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A las siete y treinta minutos de la noche, el Consejo Supremo Electoral de facto emitió la resolución que daba por inscrito al presidente Daniel Ortega como candidato a la reelección. Ese mismo día, el 18 de marzo, no se sabe la hora, La Gaceta, Diario Oficial, publicó la inscripción de todos los candidatos a la Presidencia de la República. Una sorprendente rapidez que tienta a imaginar que, en realidad, el diario fue un oráculo.


Es la segunda danza de La Gaceta. La primera fue el 16 de septiembre, cuando publicó una versión constitucional donde agregó el artículo transitorio 201. Los protagonistas de este acto fueron el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, y la segunda secretaria, Alba Palacios. En realidad, buscaba darle cabida al decreto presidencial 03-2010, del 9 de enero de ese año.


Con ambos instrumentos, el Presidente pretende legalizar la permanencia de hecho de funcionarios públicos cuyos períodos constitucionales habían vencido. Entre ellos, los magistrados electorales que inscribirían a Ortega y a los magistrados del Poder Judicial que ya habían cumplido su labor, además de una veintena de funcionarios estatales.

La defensa de un catedrático
El fruto de la labor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, fue presentada a los nicaragüenses 11 meses antes, el 20 de octubre de 2009. Era la sentencia de la Sala Constitucional, firmada por seis magistrados del FSLN, ante la “ausencia” de los liberales afines al ex presidente Arnoldo Alemán. El procedimiento fue señalado de incorrecto, pero fue acatado por todos los poderes del Estado.


Con todos los sucesos, el Presidente ahora es candidato. El argumento del FSLN, según ellos, es muy sólido. No verlo así, sería anárquico, dijo el diputado Edwin Castro Rivera, jefe de la bancada oficialista. Castro es doctor en derecho constitucional e instruye sobre esta disciplina a estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA.

Constitución inconstitucional
La CSJ, mediante su sentencia de 2009, declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección continua y el ejercicio de la Presidencia por más de dos ocasiones. El argumento es que se coarta el derecho de igualdad de los nicaragüenses. El portal oficialista El 19 digital tituló: “La CSJ restablece derecho a la reelección para todos los nicaragüenses”.


La doctora Miriam Arguello, aliada del FSLN, fue categórica en que no se puede declarar inconstitucional a la misma Constitución. Para sustentarlo, presentó jurisprudencia sentada por magistrados en 1996, donde rechazaban el mismísimo argumento de Ortega. El señalamiento hecho por la oposición es que se estaba reformando la Carta Magna y ello correspondía únicamente al Poder Legislativo.

Los argumentos del catedrático
Castro rechaza que se haya reformado la Constitución, dice que solo se declaró inaplicabilidad a un artículo, y que ello es facultad de la CSJ.


“Cualquier norma jurídica, si hay contradicciones, es derecho del Poder Judicial se declare inaplicable. Aun de la misma Constitución, es lo que se llama antinomia constitucional”, dijo Castro. Luego explicó que ello se valora cuando un constituyente derivado se opone a un constituyente originario.


“Si estos partidos se autollaman demócratas, un principio es el acatamiento de la Ley. Aquí las resoluciones porque no me gustan, finjo que no existen, y digo que son ilegales de acuerdo con mi criterio, se acabó el Estado de Derecho y el Estado”, dijo Castro.


Los partidos autollamados opositores, los organismos de la sociedad civil,  la Iglesia Católica y los empresarios, rechazaron todos los instrumentos “legales” que presentó Ortega. Algunos se movilizaron en marchas, otros con pronunciamientos y promesas de recursos en el Parlamento y ante el Poder Judicial. La mayoría de las promesas murieron en el último segundo de fuerza que sostuvo el sonido de sus palabras.

La primera non-nata: Ley de nulidad de la sentencia de la CSJ
La sentencia fue emitida por seis magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ, con la mitad de miembros de otra sala. Eran las seis de la tarde del 20 de octubre de 2009. Horas después, los liberales, cuyos magistrados habían expresado excusas tras excusas, anunciaron una iniciativa de Ley para declarar nula la sentencia de la Corte.


La propuesta fue señalada de legitimar la resolución del FSLN. En el Parlamento, la oposición desarticulada no logró una sola victoria, su mecanismo de presión era no hacer quórum ante leyes importantes como el Presupuesto General de la República. Pero el FSLN logró aprobar sus leyes con esas mismas bancadas, a veces le tocó a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, a veces al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y a la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN.

Fuerzas de cara a través de medios
Recientemente, el magistrado de facto Rafael Solís criticó los recursos de nulidad de la candidatura de Ortega, y señala que lo que cabía era un recurso de nulidad a la sentencia, que es, al fin, el instrumento que “habilitó” al mandatario.
El resultado del trabajo de los partidos, tanto montealegristas como arnoldistas y de otras fuerzas políticas fue realmente nulo. Paradójicamente, nadie recurrió de nulidad ante la sentencia de la Corte, y la iniciativa de Ley no pasó de la primera secretaría, de los discursos efusivos, de las luces y de las cámaras.


