Leyla Jarquín
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El Comité Pro Elecciones Directas, Coped, emitió un pronunciamiento en el que hace un recuento de la crisis institucional que vivió el país durante el 2010, por lo que exhorta al Gobierno a garantizar un Estado de Derecho a través del respeto a la Constitución Política y a la independencia de los poderes del Estado.

Desde el Decreto Ejecutivo 03-2009 que firmó el nueve de enero el presidente Daniel Ortega para prorrogar en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos a los que ya se les había terminado su período; hasta la posición ambigua del Gobierno respecto al conflicto fronterizo con Costa Rica, son los puntos que según el Coped marcaron una crisis en este año que termina.

Este organismo menciona además que ha quedado en entredicho el respeto a la Constitución Política mediante la “convocatoria e integración de conjueces a la Corte Suprema de Justicia al margen de la ley”; la publicación del segundo párrafo del transitorio artículo 201 de la Constitución de 1987, y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 147 de la Carta Magna que prohíbe la reelección presidencial continua.

El Coped hace un fuerte llamado a la Asamblea Nacional para buscar un consenso con las diferentes bancadas que la conforman, a fin de elegir a sustitutos “probos” y “dignos” de los 25 funcionarios públicos a los que ya se les venció sus períodos constitucionales en los cargos.

También reprocha el hecho de que las leyes de Régimen Jurídico Fronterizo, Seguridad Democrática y Defensa Nacional “fueron aprobadas de forma inaudita y expedita, al margen del proceso legal establecido en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y la Constitución Política”.

Sobre el Poder Electoral

En su pronunciamiento, el Coped no dejó de señalar “la falta de independencia del Consejo Supremo Electoral y la poca transparencia con que realizó su trabajo durante los últimos procesos electorales”, lo cual “ha provocado zozobra y desconfianza entre los ciudadanos”.

Ante esa situación, dicho organismo propone como solución la renuncia o destitución de los actuales magistrados electorales o la reincorporación a la Ley Electoral de las reformas parciales para cargos de elección popular, lo cual, según ellos, restauraría “el derecho de los nicaragüenses a presentar candidaturas por suscripción popular para elecciones municipales, regionales, y a diputados independientes por circunscripciones departamentales, regionales y nacionales, sin que los candidatos tengan que pertenecer a ningún partido político”.