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Cuatro de las seis bancadas que conforman el Parlamento nicaragüense están listas para aprobar el próximo lunes 13 de diciembre, con trámite de urgencia, la Ley de Defensa Nacional de la República de Nicaragua y para ello incorporaron 45 modificaciones al texto original que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 26 de noviembre.

Entre los cambios en la iniciativa figuran la eliminaron de “varias redacciones sujetas a discrecionalidad del Presidente o del Ejército”, según informó Oscar Carrión Orozco, asesor jurídico de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

“Se aclara que conflicto es cuando se trata acción armado internacional, no para asuntos internos, se fortalecen las capacidades del Ministerio de Defensa, se aclara lo relativo a bienes públicos y privados y su uso racional en caso de emergencia”, explicó Carrión.

Quitan la “voluntariedad” de los empleados públicos

Además, agregó, “se introduce, en la iniciativa de ley, el principio de no agresión y de respeto a los derechos humanos; el balance razonable de fuerzas y la no obligatoriedad del Servicio Militar, ni reclutamiento forzoso; así como la voluntariedad para defender la nación por parte de funcionarios y ciudadanos”.

Igualmente, añadió el jurista, se establece “la excepcionalidad de la declaración de estado de emergencia, la necesidad de un consenso nacional frente a la elaboración de la Política de Defensa y el cumplimiento de las normas de derecho internacional y humanitario”.

“El consenso ha sido suscrito por cuatro bancadas y se espera que se sumen las bancadas de Democrática Nicaragüense, BDN y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, quienes expresaron satisfacción en lo general por los cambios elaborados”, expresó Carrión.

El resto de las iniciativas, señaló, será abordado dentro del marco de “realizar cambios profundos y tratar de consensuarlas con todos los sectores políticos”.
 
Cuidado con el reglamento
Pese al consenso en torno a los cambios a la propuesta de ley, Carrión advirtió sobre el peligro de la redacción en el futuro reglamento de cada una de las tres leyes por lo que sugirió establecer límites al Presidente de la República.

“Sigo insistiendo en que las iniciativas debieron ser objeto de un profundo debate y discusión en el seno de las comisiones correspondientes”, expresó.

Las tres iniciativas de Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Nacional y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras establecen que la reglamentación estará a cargo del presidente de la República algo que, a juicio de Carrión, representa “un riesgo jurídico y peligroso”.

Que Ejecutivo no reglamente

“Debería elaborarse una moción que elimine la posibilidad de reglamentación ejecutiva o al menos limite y aclare que la reglamentación de estas leyes no debe contener legislación por extensión, prohibiendo las posibilidades viciosas que los presidentes de la República han tenido en los últimos años, “bypaseando” al primer Poder del Estado y legislando mediante reglamentos”, explicó Carrión.

El jurista considera que “debe quedar claro que el Presidente de la República sólo puede reglamentar aspectos adjetivos y no sustantivos de la ley, o mejor dicho, no puede legislar por extensión, mediante el Reglamento y debe respetar los principios, objetivos y espíritu de la ley misma, a fin de evitar nuevos conflictos que rompan el consenso que se ha venido tejiendo con muchas dificultades respecto de estas trascendentales y delicadas leyes”.

No son de trámite de urgencia

Por otra parte, Carrión señaló que “es incompatible que se remitan iniciativas tan delicadas para la nación en trámite de urgencia y querer reglamentar dichas Leyes”.

“La urgencia es incompatible con la reglamentación, a menos que se le otorgue al Presidente de la República un plazo de 24 horas para reglamentar dichas leyes a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional”, enfatizó.

Según Carrión, si las iniciativas se aprobasen de urgencia, deberían establecerse “las limitaciones en el mandato legislativo, mediante moción, pues no se puede pretender que los diputados aprueben de carrera dichas leyes y luego el Presidente, con todo el tiempo del mundo que tuvo para elaborarlas y estudiarlas, pretenda tener todo el tiempo del mundo para reglamentarlas a manos sueltas”.

“Debe mocionarse limitando la facultad reglamentaria del Ejecutivo al espíritu y contenido estricto de la Ley”, explicó.