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El 28 de marzo de 1971 los nicaragüenses fueron testigos del pacto entre políticos conservadores y  liberales somocistas en lo que se conoció como el Kupia Kumi. Más  allá de los alcances de aquel pacto, en correspondencia con nuestros tiempos, el Presidente de la República en ese entonces, Anastasio Somoza Debayle, consiguió un compás de espera y su continuidad en el poder. La Constitución que regía ese año también prohibía claramente la reelección presidencial.

La Constitución actual establece en su artículo 147 la prohibición a la reelección presidencial continua. Aún así, el presidente Daniel Ortega Saavedra insiste en su postulación para la elecciones de noviembre de 2011.  Para ello, orquestó a su favor una resolución de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con la que seis magistrados orteguistas declararon “inaplicable” el artículo mencionado y así garantizarse un  nuevo mandato.

En tiempos de Somoza la oposición fuerte estaba representada por el líder conservador, Fernando Agüero Rocha, quien junto con su partido y otras fuerzas sociales por años ejercieron  presión sobre la dinastía para sacarlo del poder por la vía pacífica. La historia evidencia que fracasó en su intento.

El retorno de los liberales
El 15 de noviembre de este año, los funcionarios afines al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, sucumbieron al Decreto Presidencial 03-2010 y a la publicación del artículo transitorio 201 de la Constitución con la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, pretende mantener en sus cargos a los funcionarios, cuyos periodos constitucionales ya vencieron. Este partido reiteró hasta la saciedad que tales disposiciones son ilegales y  argumentó que la actuación de Lino Hernández, contralor de facto, y el magistrados de facto ante la Corte Suprema de Justicia, Dámisis Sirias son de carácter personal.

Estos funcionarios visitaron la sede del PLC, incluso el mismo día que reasumieron sus cargos,  antes lo había hecho el magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE,  Luis Benavides Romero, quien argumentó que su principal motivación para regresar al cargo era la “dura calle”.

Un poco antes, durante el fraude de las elecciones de 2008, los también magistrados electorales de facto, René Herrera y José Marenco Cardenal, respaldaron las decisiones del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN,  y una vez vencido sus períodos se acogieron al “decretazo”.  El PLC dijo que los excluía de su partido y también dijo que eran decisiones personales.

Benavides, Hernández y Sirias, recibieron reiterado halagos por no acogerse al “decretazo” ni al transitorio artículo 201 de la Constitución, pero tras sus “decisiones personales”, el PLC calló.

El silencio cómplice del PLC
El silencio al respecto del PLC tenía su antecedente, Alemán ya había advertido que no harían nada para evitar que funcionarios liberales legitimaran el decretazo e incluso insinuó que aceptarían el “Gacetazo” o la publicación de la Constitución con el artículo 201 en el Diario Oficial.
“Esto (declarar inválida la publicación de la Constitución versión 2010), si no se logra en esta semana que hay plenario, lo que mandó a publicar (René) Núñez sin la firma del secretario, quedaría prácticamente aceptado con la complicidad de los miembros de ALN. Ustedes tienen la lista de personas que votaron y ya sabían del compromiso que había”, señaló Alemán.

Días antes que Hernández, Sirias y el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel se acogieran al “decretazo”, Alemán se eximió de esa responsabilidad.

“Esa ya es disposición de los señores magistrados, nosotros somos respetuosos. Ellos dejan de participar en los partidos políticos, por eso la responsabilidad está en la Asamblea Nacional”, prosiguió Alemán.

Para el jurista Oscar Castillo, el retorno de los funcionarios liberales a sus cargos es una señal de que el acuerdo entre el caudillo liberal, Arnoldo Alemán y el presidente Ortega, ya comenzó.

¿Hay indicios de un  nuevo acuerdo FSLN-PLC?
“Yo creo que sí, por la víspera se saca el día, el regreso de los magistrados, el subprocurador y el contralor indica que algo se está negociando. El proceso ya inició. El regreso es una señal como para limar asperezas”, consideró Castillo.
Alemán y Ortega han mantenido vigente durante 10 años el pacto logrado en 1999 y realizado en el 2000. Luego  fue refrendado en el 2005 cuando ambos eran oposición al gobierno del presidente Enrique Bolaños. Ahora ha entrado a una nueva crisis que se ha sostenido durante el último año.

