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El Consejo Supremo Electoral, CSE, aplicará severas restricciones a los organismos cívicos dedicados a la observación electoral, pues en procesos eleccionarios anteriores las autoridades han detectado que muchas de las personas capacitadas para ejercer la labor de observación terminan como fiscales de los partidos políticos, e incluso como miembros de las Juntas Receptoras de Votos, JRV.

El presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, advirtió que esta situación constituye un delito electoral y por tanto no descartó la posibilidad de recurrir ante las autoridades competentes
--Fiscalía Electoral-- contra la persona y el organismo que resulten involucrados en un caso similar.

Este año, según Rivas, emitirán un reglamento que exija a los organismos cívicos entregar de previo al CSE las listas de las personas a capacitar como observadores, a fin de evitar que aparezcan después como fiscales de los partidos políticos participantes en la contienda.


Habló con proveedores
Rivas dijo que en una reunión con embajadores de varios países europeos y el de Estados Unidos, Paul Trivelli, abordó el tema y les advirtió que el dinero que ellos destinan para capacitación de observadores muchas veces no es bien utilizado.

El titular del CSE cuestionó el hecho de que los organismos de la sociedad civil ya no sólo observan elecciones, sino también el trabajo del Poder Judicial, de la Contraloría y de otras instituciones estatales. Recordó que los 8.1 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó a estos organismos en 2007 es superior al presupuesto que el Poder Electoral recibió ese año.

“Nunca hemos dicho que no queremos observación electoral. Sí queremos una observación, pero con respeto y seriedad. No queremos una observación que sirva para pagar grandes sueldos de los que dirigen algunos organismos de observación nacional”, dijo Rivas.


¿Activistas cívicos como candidatos?
Rivas también advirtió a los embajadores, cuyos gobiernos apoyan financieramente a los organismos cívicos, a que ejerzan un mejor control sobre el uso de sus recursos, pues no descartó que algunos miembros de estas organizaciones también terminen en las listas de candidatos.

Evitó confirmar si en las elecciones anteriores ocurrió algo similar, sin embargo, en caso de ocurrir, lo señaló como “un delito de carácter electoral y moral”.