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La Fiscalía llevó a los juzgados a mujer que acuchilló a su pareja, pero la víctima pidió que cerraran el juicio y se constituyó en el custodio personal de su agresora, para que pudiera ser liberada.

Dámaso Rivera Robelo, de 24 años, y Elizabeth de los Ángeles Laguna García, de 35, son los protagonistas de esta singular historia en la cual la jueza Indiana

Gallardo terminó haciendo el papel de consejera matrimonial.
El dictamen médico legal establece que la cuchillada que Laguna le infirió a Rivera puso en peligro su vida, porque penetró en la cavidad abdominal, pero el hombre dijo que solo fue un “rayoncito”.

“Yo estaba ebrio, discutimos y cuando me abalance contra ella, me rayó con el cuchillo”, manifestó Rivera.

El marido generoso imploró a la judicial cerrar el juicio, porque tres días después de los hechos, él y Laguna continuaron con su vida marital.
“Nosotros fuimos a la Estación Tres de Policía a retirar la denuncia, pero la oficial investigadora no nos explicó que teníamos que ir a la Fiscalía a retirar la denuncia”, expresó Rivera.

Los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó ocurrieron la tarde del 2 de mayo del año 2009, en la casa de Laguna en el barrio San Judas.
A pesar de los ruegos de Rivera para que la judicial cerrara el juicio, la jueza Indiana Gallardo decidió mantener abierta la causa y programó audiencia inicial para el próximo 15 de junio.

Para no enviar a la cárcel a Laguna, como lo ordena el artículo 44 de la Ley 745, la jueza Gallardo aplicó el artículo dos del Código Penal que establece que las leyes en materia penal sólo pueden ser aplicadas de manera retroactiva a favor del acusado.

Acto seguido la judicial explicó que la Ley 745, que ordena imponer la prisión preventiva a todo acusado por violencia doméstica, entró en vigencia el pasado mes de febrero, y los hechos acusados acontecieron en mayo de 2009.
“Si estos hechos hubieran ocurrido en fecha posterior a la puesta en vigencia de la Ley 745, ni que usted me llorara… yo tendría que mandarla a ella a la cárcel”, dijo la judicial a Rivera.

Al final, la judicial aconsejó a la pareja convivir en paz en el hogar por el bien de los hijos, y conminó a Laguna a presentarse una vez por semana ante la Oficina de Control de Procesados.