Leonor Alvarez
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El fiscal nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Alejandro Samaniego, no se explica cómo el Consejo Supremo Electoral, CSE, tiene una deuda por hacer un préstamo que “supuestamente” uso para procesos de modernización y cedulación, cuando en los municipios los funcionarios siempre alegan falta de presupuesto por el retraso o la entrega nula de la cédula de identidad.

En las últimas semanas, los magistrados del CSE han sido severamente cuestionados por los partidos de oposición, porque violaron la Ley de Deuda Pública 477, cuando hicieron un préstamo de 37 millones de córdobas a un banco privado --aún no identificado--, sin tener el aprobado de la Asamblea Nacional.

Según las explicaciones que ofreció el magistrado de facto, Roberto Rivas, el dinero se gastó en el proceso de modernización de esa institución y también en materiales para emitir cédulas de identidad.

Pero niegan cédulas en departamentos

Samaniego duda que ese dinero haya sido usado para la cedulación, porque afirma que ni siquiera están abiertas las delegaciones municipales, y las personas se quejan porque en las delegaciones departamentales les dicen que no hay presupuesto para hacer cédulas.

El miembro del PLC reveló ayer que tiene conocimiento de que en las alcaldías orteguistas le aumentan la edad a los jóvenes de 13 años, emitiendo otra partida de nacimiento con la edad de 16 para que puedan votar por el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.

“Por eso se robaron las alcaldías, para poder cedular a su gente, a través de la mayoría de las alcaldías de Nicaragua, por eso es imperante de que se haga una auditoría al Padrón Electoral”, dijo Samaniego, quien fue funcionario del CSE durante el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán.

Por otra parte, expresó que lo de la militarización del CSE no es “nada nuevo”, porque esa siempre ha sido la intención del partido de gobierno.

Para respaldar su argumento, menciona al ex magistrado Emmet Lang; a la magistrada suplente, Marisol Castillo; Isabel Turcios, de Recursos Humanos; el jefe de gabinete, Rodrigo Barreto; Primitivo Rodríguez, todos ex miembros del Ejército.