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La actividad política en la Nicaragua de los últimos años se ha convertido en una tragicomedia donde el perdedor es el ciudadano que ha llegado a extremos de no opinar o de abstenerse, y en el peor de los casos, aborrecerla. El presente resumen ofrece pinceladas de una actividad política cambiante, sorpresiva, frustrante y hasta de mal gusto para la democracia por el predominio de la ilegalidad y la falsedad.

Madrugó con “decretazo”
Antes de que se instalara el periodo legislativo 2010, el presidente Daniel Ortega anticipó su primer golpe a la institucionalidad al anunciar el decreto 3-2010, un duro golpe a la oposición pero que además los atomizó y los anonadó para el resto del año.

El llamado “decretazo” de Ortega fue rechazado por los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, quienes lograron sesionar en un hotel hasta donde fueron apedreados y atacados sin piedad por turbas oficiales.

Esta acción dejó a Ortega con supremos poderes al pasar por encima de las leyes y la Constitución.

Funcionarios de facto, una moda
Los funcionarios leales al FSLN de los distintos poderes del Estado se ampararon en el decreto 3-2010, violando la Constitución. La Corte Suprema de Justicia fue clave para las aspiraciones de Ortega y como si fuera poco, entró como refuerzo el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución. Los magistrados liberales se negaron a conformar Corte Plena. Bajo esa sombra los del FSLN aprobaron la posibilidad de reelección de Ortega, se garantizaron el control del sistema judicial y legitimaron el “decretazo”. Cuando pasó esa tormenta, los magistrados liberales regresaron con el rabo bajo sus piernas.

La magia de las crisis
Los ya recurrentes conflictos por el Río San Juan han sido las tablas de salvación para los gobiernos de Nicaragua en los últimos años. Cada vez que el gobierno de Alemán entraba en crisis, surgía una crisis en el río; igual ocurrió con el gobierno de Enrique Bolaños. Ortega utilizó la crisis al máximo. Apenas acababa de salir de la crisis provocada por las lluvias cuando de pronto saltó el río. A ambos casos, el Presidente le sacó réditos. Según la última encuesta de M&R, el 30.9% de los consultados califica de forma positiva la gestión presidencial en áreas sensibles.

Poderes locales al carajo
El FSLN ganó la mayoría de las alcaldías del país a través del fraude en las elecciones del 8 de noviembre de 2008, pero eso no fue suficiente, hasta que el enviado especial para estas operaciones, Nelson Artola se encargó de crear las condiciones para destituir a cuatro alcaldes, decenas de concejales y vicealcaldes. La destitución más sonada fue la del alcalde de Boaco Hugo Barquero, quien fue obligado a dejar su puesto. El edil fue echado sin motivos legales y finalmente por la fuerza pública.

Mónica Baltodano recordó que el FSLN promulgó la Ley de Municipios durante su primer gobierno y ahora la desconoce.

El retorno del “zancudismo”
La actitud cómplice y complaciente registrada por los partidos políticos en la década de los sesenta y setenta, llamada “zancudismo” se reeditó nuevamente y con halagos, amenazas y chantajes, el orteguismo diezmó a la oposición al extremo que fue incapaz de enfrentar como tal al gobierno de Daniel Ortega.

Fueron lastimosas las actitudes de bancadas como ALN, BUN; y PLC a finales de año. El apoyo de ALN al oficialismo quedó en evidencia con el llamado “decretazo” y aunque las otras bancadas opositoras acordaron no sesionar como forma de presión para exigir al FSLN que aceptara derogarlo.

Mal año para el Ejército y Policía
Los altos mandos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional no pasaron la prueba de su respeto a la Constitución. En el caso de la Policía, sus agentes estuvieron prestos a “contribuir” de manera deliberada a la expulsión de los alcaldes de Ciudad Sandino y Boaco. En el caso del Ejército fue más cuidadoso y propuso mediante iniciativa de ley del Ejecutivo, tres leyes de Seguridad y Defensa que llevó a los oficiales a deliberar en la Asamblea, contraponiendo su carácter apolítico.

Adiós a los 56 votos, pero…
Daniel Ortega, al no conseguir los 56 votos para reelegirse, se vio obligado a imponer el “Decretazo” para mantener a Roberto Rivas y la espuria resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Cinco magistrados FSLN, incluyendo a los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra, con el apoyo de conjueces ratificaron la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución Política, el mismo que prohíbe la reelección de Ortega.

Gadea entre la frustración y la esperanza
En medio de una disputa eterna entre Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán surgió el empresario radial y grupo de personajes de centro y de derecha con una opción que cierra el año con incertidumbre, aunque al final se acercó a lo que podría ser su casilla, la del PLI, un partido que aunque histórico y solvente, está más agrietado que el mapa de fallas de Managua. El precandidato no pudo atraer al PLC, pero sus aliados lograron conformar la coalición Unidad por la Esperanza, UNE, que presenta a Gadea como su candidato. Las encuestas no dieron muchas posibilidades al aspirante presidencial, ni siquiera entre los independientes a quienes Ortega comenzó a halagar.