La mayor beligerancia vino de las organizaciones civiles, que un mes después convocaron a una marcha que reunió a miles de personas, quizá la más fuerte de los últimos tres años. Ese 21 de noviembre de 2009, en realidad estaba reforzado por los simpatizantes de algunos candidatos a alcaldes, cuyas victorias habían sido robadas producto del fraude de las elecciones municipales de 2008.


El manifiesto de las organizaciones civiles encabezadas por el Movimiento por Nicaragua y la Coordinadora Civil, al finalizar la marcha señaló la necesidad de establecer la gobernabilidad en el país y un diálogo nacional inclusivo entre todos los sectores del país, como garantía de la paz. Ahí calificaron la resolución de la  CSJ como un golpe de Estado.

La iniciativa abortada ante ausencia de “opositores”
El 9 de enero, el Presidente de la República firmó el decreto 03-2010 --llamado el “decretazo”--, el cual permitiría mantener en sus cargos a más de 25 funcionarios públicos con períodos vencidos. El argumento fue que Ortega es el coordinador de los poderes, y que para evitar un vacío, se recurrió a esa figura. El doctor Manuel Aráuz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Universidad Centroamericana, considera que la única medida es que se recurra por inconstitucionalidad ante la CSJ.


El diputado Óscar Moncada, del PLC, recurrió de amparo, pero fue rechazado por la CSJ. Luego los liberales introdujeron una iniciativa de Ley que derogaba ese decreto presidencial, pero fue rechazada en el plenario del Parlamento, el 20 de enero de ese mismo año. Ello se logró tras una movida del FSLN y por la ausencia constante de diputados liberales.

Los “equivocados” del PLC
El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, verificó el quórum de Ley, y al ver que no estaba la mayor parte de los diputados liberales, dio pase a la inclusión de la iniciativa contra el decretazo, y llamó a que se votara si se incluía o no ese anteproyecto en el orden del día. 39 votos lo rechazaron y 23 lo aprobaron. La oposición fue derrotada. Ese día se recuerda porque el presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, dijo equivocarse de botón y votó en contra del anteproyecto.


Su ausencia no sorprendió a nadie, lo siguen haciendo desde las leyes más importantes hasta la aparentemente más insignificante. El 18 de enero de este año,  toda la bancada del PLC llegó con más de una hora de retraso, y trabajó sólo por cinco minutos. De la bancada democrática suele verse entre seis y ocho miembros. Del MRS uno o a veces los dos que tiene esa fuerza política. Pero la bancada oficialista asiste puntualmente, y de no llegar propietarios acreditan a sus suplentes.

Fracasa marcha de las escobas y la otra Constitución
Nuevamente la movilización ciudadana vino de organizaciones civiles, que convocaron a la “marcha de las escobas”, con la cual pretendían barrer con la corrupción en los poderes del Estado. Ahí no asistieron tantos miles. Con media hora de retraso, la Unión Ciudadana por la Democracia y otras organizaciones marcharon vestidos de blanco.


La jornada concluyó sin incidentes. Salió de los semáforos del Autolote El Chele (Radial Santo Domingo) y terminó frente a la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE), Metrocentro.

Gacetazo, iniciativas, discursos y…

16 de septiembre de 2010. El presidente de la Asamblea con la segunda secretaria, Alba Palacios, manda a publicar la Constitución, incluyendo el artículo 201. Los liberales argumentan que el proceso debió ser aprobado por la Junta Directiva y con la firma del primer secretario Wilfredo Navarro, quien fue “sorprendido”. Eso fue lo que pareció, pues una carta de notificación de Núñez, fechada el 10 de septiembre, le manda a publicar la Carta Magna, pero al no responder le correspondió acreditar a Palacios.


Ante esta nueva disyuntiva, los opositores barajaron dos propuestas: la destitución de Núñez y una resolución que anulara su acto. Ninguna prosperó. Las discusiones y recriminaciones entre el PLC, la BDN y la ALN no permitieron unir esfuerzos contra el FSLN. La mayor oposición vino de la ALN, que alegó desacuerdos totales con las disposiciones.


Otra vez las organizaciones civiles llamaron a marchar contra la reelección para el 27 de noviembre de 2010. Tras varios inconvenientes, fue pospuesta. Nunca se realizó.


El 5 de octubre de 2010, René Núñez --atendiendo la moción del diputado Juan Ramón Jiménez-- sometió a votación el respaldo del Parlamento al artículo 201. Nuevamente los liberales estuvieron ausentes, que si bien estaban presentes, deambulaban por los pasillos o por las oficinas en horas de plenario. La moción obtuvo 48 votos a favor y 11 en contra, incluyendo siete de la Bancada Democrática de Nicaragua (BDN), los cuatro restantes se contaban entre PLC e independientes.


El Presidente se inscribió contra la Constitución
“Él no es candidato, no existe, no sé por qué dicen que es candidato, ustedes los medios se encargan de decir que es candidato”, dijo Arnoldo Alemán, en 16 ocasiones, 12 en las rutinarias reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, CEN del PLC.


Antes de la inscripción, el PLC introdujo un proyecto de Declaración Legislativa contra la reelección de Ortega. Ello no tiene carácter de Ley y no es de obligatorio cumplimiento.


Tras la inscripción del mandatario, llegaron las impugnaciones. Nadie cree que tengan resultados, y los esfuerzos están centrados en la campaña de los candidatos, esta vez divididos en tres partidos liberales.