•  |
  •  |

En cuatro años y cuatro meses de gobierno, Daniel Ortega ha demostrado ser un buen legislador. Once decretos ejecutivos son la muestra de que el mandatario tiene un afán por usurparle facultades al Poder Legislativo.

Sus inicios en materia legislativa ocurrieron poco después que inició su segunda administración, cuando mandó a publicar en La Gaceta una reforma a la Ley 290, Ley de Organización Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, sin haber sido aprobada por el Parlamento.

Durante su primer período, en la década de los 80, el gobernante tenía potestad para legislar vía decreto en materia fiscal y administrativa. El Presupuesto General de la República era aprobado por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sólo lo conocía.

Pese a que el marco legislativo es diferente, Ortega infringe las normas, y es capaz de reubicar tres municipios y de otorgarle grado de comisionados generales a tres comisionados mayores de la Policía Nacional. Todo a través de Decretos Ejecutivos o, en su defecto, de acuerdos presidenciales.

Lo último o carrera contra el tiempo
Y aunque Ortega ha demostrado ser capaz de legislar en cualquier materia y ante cualquier circunstancia, fue hasta la semana pasada que legisló en dos ocasiones en un lapso tan corto.

El Decreto Presidencial 15-2011, publicado el martes pasado en La Gaceta incorpora a Chontales los municipios El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, violando así la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas y la Ley de Municipios.

“Con el Decreto 33-2001, referido a la reincorporación de municipios a la RAAS y al departamento del Río San Juan (...), (se) rompe con el principio de proporcionalidad establecido en la Ley Electoral, ya que con menores electores mantiene tres diputados en el departamento de Chontales, y con mayor número de electores, sólo dos diputados en la RAAS”, argumenta Ortega en el decreto presidencial.

La misma Gaceta contenía otra joya: el Acuerdo Presidencial 88-2011, donde 37 millones de córdobas aún no soportados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) se convertían en deuda pública por disposición de Ortega, quien con este acuerdo orientaba pagar esa cantidad a Bancentro.

Muy diverso
Ortega ha legislado sobre temas variopintos. En agosto de 2008, el mandatario emitió un Decreto de Estado de Emergencia Económica, en el que autorizó la intervención de la empresa Tropigás por parte del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

Entonces la crítica fue que el decreto no dejó claro cuáles eran los derechos y garantías constitucionales suspendidas, y si el decreto regía en todo el territorio nacional o sólo en parte de él, como establece la Ley de Emergencia.

Y así como subió rangos de comisionados, también ha reformado el Presupuesto General de la República, tal como lo hizo en diciembre de 2008 argumentando “la inactividad del Poder Legislativo”.

Menos importantes han sido los nombramientos a ministros, viceministros y embajadores, sin la debida ratificación de la Asamblea Nacional, tal como lo establece la última reforma constitucional.


El “Decretazo”
En 2010 el mandatario debutó con un Decreto Presidencial que prorroga y ratifica en sus cargos a más de 20 funcionarios de alto nivel, entre ellos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), Corte Suprema de Justicia (CSJ), contralores colegiados, procurador de Derechos Humanos y Superintendente de Bancos.

Todos estos funcionarios permanecen en sus cargos amparados en ese decreto, y es por esa razón que los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral dirigirán los próximos comicios, en los que inconstitucionalmente Ortega se presenta como candidato presidencial.