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A quien preside el Poder Ejecutivo se le llama también “Primer Ciudadano”, y por tanto es quien debe dar el ejemplo de respeto al Estado de Derecho, lo cual implica el respeto a la Constitución Política y a la independencia entre poderes del Estado.

Sin embargo, durante este año que termina, Ortega fue más bien el primero en violar las normas de la Nación. El 9 de enero desató la crisis con el anuncio del Decreto Ejecutivo 03-2010, en el cual se atribuyó funciones que sólo le competen a la Asamblea Nacional, para prorrogar en sus cargos a 23 funcionarios públicos a los que ya se les había vencido su período.

En dicho decreto, el mandatario se erigió como “coordinador” de los poderes del Estado, cuando el artículo 129 de la Constitución establece que “los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la Nación y a lo establecido en la Constitución”.

Rafael Solís, magistrado de facto de la Corte Suprema de Justicia
Para Rafael Solís, 2010 fue un año de cruenta batalla en defensa del Decreto Ejecutivo 03-2010 y de la vigencia del primero párrafo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, pues ambas cosas son ardides para justificar su permanencia y la de una veintena de funcionarios en diferentes poderes e instituciones del Estado, aún cuando ya se les venció el cargo.

Solís respaldó incansablemente la emisión del mencionado decreto, señalando que éste no viola la Constitución, y que su vigencia termina cuando los diputados nombren a los nuevos funcionarios; sin embargo, esto nunca se dio.

Incluso, llegó a protagonizar un enfrentamiento verbal con el magistrado Gabriel Rivera, cuando en una audiencia de la Sala Penal éste último expuso los motivos por los cuales Solís y su colega, Armengol Cuadra no podían integrar dicha instancia.

El magistrado de facto reaccionó iracundo y textualmente dijo: “Usted no hable siquiera, porque usted es un matón, usted es un matón, usted es un matón, yo no tengo por qué contestarle siquiera, quiero dejar bien clara la posición nuestra, cállese matón, cállese matón, cállese matón, esa es la posición de nosotros tres (los magistrados sandinistas), vamos a estar aquí presentes, vamos a firmar todas las sentencias y las actas de las audiencias quieran o no los matones vestidos de magistrados aquí”.

Pero Solís fue más allá de los argumentos jurídicos y las ofensas. El 20 de abril encabezó una movilización de turbas sandinistas que, con morteros y piedras en manos se dirigieron a atacar a los diputados de oposición que estaban reunidos en el hotel Holiday Inn, quienes trataban de pasar a comisión una ley que anularía el “decretazo”.

Solís —a quien no le gusta que lo llamen ex magistrado, pese a que su período ya se venció—, está seguro de la eficacia que hasta el momento ha tenido el decretazo, pues en una entrevista que concedió en junio al semanario Confidencial y que este Diario reprodujo, señaló que gracias a su vigencia no cuentan con la presión del tiempo para negociar y nombrar a los 25 funcionarios públicos.

Expresó: “La oposición es tan torpe que no entiende que vos tenés el poder, que sos el poder y que podés, desde el poder mismo diseñar una estrategia que te permita obtener los 56 votos mientras vos estás en una actitud infantil de no querer negociar”.

Roberto Rivas, magistrado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral
Según analistas, Roberto Rivas es la manzana de la discordia en todo este conflicto, pues aseguran que mientras el presidente Ortega quiere su permanencia en el CSE para asegurarse su reelección, la oposición lo quiere fuera de allí para garantizar elecciones transparentes.

Por lo menos eso se manejaba hasta que el pasado mes de octubre el diputado del PLC, José Pallais, admitió que su partido estaba dispuesto a elegir a los 25 funcionarios públicos en combo, y que en el caso del Poder Electoral serían 3 magistrados para la oposición, uno de consenso y 3 para el oficialismo, entre los que podían aceptar a Rivas.

Pero la realidad es que Rivas sigue en el cargo de magistrado presidente del CSE, y que el pasado 28 de octubre convocó a las elecciones nacionales del próximo año, en las cuales desde ya dijo que no habrá observación nacional e internacional.

Pese a que la Ley Electoral establece en su artículo 10, numeral 8, la acreditación de organismos de observación, el Calendario Electoral que aprobó el CSE sólo habla de “acompañamiento electoral”, lo cual Rivas justificó hace algunas semanas diciendo que es un término que se ha acuñado en América Latina.

“Ya pasaron los tiempos en que estábamos gobernados por dictaduras y entonces tenían que venir grandes contingentes de observadores a garantizar que los procesos electorales no fueran viciados o carecieran de transparencia como tales”, aseveró.

