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En administraciones anteriores a la de Roberto Rivas Reyes, en el Consejo Supremo Electoral, CSE, algunas veces el Estado retardó el cheque de pago de la planilla salarial. Cuando ocurría eso, el CSE, o cualquier otro Poder del Estado, prestaba a un banco con una carta garantía del Ministerio de Finanzas, que ofrecía seguridad de que se iba a pagar la deuda, porque eran fondos que estaban aprobados en el presupuesto.

Eso es lo único que recuerda Dionisio Palacios, con relación a deudas bancarias, quien fungió como Director de Cedulación desde la fundación del CSE en 1984, hasta el año 2000, cuando el presidente magistrado era Mariano Fiallos Oyanguren.

En esta entrevista, Dionisio Palacios, expresa sus consideraciones sobre la violación a la Ley de Deuda Pública, Ley 477, por hacer un préstamo de 37 millones de córdobas a un banco privado aún no identificado, sin tener el aprobado de la Asamblea Nacional. Más que analizar u opinar sobre el tema, a Palacios le quedan muchas preguntas sobre ese caso.

“37 millones de córdobas al libre albedrío de un funcionario, dinero que no está aprobado ni supervisado por nadie, eso es lo raro que yo veo”, expresó el ex funcionario.

Considera que esas libertades son muy amplias y que ni siquiera el Presidente de la República puede hacerlas, para eso existe un presupuesto aprobado y para eso está la Contraloría General de la República, CGR, que vigila ese desembolso, entonces “¿Para qué está la Contraloría?”

¿Existen antecedes de endeudamiento por los gastos del CSE?
En primer lugar, la cedulación desde que nació en 1983 se ha hecho con donaciones principalmente, salvo contrataciones porque éstas no cubren pago de nómina, ni horas extras, sólo en casos espacialísimos. Esas son las contrapartidas nacionales que dan para que un proyecto funcione, pero independientemente, la institución que va ser objeto de la administración de una donación, para cumplir un proyecto, tiene que presentar esa contrapartida, para gasto ordinario de esa institución para el presupuesto.

¿Y préstamos a bancos?
Hay préstamos de finanzas para pago de nómina, es lo que yo conozco. Y para hacer un gasto de esos, él tuvo que haber pedido un aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para probar que tiene un presupuesto aprobado y que ese gasto va a ser repuesto con el pago inmediato de seis meses.

¿Cuánto se puede gastar, por ejemplo, en la tarjeta de policarbonato, que el CSE justifica en un documento escrito enviado a la Asamblea Nacional?
Ésta es la tarjetita limpia en la que imprimen los datos ciudadanos. Es la materia prima donde mandan a imprimir su foto y datos. Ahora, durante yo estuve, en todas las conversaciones que tuvimos con los proveedores de este material, la que menos recomendaban era la de policarbonato, porque se quiebra con facilidad. (Los proveedores) no garantizan que ese documento pueda tardar diez años.

¿Es mucho más barata?
Es mucho más barata, porque mucho se quiebra y es de poca utilidad, entonces la duración de una cédula es diez años, luego tiene que renovarse.

¿Representa el costo que se le atribuye de 25 millones 547 mil córdobas?
No, no. Por cantidad sale como a un dólar, talvez menos, porque es la tarjeta limpia, ya la impresión y todo eso es otra cosa.

¿Durante fue director de Cedulación, cuánto fue el costo más caro por el pago de materiales?
Bueno, no llegaban ni a los 100 mil córdobas el pago de materiales. Y eso que antes poníamos hasta la foto, porque el sistema lo que utilizaba era una foto blanco y negro, y ya esa película no se estaba produciendo, pero era la que utilizábamos, entonces la teníamos que producir y salía con un costo mayor a la de colores. Por eso, ese elemento que era caro desapareció. Sólo quedó el papelito ese emplasticado.

¿El proceso de cedulación es uno de los más caros de Centroamérica?
Todo el proceso electoral de Nicaragua es uno de los más caros del mundo.

¿Por qué cree usted que es el más caro?
Por procedimientos no adecuados que utilizan. Utilizan un formulario de cinco copias. La impresión de cinco copias es mucho más alto y eso lo usa la mayor parte de las empresas que no tiene sistema contable digitalizado. Siguen usando dos o tres copias en su contabilidad y la del CSE tiene cuatro o cinco copias, de las cuales las tres últimas ni se ocupan, porque hay una copia para el municipio, otra para el departamental, otra para archivar y al final sólo se archivaba el original, entonces ese método aún lo siguen utilizando.

¿Cree que usan ese método para justificar los gastos excesivos?
Esos son planes de trabajo que el CSE ni los contempla. Usted hace un plan en los colegios y pide ayuda para que cada colegio le mande un muchacho para entrenarlo y después ese muchacho puede levantar la ficha de cédula, pero mediante un entrenamiento previo y la supervisión del CSE. Cualquier muchacho del colegio está en posibilidad de hacer eso, entonces se evita el montón de gastos relacionados con alquilar carpas, traslado de parlantes, eso es un gasto. Los muchachos estarían en los colegios. Y si no están en los colegios, se pone una oficina rotativa por los diferentes barrios de un distrito. Algo ya programado y que la gente sepa que el miércoles o jueves van a estar en el barrio “tal”, en la escuela “tal”. Es cuestión de organización. Pero si yo me pongo a contratar gente para que anden para bajo y para arriba, por favor, transporte, horas extras, salarios, que lo merecen porque a esa pobre gente ni siquiera le pagan.

¿Usted recomienda un instituto de cedulación para separarlo del Consejo Supremo Electoral?
Con la calidad de este CSE, lo conveniente es un instituto, pero lo que hay que ver es cómo quitarle la contaminación política, para que no sea un instituto que va a depender de dos partidos.

