Ary Pantoja
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Por más que la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, reniegue del pacto con el Frente Sandinista, los hechos demuestran que contrario a una ruptura, hay una reafirmación intrínseca de ese amarre político. El 28 de octubre pasado el Consejo Supremo Electoral, CSE, encabezado por el presidente de facto Roberto Rivas y demás magistrados inconstitucionalmente posesionados de sus cargos, convocó a elecciones nacionales el próximo año.

Ese mismo día, el vocero del PLC, Leonel Teller Sánchez llamó a una conferencia de prensa, en la que protestó hasta la saciedad contra la convocatoria tachándola de ilegal e inconstitucional; sin embargo, a punta de insistencia de los periodistas, Teller terminó admitiendo que su partido acataría esa ilegalidad, además, que participarían en los comicios “bajo protesta”.

El CSE dio nueve días para que los partidos políticos expresaran por escrito su intención de participar en los comicios. Extendió un formulario de “intención de participación, algo que no está en la Ley Electoral ni en reglamento alguno de la materia.

El sábado 6 de noviembre todos los partidos, incluyendo al PLC, acudieron a la sede del CSE para dejar constancia de su participación y entregaron el famoso formulario.

El lunes 15 de noviembre, el contralor colegiado liberal, Lino Hernández Trigueros, junto a su suplente, Francisco Palma y el magistrado liberal ante la Corte Suprema de Justicia, José Dámicis Sirias anunciaron y ejecutaron su retorno a los cargos, pese a que sus períodos ya han vencido. Ambos se ampararon en el famoso “Gacetazo”.

Arnoldo Alemán Lacayo, presidente honorario del PLC, se lavó las manos una vez más, y dijo que el regreso de ambos funcionarios es una decisión personal y no una orden partidaria. Ninguno de los diputados del PLC, excepto José Pallais Arana ha criticado o atacado a Sirias ni a Hernández Trigueros; algo que tampoco ocurrió con el magistrado liberal electoral Luis Benavides Romero cuando también regresó.

Hace dos días, el primer secretario de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro Moreira desde su oficina parlamentaria oficializó el Estado de facto, al señalar que este año ya no habrá elección de los 25 funcionarios, cuyos períodos vencieron en 2010, los cuales incluye a todos los magistrados del CSE; cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro contralores colegiados, al procurador y subprocurador de Derechos Humanos, y al Superintendente de Bancos.

Además, Navarro no se opuso --cuando le consultaron--, a que la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional sea reelecta tal como está, es decir, René Núñez Téllez en la Presidencia; Wilfredo Navarro en la Primera Secretaría; Oscar Moncada Reyes, también liberal, en la Primera Vicepresidencia; Alba Palacios Benavides (FSLN), en la Segunda Secretaría; Carlos García Bonilla, de ALN, en la Segunda Vicepresidencia; Alejandro Ruiz Jirón, conservador de ALN, en la Tercera Secretaría; y el aliado del FSLN, Juan Ramón Jiménez, en la Tercera Vicepresidencia. Así las cosas, el FSLN continuará, con el apoyo del PLC controlando la Asamblea Nacional en un año electoral. Un complacido jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro acogió rápidamente la propuesta.