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Octavio Ramos, Yáder Ramos, Leonel Rojas, Antonio Talavera, Roberto Somoza, Juana Cuarezma, Benjamín Moreno y Hugo Barquero, ¿los conoce? Seguramente sí, porque los vio, los escuchó o leyó sobre ellos en algún medio de comunicación, o bien porque usted es poblador de uno de los municipios donde estas personas gobernaban, pero que de la noche a la mañana fueron destituidas de sus cargos.

Durante 2010, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, pasó por encima de la autonomía municipal para asegurarse el control de casi todas las alcaldías, con el fin de impulsar—desde y con los recursos de las mismas—, la tan anhelada reelección del presidente Daniel Ortega.

Así analizaron tres municipalistas las repentinas destituciones de autoridades locales que se dieron entre junio y agosto, y los sorpresivos anuncios de alcaldes liberales aliándose con el partido de gobierno, con el argumento de que era la única forma de ejecutar proyectos para el desarrollo de sus municipios.

Los movimientos de piezas

El primero fue el alcalde electo en Wiwilí, Nueva Segovia, Octavio Ramos, quien junto al secretario del Concejo, Antonio Talavera, fue destituido por una resolución emitida por dos concejales liberales y un sandinista, con el respaldo del vicealcalde Denis Quiñónez.

Le siguió el alcalde de Dolores, Carazo, Yáder Ramos, quien cayó por decisión unánime del Concejo; y siete días después le tocó el turno al vicealcalde de Jinotepe, Leonel Rojas, también destituido por concejales liberales y sandinistas, con la venia del alcalde Óscar Tardencilla.

En estos tres primeros casos, la causal señalada fue malversación de fondos e incumplimiento del trabajo, pero ninguna de las dos acusaciones se demostró con pruebas fehacientes. Más bien se observó el rápido nombramiento de los sustitutos con el aval del Consejo Supremo Electoral, CSE.

El Concejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, también fue afectado con la defenestración del consejero sandinista, Benjamín Moreno García, por supuesta traición a su partido.

Según el secretario político del FSLN en la RAAS, Johnny Hodgson, la razón fue que en la juramentación de los consejeros, Moreno abandonó la sesión y rompió una mayoría de 24 votos, “dando pie para que la derecha tomara nuevamente el control del Gobierno Regional en la RAAS”.

“La actitud inmoral, anti-ética, individualista, anti-autonómica, vende patria y oportunista, manifestada por el aludido Moreno García, es considerada por el FSLN como delito grave, ya que la traición al pueblo lesiona los principios revolucionarios”, fustigó Hodgson en esa ocasión.

Más dramáticas fueron las destituciones del alcalde y de la vicealcaldesa de Ciudad Sandino, Roberto Somoza y Juana Cuaresma, respectivamente, y del edil de Boaco, Hugo Barquero, pues éstos se resistieron a abandonar sus sillas y denunciaron que la verdadera causa era su negación a alinearse políticamente con el FSLN.

Somoza y Cuarezma denunciaron las abiertas amenazas de destitución que Nelson Artola, Presidente del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE; Edgardo Cuarezma, secretario político departamental del FSLN en Managua, y Juan Carlos Balmaceda, secretario político del FSLN de Ciudad Sandino, les hicieron “por su reiterada indisciplina partidaria”.

En este caso, los concejales sandinistas se presentaron con una carta de destitución del CSE y se hicieron acompañar por la jefa de la Policía de Ciudad Sandino, comisionada mayor Concepción Torres, quien fue la encargada de notificarle al alcalde de su destitución. Cabe aclarar que nunca se supieron las razones de esta defenestración.

En sustitución de Somoza y de Cuarezma se nombró a Cecilia Altamirano y a Virgilio Matamoros, como alcaldesa y vicealcalde, respectivamente.

La noticia de la destitución de estas dos autoridades no había dejado de causar reacciones, cuando se conoció que los concejales sandinistas y uno liberal del municipio de Boaco, habían destituido al alcalde Hugo Barquero, quien hasta hoy sostiene que lo sacaron porque se negó a apoyar la reelección del presidente Ortega.

Barquero se resistió a su destitución, y se mantuvo atrincherado en la Alcaldía desde el 22 hasta el 28 de junio, cuando fue sacado a golpes por agentes de la Policía Nacional. En su lugar fue nombrado Juan Obando, quien hasta ese momento fungía como vicealcalde.

Cabe aclarar que la Comisión de Municipios de la Asamblea Nacional resolvió a través de un informe la restitución de las autoridades de Wiwilí, Dolores, Jinotepe, Ciudad Sandino y Boaco, por considerar —luego de una investigación de los casos— que se violó el debido proceso establecido en la Ley de Municipios.

Pese a que posteriormente no hubo más destituciones, varios alcaldes liberales anunciaron alianzas con el partido de gobierno. Los ediles de Granada, Rivas, Potosí, Camoapa, El Coral, San Pedro de Lóvago y Cua, justificaron su decisión señalando que era una “alianza de trabajo”.