¿Usted cree que un instituto electoral también corre el riesgo de contaminarse políticamente?
Por supuesto, si a horita le tocara nombrarlo a la Asamblea Nacional, le van a nombrar a un sandinista y si lo nombrara el CSE, como realmente es, peor todavía porque todos son simpatizantes del partido de gobierno.

¿Tiene esperanza de que se logren cambiar a los actuales magistrados del CSE antes de las elecciones de noviembre 2010?
Debería y es necesario. ¿Cómo? ¡Quién sabe!

¿Por qué cree que se dan tantas facilidades de corrupción en el CSE?
Eso depende de quien esté manejando la institución, si yo como director general permito muchas cosas que las sé y no las averiguo ni las digo, lógicamente, si bien no me estoy aprovechando directamente, pero estoy siendo cómplice de algo, y esas cosas no pueden pasar sin que el jefe superior no se dé cuenta. Es un cómplice por omisión.

¿También ha sido una característica de los anteriores gobiernos tener en bien a los magistrados del CSE?
La realidad es que ni siquiera debería, porque la única obligación es darle su presupuesto a tiempo y darle lo que necesita para funcionar, porque desde que una institución es creada por la Asamblea Nacional, lógicamente que es para que cumpla un fin determinado y con un presupuesto determinado. Es decir, no es cosa de tratarlos bien o mal. Por otra parte, si los funcionarios dicen que ese presupuesto no es el adecuado, entonces deben demostrarlo, pero nunca la Ley ni la Constitución Política de Nicaragua autorizan a ese superior administrativo, responsable de esa institución, sea ministerio, sea Poder del Estado, para que gaste y después pida complemento.

Presupuesto asignado al CSE en 2011
El gobierno proyecta asignar al Consejo Supremo Electoral, CSE, una partida de mil 297 millones 470 mil córdobas en el Presupuesto General de la República, PGR, para el año 2011. De este monto, mil 104 millones 605 mil córdobas serán destinados a financiar el costo de las elecciones generales de noviembre de ese año.

“Lo magistrados no hacen nada”
¿Cómo era la relación de los magistrados con los directores de las otras áreas del CSE?
La realidad es que hay poca relación con los directores, si se reúnen una vez al año es para ver cuestiones de presupuesto. Yo cuando fui director de Cedulación presentaba mi presupuesto de acuerdo a la proyección de trabajo que tenía para el próximo año, pero nunca se me informó cuánto se me aprobó de lo que yo pedía, porque el CSE hace un solo presupuesto, lo agarra y lo administran ellos y el director ya no se le toma en cuenta para nada.

¿Actualmente, el director de Cedulación no sobresale mucho?
No sirve para nada.

¿Durante su período era más activo ese cargo?
Pues sí, pero una vez cuando entró lo del famoso pacto, me quisieron obligar a ceder atribuciones del director a un subdirector, que no contempla la Ley. Pero ese subdirector era producto del pacto, del tuyo y del mío. Yo siempre me negué a eso, porque si el subdirector hacía cualquier mal manejo con las atribuciones que se le concedía, sin estar en la Ley, el responsable iba a ser el director. Yo me negué siempre a eso y por esas negaciones es que decidieron mi salida.

¿Cuál era el desempeño de Roberto Rivas cuando comenzó como magistrado en 1995?
Cuando Roberto Rivas fue magistrado del CSE, siendo la presidenta Rosa Marina Zelaya, él mandaba a diario a su chofer a retirar su periódico para leerlo. Nunca pidió que se le asignara oficina, porque si usted revisa la Ley Electoral, en el CSE se reúnen únicamente cuando es convocado para cuestiones ordinarias y las extraordinarias, no tienen permanencia. A raíz del pacto, por ocupar gente de dos partidos, se le dio un gran despacho a cada magistrado, con 17 personas subordinadas a ellos y para crear ese personal se tuvo que cortar los técnicos de cedulación, de registro, para poder ajustarles a los magistrados gente de protocolo, guardaespaldas, otro asistente, etcétera. Los diez magistrados -siete titulares y tres suplentes-, cada uno tiene su despacho. ¿Todo eso para qué si la Ley no los faculta a tener despachos individuales? Si ellos funcionan como consejo, no individualmente. Ellos no tienen ninguna función.

¿Pero entonces qué hacen los magistrados?

Nada, estar esperando que los llame el presidente para una sesión.

¿Y cuándo los llama el presidente qué hacen?
Llegan al CSE y se reúnen para discutir de acuerdo a los puntos de agenda que proponen. Se supone que el magistrado va averiguar sobre esos puntos que van a discutir en agenda, para ir documentado sobre lo que tenga que resolver, pero cuando termina la sesión cada quien va para su casa. En la Ley no hay ninguna función específica para magistrados, más que resolver en el CSE como miembro colegiado del CSE, pero no en carácter individual.

¿Cuáles deberían ser sus atribuciones?
Exageradamente tres.

¿Y qué tendrían que hacer?
Bueno, distribuir las cargas de funciones. Uno que se encargue de garantizar que la entrega de cédula funcione bien; otro del Registro Civil y el otro del material electoral. Hay muchas cosas que dividen entre tres, que podrían tener la responsabilidad administrativa de darles supervisión y control y las cosas macro discutirlas y resolverlas entre los tres. Pero no para ir a retirar un salario y que no tienen ninguna función específica.

¿Qué países destinan recursos al CSE?
Irlanda, España, Japón, entre otros países europeos. También la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, que fue la que recomendó que contrataran muchachos para ayudar a repartir la cédula.