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Pactistas, prebendarios y vendidos son los tres epítetos que abundaron en las acusaciones mutuas que a lo largo de este año se hicieron los diputados de oposición. El pleito interno permitió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, hacer y deshacer a su antojo en las instituciones y poderes del Estado, y la Asamblea Nacional no fue la excepción.

Cinco hechos políticos marcaron el trabajo legislativo en 2010. El primero fue a inicios de año, el nueve de enero, cuando el Presidente de la República, Daniel Ortega, emitió el Decreto Ejecutivo 03-2010, con el cual prorrogó en sus cargos a 25 funcionarios públicos, facultad constitucionalmente exclusiva de la Asamblea Nacional.

De inmediato, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; Bancada Democrática Nicaragüense, BDN; Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y Movimiento Renovador Sandinista, MRS, presentaron una iniciativa de ley para anular el llamado “decretazo”; la propuesta de ley nunca pasó de la Primera Secretaría.

En cuatro ocasiones la iniciativa fue sometida a discusión y aprobación de los siete miembros de la Junta Directiva del Parlamento y a su vez pasarla a la Comisión de Justicia para su consulta y dictamen, en dos de ellas, los diputados de ALN se ausentaron o no votaron a favor de pasar la propuesta a la comisión; en las otras dos veces hicieron su parte los diputados del PLC.

Finalmente, en una accidentada y sitiada sesión realizada en un hotel capitalino, el 20 de abril, 47 diputados opositores lograron pasar la iniciativa de ley que deroga el decretazo a la Comisión de Justicia. El dictamen estuvo listo en tiempo récord y fue regresado a la Primera Secretaría donde nuevamente quedó engavetada en espera de “mejores tiempos”.

Una reforma que nunca llegó

El segundo hecho que signó a la Asamblea Nacional lo constituyó la reforma constitucional que nunca llegó a concretarse. El plan del FSLN era conseguir los 56 votos necesarios para modificar parcialmente la Carta Magna a fin de establecer la reelección presidencial continua. Las prebendas, los pactos y las compras de conciencias no fueron suficientes y el número mágico nunca apareció.

A mediados de año, la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, hizo una última jugada y se alió con el diputado de la BDN, Enrique Quiñónez Tuckler, quien se comprometió a conseguir los 56 votos tanto para la reforma constitucional como para el nombramiento de los 25 cargos públicos. Al final Quiñónez sólo pudo aportar su voto y el de Allan Ripsimes Rivera Siles.

El FSLN, en boca de su jefe de bancada, Edwin Ramón Castro Rivera, desistió de la idea de la reforma constitucional, habida cuenta Ortega se garantizó la reelección por otra vía: la sentencia 504 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada para tal fin sólo por magistrados sandinistas.

Pese al reclamo mediático de los diputados del PLC, la BDN y el MRS, ninguno de ellos interpuso recurso alguno contra la sentencia. Una iniciativa de ley para derogar esa resolución se encuentra engavetada en las oficinas de la Primera Secretaría del Parlamento a cargo del diputado del PLC, Carlos Wilfredo Navarro Moreira. No sólo se peca por acción, sino también por omisión.

Esta controversial sentencia puso en una encrucijada el presidente del Legislativo, René Núñez Téllez, quien debió convocar a reunión de Junta Directiva para decidir si, con base en la Ley de Amparo, recurrían contra la resolución de la Sala Constitucional alegando conflicto entre poderes. Núñez no lo hizo, pero la segunda secretaria Alba Palacios Benavides, actuando de oficio, invocó el conflicto entre poderes.

Resurrección del 201

El tercer evento legislativo ocurrió el siete de abril de 2010, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Santos René Núñez Téllez “sorprendió” a la opinión pública al resucitar, vía consulta con Asesoría Legal del Parlamento, un párrafo del artículo transitorio 201 de la Constitución Política de 1987. Con ello, Núñez enredó más la situación jurídica al intentar, por esa vía, legitimar la permanencia en sus cargos de 25 funcionarios, cuyos períodos ya habían vencido o, en ese entonces estaban por vencer.

En el mencionado artículo se facultaba a los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ; Consejo Supremo Electoral, CSE, y demás funcionarios públicos, a mantenerse en sus cargos en tanto no fueran electos sus sucesores en el Parlamento.

Según Núñez, el párrafo segundo del mencionado artículo nunca fue suprimido mediante una reforma oficial y que por “una omisión constitucional”, no figura en la Constitución actual. El artículo 201 de la Constitución de 1987 constaba de dos párrafos y, según la explicación de Núñez, en una de las modificaciones que se le hicieron a la Carta Magna después de 1990, sólo fue derogado el primer párrafo, quedando vigente el segundo.

Sin embargo, ese mismo día, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro Moreira, aseguró que ese artículo fue derogado totalmente, aunque dijo no estar seguro en qué reforma se eliminó. Días después, Navarro señaló que, aunque el artículo no se hubiese derogado expresamente, se trataba de una disposición transitoria que, por su naturaleza, dejaba de tener efecto alguno una vez superada la situación para lo que fue creado el artículo.

