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Familias del municipio de El Rama, denunciaron que han estado huyendo de la persecución del diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Sacasa Urcuyo, señalado en múltiples ocasiones de acosar a 82 familias para quitarles sus fincas ubicadas en la comarca de Caño Negro, Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS.

El 9 de noviembre, una comisión integrada por la Policía Nacional, Procuraduría General de la República y los Derechos Humanos, constató las afectaciones y se encontró siete casas destruidas con motosierras, una de ellas totalmente quemada, actos cometidos por hombres armados que habitan en la comunidad de Presillas, que son peones del diputado Francisco Sacasa y su esposa, quienes también usan escopetas para intimidar a los campesinos de Caño Negro.

Título de Sacasa es inválido
Según el comisionado Ricardo Bonilla, la Policía identificó a 10 hombres involucrados en la destrucción de las viviendas, e incautó 10 machetes y está en la búsqueda de las motosierras usadas en la destrucción de viviendas.

Denis Báez Sevilla, de la Procuraduría General de la República dijo que el título de propiedad que tiene el diputado es ilegal, porque lo adquirió a la edad de 13 años en 1967, cuando un miembro de la Guardia Nacional se lo entregó en carácter de donación y luego se protocoliza el documento por un abogado y ex miembro de la Guardia, Francisco de la Rocha.

Báez señaló que la ilegalidad data desde esa época, en que el somocismo distribuía grandes extensiones de tierra, y fue así que a Sacasa le dieron 3,500 manzanas, de las que ahora el diputado entrega 3 mil a su hija, Francisca Sacasa Merino y 500 a su esposa, Margarita Merino, de origen salvadoreño.

Hace unos días, Sacasa afirmó que él y su esposa son dueños legítimos de esas tierras, y que en su caso las adquirió por la Reforma Agraria en tiempos de Somoza, también negó tener hombres armados a su servicio.

El diputado liberal es señalado por los campesinos de Caño Negro de “chantajista y extorsionador”.

“A veces ofrece dinero y una parcela de 20 manzanas al que le entregue sus títulos de propiedad y posesión, pero en otros casos ha exigido altas sumas de dinero para no seguirlos acosando con la advertencia de echarlos presos si no satisfacen sus caprichos”, denunció Modesto Suárez.

Jorge Solórzano, quien en una ocasión representó a los campesinos afectados, dijo que desde el 2008 varias familias integradas por mujeres, ancianos y niños abandonaron sus viviendas para escapar de la persecución judicial, fiscal y policial, promovida por el diputado Sacasa y su esposa Margarita, pero que ahora que algunos de esos campesinos volvieron y los que se negaron a salir, están empecinados en permanecer en sus territorios.

El funcionario de la PGR, Denis Báez Sevilla, dijo que el lunes 15 de noviembre la comisión realizará mediciones de tierras para reubicar a las familias demandantes y perjudicadas por la familia del terrateniente liberal.