René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional

A René Núñez Téllez no se le conoce por ser un personaje controversial, pese a que es uno de los principales negociadores del partido gobernante. Sin embargo, en abril le sacudió el piso a la oposición y a la opinión pública al sacarse un “as bajo la manga”.

Núñez Téllez “sorprendió” al anunciar la vigencia del segundo párrafo del artículo transitorio 201 de la Constitución Política de 1987, con lo cual se legitimó la permanencia en sus cargos de los 25 funcionarios públicos a los que ya se les había vencido su período.

Según Núñez, el mencionado párrafo nunca fue suprimido mediante una reforma oficial y que por “una omisión constitucional”, no figura en la Constitución actual. Y es que el artículo 201 de la Constitución de 1987 constaba de dos párrafos y, según la explicación de Núñez, en una de las modificaciones que se le hicieron a la Carta Magna después de 1990, sólo fue derogado el primer párrafo, quedando vigente el segundo.

Cabe señalar que Núñez Téllez calificó como “la justa ira del pueblo” la marcha de turbas sandinistas que con morteros y piedras en manos se dirigieron a agredir a los diputados de oposición que estaban reunidos en el hotel Holiday Inn y que trataban de pasar a comisión una ley que anularía el “decretazo”.

Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre

Son los dos rostros que más sobresalen entre la oposición, pero no por sus logros para unificarla, sino por sus marcadas diferencias que los divide y los aleja de la posibilidad de vencer al oficialismo en las elecciones nacionales de 2011.

A inicios de año el escenario era esperanzador para las fuerzas de oposición: las corrientes liberales comenzaron un proceso de unidad, teniendo como mediador al obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata.

En abril, era aún mejor, sobre todo para Alemán, pues a propuesta del PLC, Montealegre aceptó que el candidato presidencial de la oposición sería electo a través de unas elecciones primarias interpartidarias que organizaría la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Sin embargo, en medio mutuas desconfianzas entre el PLC y el Movimiento Vamos con Eduardo y de la supuesta exclusión de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, el 1 de septiembre la CPDH decidió renunciar de forma irrevocable a su labor de organizador.

Un hecho que minó el proceso de las primarias interpartidarias, es que Montealegre se reunió con el presidente Ortega el 10 de abril para hablar sobre la elección de los 25 funcionarios públicos, lo cual no se supo hasta 16 días después.

Alemán y Montealegre comenzaron a desacreditarse mutuamente, pero éste último movió una pieza que el caudillo del PLC no esperaba: declinó su precandidatura presidencial a favor del empresario radial Fabio Gadea Mantilla.

Ahora, Montealegre le pide constantemente a Alemán que él también decline a su candidatura porque más bien divide a la oposición. Lo último es que el PLC está considerando apoyar la desaforación de Montealegre el próximo año legislativo, por una acusación de injurias y calumnias que presentó hace meses el economista Néstor Avendaño.

Edén Pastora, el hijo pródigo que volvió 30 años después
El Comandante Cero vino a cerrar el año con su protagonismo en el conflicto fronterizo con Costa Rica.

Casi de la noche a la mañana, Pastora -aquel que se apartó de la Revolución por considerar que había perdido su rumbo-, pasó de ser un severo crítico del Frente Sandinista, a un protegido del presidente Ortega, desde que éste le encomendó dirigir las operaciones de dragado en el Río San Juan.

Cuando el pasado 18 de octubre se inauguró el dragado del San Juan y Pastora apareció en vivo en la televisión explicándole al Presidente cómo funciona la máquina de limpieza del río, éste nunca imagino que días después iba a tener una orden de captura en su contra.

Costa Rica protestó inmediatamente por las acciones de dragado que había comenzado Nicaragua, pues según sus autoridades se estaban lanzando sedimentos a su territorio, y el 2 de noviembre el vecino del Sur emitió una segunda denuncia por la supuesta incursión de militares nicaragüenses en una isla que San José reclama como suya, pero que según tratados internacionales es tierra nicaragüense conocida como Harbour Head.

Las autoridades costarricenses no pararon sus reclamos ahí. La Fiscalía del cantón de Pococí, ubicada en la provincia de Limón, Costa Rica, giró una orden de captura contra Pastora, porque lo acusan de causar daños ambientales en la desembocadura del San Juan que insisten es suya.

El Comandante Cero tomó con ironía y burla la noticia, incluso cuando recientemente se conoció que el Juzgado de la provincia que originalmente giró la orden de captura, la homologó para solicitar su captura a la Policía Internacional, Interpol.