•  |
  •  |
  • END

El acuerdo político que los candidatos a alcaldes y concejales por el Frente Sandinista tendrán que firmar previo a las elecciones municipales riñe con la Constitución y la Ley de Municipios, por lo que, de ser electos, estos funcionarios no tendrán la obligación de cumplirlo, aseguró el constitucionalista Gabriel Álvarez.

El congreso sandinista decidió que los candidatos de ese partido firmarán una “propuesta de obligaciones políticas y éticas”, de modo que si son electos deberán consultar a los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) y ejercer la democracia directa.

El presidente Daniel Ortega advirtió que “el compañero que firme la propuesta y mañana que esté en el cargo no cumpla, se va de la alcaldía”. Pero Álvarez considera que esta advertencia no tiene asidero legal y, además, “viola algunos principios constitucionales”.

El constitucionalista se basa en el artículo 177 de la Constitución Política, donde está establecida la autonomía municipal. “Los municipios gozan de autonomía política, financiera y administrativa. La administración y gobierno de los mismos corresponde a las autoridades municipales”. La razón de Ortega, además, no es una causal de destitución.


“Nada tiene que ver”

Según Álvarez, las pretensiones del presidente Ortega, también Secretario General del FSLN, contradicen las disposiciones contempladas en la Ley de Municipios, que establece que “la autonomía municipal es un principio consignado en la Constitución Política de la República de Nicaragua para el ejercicio de la democracia mediante la participación libre y directa del pueblo”.

Ortega, sin embargo, se refirió a la democracia directa y aseguró que “al firmar el compromiso usarán elementos jurídicos legales, y si (los alcaldes y concejales) no quieren cumplir con los compromisos, se van de la alcaldía”. Para el jurista, no existen esos elementos jurídicos a los que se refiere el Presidente.


Una renuncia anticipada
Álvarez afirma que no hay método alguno que destituya a los alcaldes. “Lo único que podrían hacer es firmar una renuncia anticipada”, explica el jurista. Pero aún firmando la renuncia, estando en el cargo pueden desistir.

Los alcaldes electos no tienen obligación de obedecer a los CPC, considera Álvarez, pues el artículo 18 de la Ley de Municipios establece que “el gobierno y la administración de los municipios corresponde a un Concejo Municipal, el cual tiene carácter deliberante, normativo y administrativo”.

Los CPC están creados legalmente en la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, como parte del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, por lo que no tienen incidencia en el ámbito municipal, asegura el jurista.

“Los mecanismos de participación e incidencia de la ciudadanía están contenidos en la Ley de Participación Ciudadana”, que establece los cabildos abiertos, entre otros procesos de consulta y no la interpelación de los CPC.

“Además, son candidatos que de previo están sometidos a las estructuras partidarias”, expresó.

La propuesta que firmarán los candidatos sandinistas establece que renunciarán, además, a los incrementos salariales y estipendios adicionales del cargo.