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El “formulario de intención de participación” en las elecciones nacionales de 2011 presentado con carácter obligatorio por parte del Consejo Supremo Electoral, CSE, durante su ilegal convocatoria, no es más que una trampa para presionar a los partidos y un invento para tratar de apresurar el reconocimiento a unos funcionarios por demás ilegítimos, según se desprende de la entrevista con Harry Chávez, experto en asuntos electorales del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade.

“Los magistrados convocan a elecciones como para decir que ‘nosotros somos los imprescindibles’, pero eso no es así”, señala Chávez, quien además representa al Ipade dentro del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE.


¿Qué opinión tiene de la convocatoria del Consejo Supremo Electoral, considerando que la hicieron magistrados cuyos plazos en el cargo ya vencieron?
En el Grupo Promotor ya esperábamos que este Consejo Electoral hiciera la convocatoria, en el sentido de que es una medida de los magistrados para tratar de mantenerse en la posición en que están, pese a toda la demanda de que ellos no deberían estar ahí. Y no es un asunto sólo de que se les venció el período, sino también de cómo han administrado los procesos electorales.

¿Qué es lo que más preocupa de esta situación de cara a las elecciones del próximo año?
Es inconcebible, por ejemplo, no han querido resolver el problema de la cedulación, la forma discrecional en que manejan asuntos de la Ley Electoral; la manera en que prestan oídos sordos a las demandas de la población en cuanto a la transparencia y los resultados electorales.

Repito, no es un asunto sólo de que ya se les venció el período, sino de que si aquí hubiera una ley de destitución de magistrados y se establecieran las causales para destituirlos, ellos ya deberían estar destituidos desde antes que se les venciera el período. No han cumplido con su responsabilidad y han tomado posiciones a favor de un partido, y no lo decimos nosotros, sino sus mismas actuaciones y hechos.

Ya esperábamos esta convocatoria de parte de estos magistrados como para decir ‘nosotros somos los imprescindibles’, pero eso no es así.

¿Ustedes consideran legal y legítima esta convocatoria a elecciones?
No, en el sentido de que el problema de que son magistrados que ya se les venció su período y que la Constitución Política establece cómo son nombrados los magistrados --los nombra la Asamblea Nacional--, y que están ahí por un decreto ejecutivo, indistintamente de los argumentos legales, pues ya sabemos que el fondo de ésta es que hay una política de imposición en el nombramiento.

Si no es legal ni legítima esta convocatoria a elecciones, ¿por qué participar como observadores en el proceso eleccionario del próximo año?
Porque no hay que olvidar algo, y es que los partidos políticos van a participar. Los partidos se encuentran en una encrucijada, primero porque realmente están convencidos de que van a participar aunque sea de esta manera, y otros por temor a perder su personalidad jurídica.

En las elecciones regionales de la Costa Caribe (enero, 2010) se estaba dando la misma situación, y recién pasada la experiencia de las municipales de 2008, y los partidos se pusieron a exigir lo mínimo y fueron a las elecciones. Así que es mejor, desde el punto de vista de la observación electoral, ver qué pasa, porque tampoco vas dejar los espacios y después que salgan (los magistrados) diciendo que las elecciones fueron limpias y transparentes, porque participaron tantos partidos, pero sabemos que hay partidos de se van a prestar al juego.

Debemos constatar lo que realmente pase en las elecciones.

¿Qué garantías hay de que estas elecciones sean limpias y transparentes cuando la misma convocatoria es ilegal?
Hay pocas garantías, por eso es importante destrabar lo de los nombramientos de los magistrados.

Pero eso no resuelve el problema, sobre todo porque se está hablando de un amarre PLC-FSLN para reelegir a los actuales magistrados.
No sé si va a haber reelección, pero por lo menos el PLC se ha comprometido en su posición oficial ante la sociedad a nombrar magistrados con el fin de que haya elecciones limpias y transparentes, e incluso que haya observación y se resuelvan los problemas que hay como la cedulación…

¿Confían ustedes en esa posición del PLC?
No. No confiamos ciegamente, pero hay que demandarle a este partido que sea consecuente y que nos diga cómo va a resolver el problema de la cedulación, y desde el Grupo Promotor le vamos a llevar una propuesta al PLC y a todos los partidos que tanto hablan de la cedulación, para resolver ese problema.

Hablabas antes de algunos partidos que se van a prestar al juego electoral. ¿Creen ustedes que hay partidos políticos que se están prestando al juego del gobierno y lo hacen para no perder su personalidad jurídica?
El papel de los partidos es llegar al poder, ellos aspiran a tomar o participar de manera beligerante en el poder. No niego que haya partidos que tienen la esperanza de buscar cómo cambiar el sistema de cuotas, que están buscando alianzas… Lo que les podría criticar a los partidos es su papel, en el sentido de que sean más beligerantes en sus demandas, sobre todo las que tienen que ver con tener elecciones limpias.

Por ejemplo, es inconcebible que los partidos hayan permitido que se metiera el gol a la ciudadanía del cobro de los 300 córdobas por cédula, pero sólo están hablando de que la cédula deber gratis, y se están olvidando de que aquí debería estar funcionando una Comisión Nacional de Cedulación, que decide qué cedula sale; y que esa comisión nacional debe estar integrada por representantes de los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional.


