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Líderes indígenas mostraron su desacuerdo con algunas directrices que contiene la iniciativa de Ley de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua”, sobre todo lo que se refiere a los cánones de arriendo e impuestos a pagar a las municipalidades por la tenencia de la tierra.

La Asamblea Nacional realizó el foro “Protección y respeto a los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de Nicaragua”, donde los representantes indígenas de todo el país ventilaron su inconformidad con modificaciones que se han hecho al proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

El cacique del pueblo indígena de Jinotega, Miguel Gómez, explicó que con esa propuesta de ley buscan “la paz y la armonía” entre los pueblos indígenas y las municipalidades, ya que actualmente no hay un acuerdo entre ambas partes, sobre todo, en el tema de los impuestos y la tenencia de la tierra.

“La Ley de Municipios manda que las tierras indígenas o los pueblos indígenas están exonerados de impuestos de bienes inmuebles, pero no nos escapamos de eso… con la tenencia de la tierra, el que no es indígena, tiene que pagar a la comunidad indígena, pero como también le tienen que pagar a la municipalidad, deja de pagarle a la comunidad indígena”, señaló.

“El arrendatario es aquel que no es indígena, y quien debe tener un contrato de parte de la comunidad indígena que dura 10 años, y si hay acuerdo se hace uno nuevo. Y con esta ley, por ejemplo, si vos tenés un pedazo de tierra en un territorio indígena, la ley te obligaría a tomar en cuenta a la autoridad indígena”, agregó.

Sin embargo, los pueblos indígenas que están participando en este proyecto de ley --que son los 22 existentes a nivel nacional--, expresaron su inconformidad por algunas modificaciones que se le han hecho a la propuesta que fue dictaminada en 2006.

“Los parlamentarios que ingresaron en 2007 se dieron a la tarea de revisar el proyecto de ley, y así incorporaron 40 nuevos aportes a la ley, los que sin consulta con nuestros pueblos y sin nuestro consentimiento se pretenden incorporar como mociones en la discusión plenaria de aprobación de la ley”, reza el pronunciamiento de los pueblos indígenas.

Gómez señaló que uno de los aspectos con el que no están conformes es que cambiaron a dos años el período de las autoridades indígenas, cuando ese tiempo varía por cada pueblo.

También indicó que les quieren imponer la creación de un Consejo Institucional. “La ley tiene que ser consultada, ¿con quiénes? Con los indígenas. Yo como presidente de la Junta Directiva no puedo aprobar nada, porque primero tengo que consultarlo, por respeto”, aseguró Gómez.