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La falta de separación entre los poderes del Estado, las violaciones a la Constitución Política de parte del presidente Daniel Ortega, y el irrespeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha hecho que actualmente no exista un Estado de Derecho en Nicaragua, según valoró el constitucionalista Julio Icaza.

“A partir de 1990 se vino haciendo un esfuerzo para construir un Estado de Derecho en Nicaragua; sin embargo, a partir de los pactos de 2000 y de 2005 se empezó un proceso de desmontaje de ese Estado de Derecho, además, que la política del actual gobierno ha consistido en un deliberado esfuerzo por acabar con esos logros”, señaló Icaza, quien participó en el seminario que se realizó ayer sobre “Los principios y fundamentos del Estado de Derecho”.

Como ejemplo del deterioro del Estado de Derecho, el experto citó la candidatura del presidente Ortega, que es contraria a lo que establece el artículo 147 de la Constitución, aun cuando magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, lo hayan declarado inaplicable, pues el único órgano facultado para reformar la Carta Magna es la Asamblea Nacional.

Respecto al irrespeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, Icaza mencionó la represión que sufrió el sábado pasado la marcha que organizó la sociedad civil, para expresar su rechazo a la reelección del mandatario.

“Además, tenemos un CSE de facto, porque fue prorrogado por un decreto que pasó por encima de lo que establece la Constitución, donde está establecido con toda claridad cuáles son los plazos de esos magistrados”, agregó.

Proceso electoral irregular
Icaza no dejó a un lado las irregularidades que está teniendo el proceso de elecciones nacionales de este año, como la deficiente cedulación, la partidización completa del CSE, la falta de limpieza y de actualización del Padrón Electoral, y la negativa a aceptar la observación nacional e internacional.

“Esos son factores que lo que hacen es provocar una extrema preocupación, no solamente por parte de la sociedad nicaragüenses, sino también en los distintos gobiernos del mundo”, advirtió.

En el seminario también participó el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, Yalí Molina, quien mostró su preocupación por las anomalías en el proceso electoral.

Además, estuvo presente el presidente de la Barra de Abogados de Nicaragua, Noel Rivera, quien por la naturaleza del tema del seminario, llamó a los políticos a “sacar la mano del Poder Judicial para que Nicaragua vuelva a ser República”.

La cátedra estuvo a cargo del profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Concepción, de Chile, Fernando Saenger Gianoni. En su ponencia, destacó que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “ley es toda norma jurídica de carácter general ceñida al bien común, que emana de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido (…)”.