Insisto, ¿no es contradictorio que los partidos políticos digan que los magistrados son ilegales y acaten una convocatoria ilegal a elecciones nacionales? ¿Cómo ven esta situación en su calidad de organismos observadores?
Tendríamos que separar lo del proceso electoral y la última innovación del Consejo Supremo Electoral, el llamado formulario de intención de participación, eso no está en ninguna parte de la Ley Electoral. Los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones, lo único que la Ley Electoral dice es que para presentar candidatos los partidos políticos, en una elección nacional, deben haber obtenido su personalidad jurídica un año antes.

No establece nada la Ley Electoral de que los partidos políticos deben con tanta anticipación acatar la convocatoria, o sea, ese formato no lo deberían llenar los partidos políticos, y el CSE no va a tener ninguna autoridad ni respaldo legal para decir que un partido político no va a participar en las elecciones.

Es decir, los partidos políticos tienen su personalidad jurídica, y en los plazos que establezca (el calendario electoral), ellos cumplen con todos lo pasos, no tienen por qué ser excluidos de participar en las elecciones y perder su personalidad jurídica.

¿Qué creen que pretende el CSE con este formulario?

Por la vía de la presión a los partidos políticos que se traguen esto, respaldar a los magistrados y hacer creer que si no presentan ese formulario expresando su voluntad de participar en las elecciones, van a perder su personalidad jurídica, allá los que lo crean, porque no va a ser así.

Los magistrados pretenden, por medio de esta presión, dar la imagen de que las elecciones van, y que al presentar los partidos el formulario, se va a avalar el proceso electoral con este Consejo Supremo Electoral. Es tanto el cuestionamiento a su gestión, que los magistrados quieren salir con un respaldo.

¿Este formulario es un mecanismo de legitimación?

De legitimación y de presión, pero que no tiene ningún respaldo jurídico, porque la Ley Electoral dice que pierden su personalidad jurídica los partidos que no participan en un proceso electoral, pero no dice que un año antes debe manifestar su voluntad de participar, y esto cae en las discrecionalidades que hace el Consejo Supremo.

¿Qué otras discrecionalidades han detectado?

En este momento está comenzando el proceso electoral. La convocatoria está bien, generalmente se hace un año antes, aunque algunas veces la han hecho siete meses antes; pero no hay problema porque la Ley Electoral no lo establece. Veremos el calendario, pero antes del calendario, el Grupo Promotor ya hecho varias demandas en torno a varias cosas que no andan bien.

Garantías mínimas para el proceso electoral

Demandas del Grupo Promotor de las Reformas Electorales

En vista de la negativa de los partidos que hacen mayoría en la Asamblea Nacional para hacer reformas básicas a la Ley Electoral para contar con un sistema electoral con autonomía, inclusivo y que no dé lugar a discrecionalidades, y ante la necesidad de contar con garantías mínimas en las elecciones nacionales 2011 proponemos que el CSE y los partidos políticos se comprometan a:

1.- Acreditar la observación electoral, dando las facilidades que le permitan observar todo el proceso electoral, que incluye las actividades previas al día de la votación, el día de la votación y las actividades en los Centros de Cómputos.

2.- Establecer como fecha límite para la inscripción de alianzas al menos ocho meses antes del día de la votación.

3.- Establecer como fecha para la inscripción de candidatos de los partidos y alianzas seis meses antes del día de la votación.

4.- Establecer como fecha límite seis meses antes del día de votación como fecha límite en la que ya no puede iniciarse procesos de suspensión o cancelación de personalidad jurídica de partidos.

5.- Divulgar el total de los resultados parciales (en el término de 72 horas después de la votación), provisionales y finales. Establecer el tipo de información que debe brindarse (votos depositados, votos nulos, votos válidos y votos válidos por organización política) y que en todos los casos los resultados deben estar detallados hasta el nivel de JRV. Establecer también la obligación de informar sobre los Recursos interpuestos y la forma en que se resolvieron.

6.- Publicar para consulta con los partidos políticos y con suficiente antelación la Normativa Recursos; la de Campaña Electoral y la de Financiamiento Electoral.

7.- Realizar de forma obligatoria el proceso de verificación ciudadana masiva cinco meses antes de la elección, con suficiente orientación a la ciudadanía, la obligación de dar a conocer los resultados de este proceso especificando cantidad de ciudadanos verificados y cantidad y nombre de ciudadanos que solicitaron cambios de domicilio y entrega en archivos electrónicos a los partidos políticos y la observación electoral de los listados y datos de personas que solicitaron cambios de domicilio.

8.- Incluir en el padrón preliminar que se expone a la ciudadanía 90 días antes, los cambios de la verificación ciudadana.

9.- Reforzar el derecho de los fiscales estableciendo que no se les podrá impedir su ingreso a las sesiones de los Consejos Electorales bajo ninguna circunstancia, y explicando que es a los Consejos Electorales a los que corresponde hacer el nombramiento del personal técnico o auxiliar.”