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Los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, CSE, impidieron ayer que ciudadanos que integran el denominado Movimiento contra la Reelección y el Pacto, presentaran ante ese poder del Estado un recurso de impugnación contra la candidatura de Arnoldo Alemán Lacayo, argumentando su condición valetudinaria y de ex reo, acusado de robos al erario público.

El grupo de al menos seis ciudadanos, entre los que estaban el Comandante de la Revolución, Henry Ruiz, y el ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, no llegó siquiera a pisar la sede del CSE en Metrocentro, por la protección que mantiene la Policía Nacional en el perímetro, considerado oficialmente como “zona de seguridad”.

Novoa explicó que Alemán no puede participar nuevamente como candidato presidencial, porque “su condición física es de valetudinario; porque está condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero; porque tiene tres casos pendientes que aún no han sido dilucidados y porque no puede salir de Nicaragua sin que lo echen preso en cualquier otro país por la Interpol…”.

El ex procurador explicó que aunque ellos no confían en el CSE, quieren “desenmascarar” a esta institución, al dejar constancia de que no acepta los reclamos de los ciudadanos que tienen derecho a participar también en el proceso electoral.

“Les vale un carajo los ciudadanos”
Por su parte, el Comandante Henry Ruiz expresó que la limitación de los espacios en el CSE, “es parte de la filosofía de este gobierno” y, en ese sentido, proyecta que a medida que se acerquen las elecciones del 6 de noviembre, va a ser más constante la exclusión de la ciudadanía, principalmente de quienes protesten contra la reelección presidencial de Daniel Ortega.

Además, Ruiz cuestionó principalmente el hecho de que los civiles estén expuestos al peligro, por priorizar la protección del CSE. Al respecto, dijo que la “cortina de vallas” ubicada frente al CSE, “bien la pueden echar para atrás, para no obstaculizar la circulación de los vehículos y exponer al transeúnte”, porque considera que nadie va a intentar meterse al CSE.

“Pero les vale un carajo a ellos los ciudadanos y no son los policías, son las autoridades superiores quienes los están mandando a estos jóvenes policías”, dijo Ruiz, agregando que de nada vale que la Jefa de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, actúe de forma prudente, cuando en general está obedeciendo órdenes que violentan la Constitución Política.

“Ella tiene que apegarse a la ley, el General (Julio César) Avilés y la Aminta Granera no pueden hacerle caso a una orden que va contra la ley”, dijo Ruiz, quien también consideró que Granera tiene que comenzar a examinar su conciencia.

El pasado 21 de marzo, estos mismos ciudadanos introdujeron un recurso de impugnación a la candidatura presidencial de Daniel Ortega, por estar prohibida la reelección consecutiva en el artículo 147 de la Constitución Política.

Al final, el grupo de ciudadanos fue remitido al CSE de Sajonia, donde tampoco los recibieron.

Por su lado, la diputada Mónica Baltodano, consideró que los candidatos que participan en el proceso electoral legitiman al régimen de Ortega. Según Baltodano, si ningún candidato opositor se inscribiera, quedaría clara la ilegitimidad del proceso y obligaría a una discusión más amplia.

Baltodano considera que un boicot a las elecciones es viable y correcto, a diferencia de la situación de Venezuela en el 2004, pues en ese país la reelección de Hugo Chávez fue respaldada por un referéndum, mientras Ortega lo hace contra toda ley.

En tanto, la diputada María Dolores Alemán, hija de Arnoldo Alemán, consideró que la impugnación no tiene sentido y que el ataque a su padre es un asunto personal de Baltodano y su grupo. Rechazó que su padre sea valetudinario, pero admitió que aún padece varias enfermedades.

La condición de valetudinario --por padecer unas nueve enfermedades que requieren cuidado especial--, le permitió a Alemán gozar del beneficio de arresto domiciliar durante todo el proceso judicial que enfrentó por unos seis delitos, entre ellos, lavado de dinero, fraude, peculado y malversación de caudales públicos.