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Sin dudar un instante, Irving Dávila Escobar, encargado de la Comisión de Gobernabilidad de la Coordinadora Civil, CC, proyecta que la situación política en 2011 será “sumamente negativa”, porque el presidente Daniel Ortega seguirá “empecinado” en su reelección, lo cual ha sido el motor de la crisis institucional y de gobernabilidad que vive actualmente el país.

Dávila explicó que la escogencia o ratificación de los 25 funcionarios -que se les venció el período de sus cargos-, tal y como lo quería el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, no fue posible porque representaba un alto costo político para el Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

Sin embargo, algo tenían que aprobar los dos grandes aliados PLC-FSLN, aunque significara adelantar uno de sus proyectos que era la militarización del país, a través de las tres leyes que ya están aprobadas de Defensa, Seguridad y Frontera, aseguró Dávila.

El precio del PLC

Según Dávila, el PLC le entregó esas leyes al partido de gobierno, pero además, explicó que estas leyes contribuyen a los intereses del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, porque se le da facultades al Presidente de la República por encima de la Ley de Emergencia, porque esta es de rango constitucional.

Pero “lo peor de todo” es que estas tres leyes se dejan abiertas a la reglamentación del presidente Ortega. “Cuando el reglamento es un instrumento de carácter administrativo que usa el Poder Ejecutivo y se le deja facultades para que legisle a través de reglamentos”, dijo Dávila, denominando este asunto como peligroso.

Las ventajas de Ortega

El especialista en temas de gobernabilidad, advierte que Ortega es un presidente capaz de violar la Constitución Política “cuando le da la gana”, así que considera que “cómo no va ser capaz de violar unas leyes ordinarias como las que están planteadas”, dijo.

“Todos estos elementos están montados y ahora le entregamos a Daniel Ortega una ley en la que él tiene facultades por encima de lo que establece la misma Constitución Política, para que pueda determinar cuando es traición a la patria y cuando no, todo queda a discreción de él”, dijo Dávila.