•  |
  •  |

Nadie quiso arriesgarse. El cuerpo del infortunado quedó tirado. La ambulancia del Instituto de Medicina Legal se fue. En ese momento todos los miembros de la pandilla celebraron como una victoria el no haber permitido que los especialistas recogieran las evidencias del delito, y, en consecuencia, pensaron que tampoco habría denuncia.

Luego juraron ante el cuerpo del acribillado que “la sangre continuará corriendo hasta que caiga otro muerto,  pero de la pandilla rival”.

Esta escena es común en los barrios de la capital considerados “zonas rojas” por su alto índice delictivo. Ahí nadie quiere entrar, mucho menos después de un enfrentamiento entre pandillas con resultado de muerte, porque  los miembros de la agrupación  delincuencial  “doliente” no dejan que nadie toque el cuerpo de su “brother”, y el que lo hace, se arriesga a correr la misma suerte del “muertito”.

Esto ocurre en los barrios “Jonathan González”, “Jorge Dimitrov”, Las Torres, Reparto Schick y  San Judas, entre otros considerados “puntos críticos” por las autoridades  policiales.

En más de una ocasión, los miembros de pandillas han prohibido el paso de  curiosos, de medios de comunicación y de técnicos del Instituto de Medicina Legal, IML, quienes confiesan que ese es el riesgo que corren día a día.

Riesgos
“Somos amenazados de muerte. Esa gente es capaz de todo, por eso no discutimos con ellos. En este tipo de casos lo que hacemos es informar a las autoridades policiales para que ellos nos brinden protección, porque no podemos dejar el caso abandonado, existe un delito y hay que ver si hubo arma de fuego, artesanal o arma blanca de por medio, todo eso obliga a la Policía y a nosotros a investigar,  porque tenemos que presentar un informe pericial al momento del juicio”, explicó el doctor Cuadra.

“La gente, en general, no tiene conocimiento de la importancia de practicar el examen médico legal en un cuerpo, cuando eso ocurre hacemos una  labor de convencimiento con los familiares para que nos dejen realizar nuestro trabajo. Les explicamos por qué se debe efectuar la autopsia, pues ella se convierte en un elemento esencial cuando ellos necesiten acusar al autor o a los autores del hecho”, explica el forense Juan Carlos Medina.

Pero no solo en la escena del crimen los forenses se han encontrado con familiares enardecidos, también han sido amenazados de muerte en los hospitales, cuando llegan a retirar cuerpos.

“En una ocasión, había alrededor de unos 20 familiares del fallecido que no nos dejaban sacar el cadáver del hospital, tuvimos que llamar a la Policía para que nos protegieran, pero estos también tuvieron que pedir refuerzos, porque la situación  estaba incontrolable”, recordó la forense Marisol McRea Quiroz.

El Estado tiene que investigar  
“Nosotros entendemos el dolor de la familia, pero hay casos particulares como los homicidios, en los que estamos obligados a retirar el cuerpo del lugar donde se produjo el hecho. Este tipo de situaciones no son negociables con los familiares, tampoco podemos firmar un acta de desistimiento”, apuntó McRea.

La resistencia de los familiares de los muertos se explica en cinco hechos importantes: para retirar el cuerpo de su pariente del IML tienen que llevar el ataúd,  deben pagar el transporte, además, tienen que esperar varias horas y hacer el papeleo final.

Para practicar la autopsia, los especialistas deben abrir el cuerpo, y esas heridas son más dolorosas para los parientes de los difuntos, que la causa misma del deceso de sus deudos.  

 
“Los dolientes no quieren que su difunto sea llevado al Instituto de Medicina Legal, pero eso lo tenemos que hacer de oficio,  porque el Estado tiene que realizar las investigaciones para hacer justicia”, recalcó McRea Quiroz.

Estas situaciones se repiten continuamente en los barrios violentos, y aunque llamen a la  Policía, “ellos también temen ser agredidos. En algunas ocasiones intentan volcar la ambulancia del IML con el personal a bordo, o bien obstruyen el paso del vehículo. Esto es un problema que no hemos podido solucionar”, reconoció el doctor Néstor Membreño, coordinador del área de patología y morgue del IML.

Cuando la persona fallece por causas naturales, como por ejemplo de un paro cardíaco, o se desploma en la calle y no existe la mínima sospecha de que haya habido mano criminal, los  médicos forenses sí pueden dejar el cuerpo en manos de sus  familiares.

