Ary Pantoja
  •  |
  •  |
  • END

El Estado de Nicaragua se convertirá, a través de la iniciativa de Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, en el gran comprador de tierras ubicadas cerca de las fronteras del país, una vez que se defina la “Zona de Seguridad Fronteriza”, que contempla la propuesta del Ejecutivo presentada el pasado 26 de noviembre ante la Primera Secretaría del Parlamento para ser aprobada con trámite de urgencia.

Pero de no lograr la adquisición del bien a través de la compra, el Estado ratifica su derecho a recurrir por la vía de la expropiación.

El párrafo tercero del artículo 32 de la iniciativa, señala que “en el territorio fronterizo, el Estado de la República de Nicaragua tendrá el derecho de compra preferente de los bienes inmuebles en manos de particulares, nicaragüenses o extranjeros, o personas jurídicas, directa o indirectamente vinculadas a ciudadanos extranjeros o de las acciones de las personas jurídicas, sin perjuicio del derecho del Estado a adquirirlas por la vía de expropiación”.

Advertencia

Además, el párrafo segundo del mismo artículo advierte a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no pueden adquirir propiedades en las zonas fronterizas “a ningún título, con las excepciones relativas a las concesiones o autorizaciones de arrendamientos otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio de Acuerdo Presidencial, siempre que exista de por medio el interés público o social…”.

Por otra parte, el mismo artículo 32 estipula que sólo los nicaragüenses de nacimiento pueden tener opción al título de propiedad en los territorios fronterizos.

“Son transmisibles, a título oneroso o gratuito, los bienes inmuebles de dominio privado ubicados en la zona de Seguridad Fronteriza, únicamente a favor de nicaragüenses de origen, de conformidad a títulos legítimamente adquiridos, siempre y cuando estén inscritos o reinscritos en el Registro Público correspondiente”, se lee en el párrafo primero.

Estado vigilará concesiones

Por otra parte, la iniciativa de Ley de Régimen Jurídico de Fronteras -–que forma parte del paquete de tres leyes de defensa nacional--, otorga al Estado el derecho de decidir sobre las concesiones otorgadas por las autoridades municipales.

El artículo 31 de la propuesta de ley establece que “las instituciones del Estado y de los municipios que tengan destinados o asignados bienes del dominio público en el territorio fronterizo, no podrán realizar ningún acto de disposición, desafectación, cambio de destino o usuario, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin contar con la autorización de la autoridad competente”.

“Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables; por consiguiente, el Estado tiene la acción de pedir la anulación de los títulos indebidamente otorgados o inscritos”, se lee en el párrafo tercero del artículo 31.

Limitaciones de las concesiones

Además, el artículo 37 de la propuesta estipula que “los nicaragüenses que posean un bien inmueble en territorio fronterizo sin título legítimamente expedido, cualquiera que haya sido el tiempo que pacíficamente lo hayan poseído, no pueden ser propietarios de los mismos, pero podrán ser sujetos de concesión por parte del Estado, excepto en la Zona Especial de Protección Fronteriza…”.

El artículo 38 contempla las limitaciones de las concesiones y señala que “las concesiones y autorizaciones de arrendamiento otorgado por autoridad competente para aprovechar con determinados fines los bienes de dominio público no crean, a favor del interesado, ningún derecho real ni acción posesoria sobre estos bienes. Dichas concesiones y autorizaciones deben ser temporales, renovables, revocables e intransferibles, con las excepciones de las sucesiones a favor de personas nicaragüenses…”.

Militarización de fronteras

El especialista en temas de defensa del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, Yassir Chavarría, considera que se da una “militarización de la frontera” pues el artículo 7 de la propuesta “establece la creación de la Comisión Nacional de Territorio Fronterizo, cuya ‘coordinación operativa’ estará a cargo del Ejército de Nicaragua. La misma ley subordina a los ministros y directores de entes autónomos que serán miembros de la CNTF a esa ‘coordinación operativa’ del Ejército (Arto. 8 de la iniciativa)”.

“Además supedita todas las acciones de las instituciones del Estado que tienen presencia en los territorios fronterizos (Aduana, Policía, Marena, Magfor, etcétera) al interés de la seguridad y defensa nacional que, de acuerdo a lo que se pretende en concordancia con las otras dos leyes (Defensa Nacional y Seguridad Nacional), el Ejército de Nicaragua tendría las facultades supremas para definir qué asuntos son de interés de la defensa y la seguridad nacional”, explica Chavarría.

Roce constitucional

Según el funcionario del IEEPP, el artículo. 32, referido a la “Enajenación o transmisión” de la propuesta, señala que “son transmisibles, a título oneroso o gratuito, los bienes inmuebles de dominio privado, ubicado en las zonas fronterizas, únicamente a favor de nicaragüenses de origen”.

“La Constitución Política de Nicaragua establece que son nicaragüenses los nacionalizados, y por el principio constitucional de igualdad ante la ley, ellos gozan de los mismos derechos y prerrogativas que los nicaragüenses de origen (Cn. Artículos 15, 19 y 27). Por lo tanto, esta ley priva de derechos a los nacionalizados nicaragüenses que quisieran adquirir bienes en los territorios fronterizos”, advierte Chavarría.

Además, agrega, “amenaza a la propiedad privada, pues en el párrafo 3, del artículo 32 de la ley se establece que el Estado tiene ‘derecho de compra preferente’ en la transmisión o enajenación de bienes inmuebles en manos de privados y, además, el Estado se reserva el ‘derecho de expropiación’ de estos bienes”.