Las condiciones del 2000
Para el 2000 las condiciones fueron de crisis. Clemente Guido describe en un artículo del 17 de agosto de ese año las condiciones en que se forjó. El orteguismo no dejaba gobernar al PLC con sus huelgas, tranques, quemas de llantas y amenazas permanentes de más violencia.

Según Guido, el objetivo era  proteger a Ortega quien era acusado de violación y estupro por parte de su entenada, Zoylamérica Narváez. Además, el FSLN pedía la cabeza de la presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, a quien acusaban de haber hecho fraude en las elecciones presidenciales de 1996. Los sandinistas también pedían una nueva ley de la propiedad para legitimar la “piñata”.

Guido señaló que el PLC se encontraba débil y necesitaba oxígeno político para que gobernara el entonces presidente Arnoldo Alemán y para cumplir las exigencias de los organismos internacionales. La oposición era la fuerte y desestabilizadora.

Los resultados de los acuerdos son muy similares a los del Kupia Kumi, según Guido. El PLC compró la estabilidad y la gobernabilidad. Conclusión: Tanto con el pacto Alemán-Ortega como con el de 1971, el gobierno se saca el premio mayor y le deja el segundo premio a la oposición.
En el amarre del 2000 se concretaron reformas a la Constitución que perfilaron el bipartidismo político, se suprimió la figura de suscripción popular y se bajó el techo para ser electo presidente del 45 al 35%. Además de la repartición igualitaria del CSE, la CSJ, la Contraloría General de la República y de otros funcionarios de Estado.

Los acuerdos de 2005
Para el 2005 Alemán se encontraba acusado de corrupción y pagando una condena de 20 años de prisión por varios delitos. El PLC y el FSLN eran oposición y acordaron reformas constitucionales que pretendían –-y lo lograron--,  restarle poder al Presidente y trasladar mayores funciones a la Asamblea Nacional, donde ambos partidos tenían el control. Así establecieron la ratificación de ministros, viceministros y embajadores por el Parlamento.

Cinco años después, el pacto ha perdido su equilibrio, la CSJ, el CSE, la CGR y otros cargos que suman 25 funcionarios trabajan de facto con una considerable ventaja a favor del partido de gobierno, esta vez es Ortega quien está en la Presidencia.  

Para Oscar Castillo, el primer paso para un nuevo acuerdo entre Ortega y Alemán es limar asperazas y superar la crisis y las contradicciones que aparentemente tienen. Ahí, deberán buscar una salida negociada para establecer un nuevo marco de relaciones que sería, según el jurista, la continuidad del pacto en nuevas circunstancias, esta vez más adversas para Alemán y mejores para Ortega.

Reelección, suficiente motivación
Castillo considera que el tema clave en el nuevo acuerdo será la reelección presidencial, pues, según él, Ortega buscará legitimar su continuidad mediante reformas constitucionales. Por su parte, Alemán buscará cómo seguir siendo él, el interlocutor y no perder sus cuotas de poder, aún cuando deba pagar un alto costo político.

“El (Alemán) está dispuesto a pagar el costo político mientras tenga cuotas de poder. No quiere perder de los 16,  no quiere perder los siete. Tampoco los del CSE. Además, la bulla de los tarjetazos, es algo irrelevante, pero es parte del proceso de llevarlo a una negociación”, consideró Castillo.
Uno de los principales argumentos de Alemán y sus colaboradores más cercanos es que el pacto con Ortega no debe ser satanizado pues fue para buscar estabilidad al país y que es un acuerdo político necesario. El ex presidente considera que sus críticos lo que desean es ocupar espacios que les pertenecen al PLC y al FSLN por ser las dos fuerzas mayoritarias.

¿Acuerdo o pacto?
Castillo señala la diferencia entre un acuerdo y un pacto que aunque en esencia sean lo mismo, los diferencia por los resultados. Según el jurista si el acuerdo se produce por una crisis institucional y procura resolver una contradicción jurídica o política puede ser un acuerdo nacional que incluye a varios actores.

En cambio el pacto, según Castillo, es cuando se busca un acuerdo en torno a temas que dividen a dos actores, ya sea partidos o personajes, en este caso, a Alemán y Ortega. Se caracteriza por ser excluyente y la negociación de cuotas de poder.

“¿Cuándo es una pacto? Cuando  en medio de una crisis o contradicción, más política que  institucional, se centra en repartir poderes, en ponerse de acuerdo en qué te doy y qué me das. Es ponerse de acuerdo en lo que a ellos los divide creyéndose los dos grandes actores”, expresó Castillo.