Detrás de estas conversiones estuvo siempre el presidente del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, Nelson Artola, quien en el anuncio de la alianza con el alcalde de Potosí, dijo que antes de que finalizara el período para el que fueran electos los alcaldes, el gobierno de Ortega estaría aliado con todos los ediles que fueron elegidos en la casilla del Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

En el camino de la reelección de Daniel Ortega

El sociólogo y municipalista Manuel Ortega Hegg considera todos estos movimientos en los gobiernos locales como un proceso de “recentralización” del poder, que está relacionado al interés del Presidente de reelegirse.

“Hay que ver lo que está ocurriendo en las alcaldías como parte de este proceso, y del objetivo fundamental que tiene el presidente Daniel Ortega de reelegirse, de tal manera que hay una orientación muy clara hacia los territorios de llevar todos los esfuerzos hacia ese fin, y todo aquel que no se discipline a estas metas, es destituido o es presionado para someterse”, expresó el experto.

En ese sentido, puso como ejemplo el hecho de que el alcalde de Granada, Eulogio Mejía, haya dicho que para poder hacer algo por el municipio tenía que pasar a trabajar con la Administración del presidente Ortega, así como el hecho de que, en Boaco, Hugo Barquero denunció que la razón de sus destitución fue no haberse querido someter a ese tipo de condicionamientos del Gobierno.

¿Pero por qué un gobierno central que quiere la reelección busca dominar las alcaldías para cumplir con su objetivo? Ortega Hegg explicó que las alcaldías son un poder muy importante, y que como todo poder pueden ser utilizadas para distintos fines, y la reelección puede ser uno de ellos.

Primero, recordó que en América Latina los gobiernos locales han favorecido el regreso de las llamadas fuerzas de izquierda, por cuanto funcionan como “vitrinas” de lo que podría hacer un gobierno central manejado por un partido de esa línea.

Pero señaló que, además de vitrinas, las alcaldías son una red política muy importante para cualquier candidato, pues un municipio representa un gran capital económico y social para el partido que lo gobierna.

“En los territorios, la autoridad más inmediata que cuenta con presupuesto y transferencias del Gobierno central es la de los municipios, y esos recursos se pueden utilizar de forma abierta o encubierta hacia objetivos de interés de un partido político”, refirió.

El municipalista de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Luis Serra, apuntó, por su parte, que mientras las alcaldías dependan de las transferencias de fondos del Gobierno central, existe la posibilidad de condicionamientos políticos.

“No tener autonomía financiera para hacer tus propios proyectos, te obliga a buscar negociaciones, sobre todo cuando hay gobiernos que tienen una tendencia centralista, como es el caso de éste… Entonces, dentro de ese marco se inscriben estas movidas, algunas en la ilegalidad, otras voluntariamente”, aseveró.

Serra también hizo relación de estas destituciones y alineamientos, con el hecho de que 2011 y 2012 son años electorales, pues dijo que puede estarse dando un “trueque” de “vos me ayudás en la campaña nacional y yo te ayudo en la campaña municipal”.

¿Y la autonomía municipal?

Para Ortega Hegg, Serra y Luis Caldera, también municipalista, la autonomía municipal es la gran víctima en medio de todos estos cambios.

“Sí, ha sido golpeada la autonomía municipal, en tanto el valor que tienen las decisiones que toma la población al momento de elegir, no son respetadas, entonces, la autonomía municipal que tiene su esencia en la capacidad básica de elegir a sus propias autoridades es irrespetada”, advirtió Luis Caldera.

Este experto señaló que las destituciones son un “vulgareo” a las regulaciones jurídicas que existen en Nicaragua, porque aunque el Poder Electoral tiene que darle respuesta a una situación de irregularidad que se produce con las autoridades de un gobierno municipal, lo que se vio fue que “muy rápidamente hizo el reconocimiento a los cambios que se produjeron, sin haber agotado todos los mecanismos y los procedimientos que la ley establece para dar un dictamen responsable”.

Sin embargo, Caldera hizo hincapié en alertar sobre los efectos en el campo humano de la autonomía municipal, pues dijo que después de las destituciones la gran pregunta de la población es: ¿De qué sirve que yo haga tal y tal cosa si se va a irrespetar, si mis necesidades no están resueltas?
Para este municipalista, “hay una sensación humana de que muchas cosas no tienen sentido”. “Queda un sabor muy desagradable en la población y un estado de frustración, y cuando una sociedad o una comunidad está así, la misma se congela en el tiempo y en el espacio, y crece la apatía, y la apatía es el mejor condimento para todo lo que se quiere hacer aquí”, agregó.

Al respecto, Manuel Ortega Hegg afirmó que la participación ciudadana se disminuye, porque “la gente siente que el poder para influir en las autoridades, para quitarlas o cambiarlas, es un poder que ha sido disminuido, porque los alcaldes a quien atienden es al Gobierno central y no a la población”.

Alcaldías están vulnerables

Ortega Hegg advirtió que “la estrategia es poner el mayor número de alcaldías que puedan distribuirse en una estrategia de reelección, y hasta que no se cierre el ciclo electoral del próximo año, las posibilidades de destitución están vivas”.

Luis Caldera señaló, por su parte, que “con un proceso electoral a la vista está claro que hay vulnerabilidad”. Mientras Luis Serra lo que ve es un cambio de estrategia, pues la forma de alinear a las alcaldías no es a través de destituciones, sino de “compras” o “beneficios económicos” para el edil.