea reclamando el dictamen y pidiendo se nos mandara a la Comisión de Probidad, adjuntándole lo ya trabajado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Fueron tres cartas las que enviamos y no obtuvimos contestación…”, dijo Argüello.