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El director ejecutivo del Instituto para la Democracia y el Desarrollo, Ipade, Mauricio Zúñiga alertó sobre varios aspectos que ponen en riesgo la transparencia del proceso electoral, que culminará con las votaciones nacionales en noviembre del próximo año.

“Queremos que haya madurez política y reflexión alrededor de temas que pueden desembocar en una situación de gobernabilidad, transparencia y legitimidad, o en una falta de legitimidad y de consenso en la sociedad, de mayor polarización ideológica y de irrespeto a la Constitución y a las leyes”, expresó Zúñiga.

Advirtió que, al ser la Ley Electoral una norma de rango constitucional, el Consejo Supremo Electoral, CSE, está violando la Constitución Política, al no establecer en el calendario electoral la acreditación de la observación nacional e internacional, y poner en vez de ello la figura de “acompañamiento electoral”.

“Esto altera las reglas del juego de una sociedad para la competencia electoral, y limita una de las condiciones que en cualquier elección democrática existe como garantía de que los votos serán bien contados, como es la observación electoral acreditada que existió hasta hace dos años”, señaló.

¿Y la normativa de impugnaciones?

Zúñiga indicó que el calendario electoral tampoco contempla la publicación de la normativa para las impugnaciones y para el proceder de los fiscales en las Juntas Receptores de Votos, JRV, lo cual calificó como “grave”, porque, igual que en los comicios municipales de 2008 y en los regionales de este año, el CSE está dejando en manos de los Consejos Electorales Departamentales, CED, la resolución de las impugnaciones, siendo que, según la Ley Electoral no les compete.

“En 2008 y 2010 un montón de actas que salieron limpias de las JRV, al llegar a los CED fueron impugnadas, y en base a eso se anularon miles de votos. Hay un mecanismo que permite que los partidos y los fiscales maten a discreción los votos de los electores, y que los CED y los CER (Consejos Electorales Regionales) decidan si tu Recurso de Apelación a una resolución es aceptado o no”, explicó.

Zúñiga agregó que, “al no asumir el CSE su labor de máximo tribunal para dirimir de forma imparcial sobre ‘lo tuyo y lo mío’, y cederle la aplicación de la jurisdicción electoral a los CED, está permitiendo que las arbitrariedades que se cometieron en 2008 y 2010 continúen”.

Zúñiga recordó que “los CED están conformados por cuotas de los partidos mayoritarios del país, pero no siempre estas cuotas han sido proporcionalmente equilibradas, sino que han permitido siempre el dominio de un partido u otro”.

Verificación “comprometida”

Zúñiga expresó preocupación por la verificación ciudadana masiva, pues considera que el tiempo que el CSE está dando para ello está comprometido con la capacidad técnica de este poder del Estado.

“Históricamente, cuando se hace una verificación ciudadana masiva que es donde la gente reporta cambios de domicilio, el Consejo tiene un período para poder publicar el padrón actualizado, pero en la práctica nunca le da tiempo de hacerlo, y entonces el padrón que aparece en los centros de votación no aparecen los cambios de domicilio, pero sí en los padrones de mesa, entonces sucede lo que conocemos como ratón loco”, detalló el experto.