El gacetazo

El problema del 201 no paró ahí y por órdenes expresas del presidente del Legislativo, René Núñez, respaldado por la segunda secretaria, Alba Palacios Benavides, la Asamblea Nacional publica en La Gaceta, Diario Oficial, No. 176 del jueves 16 de septiembre de 2010 de las páginas 4991 a la 5010, el texto de la “nueva” Constitución Política en la que se incluye el resucitado artículo 201.

Una vez más, el primer secretario, el liberal, Wilfredo Navarro Moreira se hizo el sorprendido pese a que el día 10 de septiembre, Núñez Téllez le informó por escrito de sus intenciones de publicar el texto modificado de la Carta Magna. Navarro se quedó callado y no hizo nada por impedir esa publicación.

Después de esa publicación, todos los funcionarios del PLC con período vencido regresaron a sus cargos en las distintas instituciones del Estado alegando motivos personales.

Derrotados y arrinconados

Un cuarto evento legislativo de importancia ocurrió el 5 de octubre, cuando en una sesión, los diputados oficialistas junto a sus aliados de ALN, maniobraron para someter a votación la publicación de la Constitución Política, lo que ayudó a “legalizar el gacetazo”.

El tercer vicepresidente del Parlamento nicaragüense, Juan Ramón Jiménez –aliado del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN-, presentó la moción para que el plenario respaldara con su voto la mencionada publicación de la Carta Magna, en la cual se incluye un artículo transitorio que prorrogaría el período de 25 funcionarios públicos.

En una rápida maniobra, el presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez Téllez, sometió a votación la propuesta que fue aprobada con 48 votos a favor y 11 en contra. Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, -ambos de oposición-, reclamaron por la acción que calificaron de ilegal.

Según el registro de votación, varios diputados de la BDN votaron en contra de la moción; sin embargo, señalaron que eso no “legaliza” la votación.

Once días después, el 14 de octubre, una simple reunión de Junta Directiva del Parlamento estableció claramente que la oposición dejó de ser mayoría y así lo declaró a los medios de comunicación el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado por el PLC, Oscar Moncada Reyes, al admitir que “ya no somos mayoría”.

Esta frase resonó lapidaria cuando, en un último intento, los directivos parlamentarios que representan a la oposición vieron truncados sus esfuerzos por poner en la agenda del plenario la iniciativa de ley que deroga el decretazo y la iniciativa de ley que revoca la publicación del gacetazo del 16 de septiembre.

Soberanía y defensa

El quinto hecho de relevancia para la Asamblea Nacional fue el 13 de diciembre, cuando los diputados aprobaron tres leyes de Defensa Nacional, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras. Las iniciativas fueron presentadas por el Ejecutivo con trámite de urgencia el 26 de noviembre; después de modificaciones cosméticas realizadas por el PLC, las leyes fueron aprobadas.

Estas tres leyes tuvieron como marco la disputa fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. El gobierno del presidente Daniel Ortega inició la limpieza del Río San Juan, lo que provocó el reclamo del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, ante una supuesta invasión de territorio costarricense por parte de tropas del Ejército de Nicaragua.

Esta situación llevó a los diputados a realizar una Sesión Especial en San Carlos, departamento de Río San Juan, el 10 de noviembre, como una manera de reafirmar la soberanía nicaragüense sobre el afluente.

La defensa de la soberanía nacional fue uno de los pocos temas en torno al cual, oposición y gobierno se pudieron juntar en la Asamblea Nacional en el año 2010.

Atomizados e incapaces

Un hecho adicional que desestabilizó y profundizó la división de la oposición en el Parlamento, lo constituyó la recuperación de la diputación del conservador Alejandro Bolaños Davis. Con ello, la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, perdió un diputado, pues Bolaños Davis se separó de ese grupo legislativo y se declaró independiente.

Otro tanto hicieron los legisladores Enrique Quiñónez Tuckler y Allan Rivera Siles, quienes dejaron la BDN y se pasaron a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. Cada grupo parlamentario “jaló agua para su molino” y, buscando los favores del gobierno, apoyaron cada uno y por separado, ciertas iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo, la mayoría, por cierto, con trámite de urgencia, entre ellas una reforma al Presupuesto General de la República 2010.

Precisamente, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, respaldó las tres leyes de Defensa Nacional, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras a cambio de mantener sus cargos en la Junta Directiva del Parlamento para el próximo año.

El diputado del PLC, Maximino Rodríguez Martínez, “se peleó” a última hora con el ala arnoldista y se fue a apoyar la candidatura presidencial del consuegro de Arnoldo Alemán, Fabio Gadea Mantilla. Ante esta situación, Alemán aseguró que Maximino Rodríguez perdió la oportunidad de reelegirse como diputado.

Excepto para eventos coyunturales y por muy, muy poco tiempo, los diputados opositores no lograron consolidar “un bloque” que impidiera los desmanes jurídicos del Presidente Ortega quien, desde hace tres años, no envía a la Asamblea Nacional más de 75 nombramientos de funcionarios públicos que requieren de la ratificación del Parlamento.

Otra de las maniobras legislativas apoyadas por el Ejecutivo, fue el nombramiento del ex vicepresidente José Alfredo Gómez Urcuyo como diputado constitucional, en sustitución del ex presidente Enrique Bolaños Geyer quien nunca asumió su curul en su calidad de ex presidente de la República.