La gente también se resiste a que su pariente sea llevado al IML porque alegan que ahí hay que pagar para que les preparen los cuerpos, pero eso es falso. El Instituto de Medicina Legal aclaró que presta servicios privados de  embalsamamiento y preparación o conservación de cadáveres, pero sólo a aquellas personas que lo soliciten.

“Estos servicios son pagados por la población. Es legal porque está contemplado en el reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Lo que se percibe por ese servicio que cuesta entre 100 y 300 dólares va a las cuentas de la Corte”, explicó el médico Juan Carlos Medina.

Otros errores

En el barrio San Judas hubo un robo con intimidación, la víctima se negó a entregar el celular y el delincuente  le clavó el cuchillo al joven en el abdomen, provocándole una hemorragia interna que le causó la muerte inmediata.

A pocas cuadras del atraco estaba la vivienda de la víctima, y  la progenitora,  doña Rosario Canales, corrió a socorrer a su hijo con la esperanza de hallarlo aún con vida y lo movió, sin embargo, no tenía signos vitales.

Cuando la familia doliente mueve o cambia la posición del cuerpo del occiso, crea un problema para los investigadores y peritos del Instituto de Medicina Legal, IML.

“Muchas veces los familiares violentan la escena del crimen al cambiar de posición el cuerpo de la víctima, porque intentan revivirlo, y esos cambios afectan el trabajo investigativo. En la escena del crimen podemos encontrar una serie de evidencias que ayudan a esclarecer el caso, como es la vestimenta, huellas y rastros para hacer el recorrido de la trayectoria de una bala, por ejemplo”, señaló la forense  McRea Quiroz.

¿Pero por qué contaminan la escena del crimen?, cabe preguntarse. Porque las autoridades policiales y técnicos del IML son los últimos en llegar.

Según el doctor Membreño, cuando la ambulancia del Instituto de Medicina Legal tarda en presentarse al sitio de la tragedia, es por diferentes razones.

“Bien puede ser porque el patólogo está realizando otra autopsia y no puede dejar el cadáver abierto”, apuntó, sin embargo, reconoció que cada médico forense tiene su equipo de técnicos capacitados para “levantar” las evidencias en caso de que el doctor no pueda ir al lugar.

Otras veces los retrasos se deben  a que ocurren varios crímenes a la vez, y el Instituto de Medicina Legal sólo tiene una ambulancia para ir al lugar de los hechos, explicó Membreño.

En ese sentido, mencionó que en días feriados el trabajo no queda descubierto, porque el IML tiene un rol interno de turno para los 365 días del año. Cada médico forense tiene un turno de 24 horas, tiempo durante el cual dispone de un equipo  conformado por un técnico auxiliar y por el conductor.

En el área de Patología y Morgue laboran seis médicos forenses, y cuando hay mucho trabajo, el IML toma como refuerzos a los médicos que atienden las clínicas durante el día.

 

Los olvidados

El Instituto de Medicina Legal tiene “engavetadas” varias evidencias olvidadas por las autoridades, como proyectiles, dictámenes preliminares y conclusivos, ropas ensangrentadas, horcas, y así, otros instrumentos que se utilizaron en determinados crímenes.

Existen evidencias que tienen más de diez años de estar en el IML, entre las que destacan  57 proyectiles, 11 dictámenes preliminares y seis conclusivos.

De las balas olvidadas, 14 fueron llevadas al IML por las autoridades del Distrito VIII;  13 del Distrito VI,  nueve del III,  ocho del V,  siete del IV, dos del I, una del VII, y finalmente hay tres proyectiles que fueron llevados al Instituto por los policías de Ocotal y  de Jinotepe.
Según el doctor Néstor Membreño Argüello, las balas que tienen “archivadas” fueron extraídas de cadáveres. Se supone que esos proyectiles son medios de pruebas en los  juicios, pero nunca los pidieron.

En lo que va de 2011, las autoridades policiales ya han dejado “olvidados” cinco proyectiles en el IML.

“El problema es que la Policía no viene a retirar en tiempo y forma esas evidencias, y cuando vamos a declarar a los juzgados, el juez nos pregunta si hicimos pruebas de balística, uno le contesta que sí, pero si la Policía no retira las evidencias y no nos dan su dictamen, no se puede declarar nada al respecto. Además, la Policía es la única  autoridad facultada por la ley para mover las evidencias  de un lugar a otro”, explicó Membreño Argüello.