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Las trabas y los cobros para la salida de las materias primas de El Nuevo Diario, representan formas de coartar la libertad de expresión y el derecho a la información de parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, sobre todo cuando recibe críticas.
Así opinaron distintos diputados de la Asamblea Nacional sobre los bloqueos que están imponiendo la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda para la salida de las materias primas de este Diario, como el papel.


El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, Eduardo Montealegre, consideró que así se está coartando la libertad de expresión y se está limitando la información a la población, además de que es una violación más a la Constitución Política de parte de este Gobierno.

Llaman a cesar acciones

Montealegre—que se solidarizó con El Nuevo Diario—hizo un llamado al presidente Daniel Ortega y a las autoridades de la DGI, DGA y Hacienda “para que cesen de estar tratando de coartar la libertad de expresión poniendo trabas y tarifas que no son legales”, y para que hagan caso a lo que establece la Constitución.


“Insto a END a seguir, a no detenerse como yo se que lo van a hacer, porque aquí no puede haber un tipo o varios tipos que abusan y hacen los que les ronque la gana…si la actuación de antiguos directores generales de Ingresos era ilegal, equivocada y abusaban del poder y hasta metían las manos, no puede seguir siendo así”, señaló en alusión a que este Diario está siendo objeto de represalias debido a sus publicaciones sobre la irregular administración del titular de la DGI.

“Ortega le tiene terror a la libertad de expresión”

Mientras, el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco, señaló que este sabotaje a END “es una demostración del terror que Ortega le tiene a la libertad de expresión”.


Tinoco no descartó que esas trabas de parte de la DGI, Hacienda y la DGA sean en represalia por la información publicada por este Diario sobre actos de corrupción de los titulares de las dos primeras instituciones, sin embargo afirmó que lo que hacen estas entidades es por orientación del presidente Ortega.


“Estamos ante un gobierno dictatorial…hay que cerrar filas frente a eso, sobre todo El Nuevo Diario por su derecho informar”, dijo.

PLC ofrece respaldo jurídico
Además, el PLC ofreció respaldo jurídico a través de su jefe de bancada y puso a la disposición de END las diligencias profesionales de los diputados Ramón González, José Pallais y Oscar Moncada.


El diputado conservador, Alejandro Bolaños Davis, afirmó por su parte que “muchas veces los gobiernos utilizan presiones de diferentes tipos, como económicas y administrativas, para tener influencia sobre sus adversarios”.


“Si un miedo como este no tiene los papeles, no tiene la tinta, etc. se restringe, se afecta (la libertad de expresión) y es importante que el Gobierno ayude a las empresas y en este caso a las que trabajan en la industria de la comunicación, para que haya un máximo de fluidez, de comunicación y de libertad de expresión”, expresó.

Ley Arce violenta Constitución
El diputado Agustín Jarquín Anaya también rechazó las trabas al ingreso de materias primas para El Nuevo Diario. Según el legislador, debe darse la apertura para evitar especulaciones sobre razones políticas.


Además señaló que los beneficios para los medios de comunicación están establecidos en la Carta Magna y recordó que la Unión Demócrata Cristiana, UDC, con diputados en la década de los noventa, aprobaron tal disposición en las reformas constitucionales de 1995. Por ello señaló que la misma “Ley Arce”, violenta la Constitución.


Jarquín llamó a la Dirección General de Aduanas, DGA, a que actúe con diligencia pues sabe de otros casos para los cuales él mismo hace gestiones.


“Lamentablemente no hay solo estas retenciones, conozco de otras que estamos haciendo gestiones para que puedan salir pronto y se resuelva este tema. Además fue una disposición constitucional. Señaló eso porque la UDC en el año 1995 impulsó esa iniciativa con diputados de la época. Incluso en la denominada Ley Arce se violenta el derecho constitucional”, consideró Jarquín.

No creo que sea por razones políticas
La diputada del FSLN, Martha Marina González, en cambio consideró que podría tratarse de un asunto meramente técnico que debe resolverse con las autoridades competentes, en caso contrario instó a El Nuevo Diario a que hable con el presidente Daniel Ortega.


González rechazó que los obstáculos en Aduanas sea un boicot por razones políticas, luego que END publicara reportajes sobre corrupción en la Dirección General de Ingresos, DGI y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, tal como lo denunció el gerente general de END, Gabriel Chamorro.


“Yo no creo (que sea por razones políticas), lo que creo es que les debe hacer falta algo. La Aduana no les va a retener cuando uno llena todo los requisitos. Esas son cuestiones técnicas. Aquí han metido material todos los medios; La Prensa, las radios, y como lo ha venido trayendo El Nuevo Diario. Que revisen, alguna cuestión técnica les hace falta y no se las han entregado. Tienen que ir a hablar a Aduana, y si no, pues hablar con el Presidente”, consideró González.

(Con la colaboración de Leonor Álvarez)