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La figura de “acompañante electoral” y la invención de coordinadores que encabecen las estructuras locales del Consejo Supremo Electoral, CSE, son sólo los primeros procedimientos para cambiar el sistema electoral, porque aún faltan más ilegalidades que ver en el proceso hasta llegar al día de las elecciones, según la opinión de Harry Chávez, coordinador del Programa Electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE.

El experto en temas electorales considera que el caso de los coordinadores es la situación más compleja, porque se está imponiendo otra autoridad sobre la que ya está politizada, dado que esos funcionarios se eligen de acuerdo a los partidos ganadores del primero y segundo lugar en las elecciones. “Imagínense ahora nombrados directamente de acuerdo a sus intereses”, señaló.

Chávez advirtió que “hay que esperar otras cosas más”. “No sólo es el asunto de la observación electoral, sino de la verificación ciudadana… que va a salir mal, si no la anuncian con tiempo”, explicando a la vez que con el tiempo establecido de 15 días para verificación domiciliar, no se logrará actualizar el Padrón Electoral.

Adiós a la observación

Harry Chávez expresó que la figura de acompañante es un argumento de los magistrados de facto del CSE para quitarse de encima la observación, aunque representantes del IPADE participarán como observadores en las elecciones de noviembre 2011 aunque les nieguen la acreditación.

Explicó que el IPADE de ninguna manera aceptaría participar en las elecciones bajo el concepto de “acompañantes”, porque lo que implica ese término es “no hablar, no informar de lo que se vea o sólo informarle a ellos, ¿y a cuenta de qué vamos hacer eso?”, cuestionó.

El experto en temas electorales ofreció las declaraciones en el encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil, denominado “Por unas elecciones libre y transparentes 2011”.

Demandas de la propuesta

Una de las propuestas del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE, al que pertenece Chávez en representación del Ipade, es nombrar a lo inmediato nuevos magistrados del CSE, mediante un proceso público de selección.

Este punto incluye que se respeten los criterios establecidos en la Constitución Política, específicamente lo relacionado a la no elección de personas que ocupen cargos de elección popular.

Otras demandas son la acreditación de la observación electoral; la obligatoriedad de realizar el proceso de verificación ciudadana masiva cinco meses antes de la elección; exponer a la ciudadanía el padrón preliminar 90 días antes, y que lleve incluido los cambios de la verificación.

Los miembros del GPRE, también exigen solucionar inmediatamente el problema de la cedulación y que se garantice ese derecho a todos los ciudadanos. Hicieron un llamado a los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional, para que integren la Comisión Nacional de Cedulación.

Fustigan cedulación orteguista

Al encuentro de organizaciones de la sociedad civil asistieron 179 representaciones de todo el país que respaldan la propuesta de reformas a la Ley Electoral, y llamaron la atención sobre la ilegalidad y arbitrariedades del CSE, principalmente por la entrega partirizada de la cédula de identidad a favor de los militantes del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.

La representante de la Fundación de Mujeres Médicas, Cecilia Trinidad, manifestó que se está planificando un fraude electoral con alevosía y ventaja, en alusión a que la cédula es entregada sólo a los simpatizantes orteguistas, pero también criticó que esto se hace “a la vista y paciencia de los partidos políticos que se dicen opositores”.

En ese sentido, Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH dijo que hay que exigir al Ministerio Público una acción penal contra los magistrados del CSE y si esa institución no lo hace, quedará en evidencia que todas las instituciones y los poderes del Estado están confabulados con el partido de gobierno.

Partidos políticos no actúan

Por su parte, Irving Dávila, miembro de la Coordinadora Civil también fustigó a los partidos políticos opositores, porque no han podido frenar la “injusta” entrega cédulas.

Dávila explicó que los partidos han marcado distancia de la sociedad civil, a la cual también acusan de ser partidos políticos, para no rendir cuentas a la ciudadanía. “La sociedad civil no somos enemigos del gobierno, no somos enemigos de los partidos políticos”, afirmó Dávila.

En ese sentido, la presidenta del Movimiento Por Nicaragua, Violeta Granera, minimizó el actuar de los partidos y dijo que “sólo el pueblo salva al pueblo”.