•   SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN  |
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Atacada en llanto, declarándose inocente y clamando que no la desprendieran de los brazos de su pequeño hijo, la joven Xochitl del Carmen Vigil Murillo fue conducida a las celdas policiales de San Carlos, Río San Juan, porque  la jueza penal de audiencia, Sandra D’Leo, le decretó la prisión preventiva tras admitir la acusación que le formularon por peculado en perjuicio del Estado y del Ministerio de la Familia.

La situación fue dramática en el recinto de la judicial, porque los familiares apelaban para que Vigil no fuese enviada a prisión. La joven, de 24 años, descargaba la responsabilidad sobre el abuso con  256,813 córdobas de pensiones alimenticias en quien era el administrador en ese entonces, Bismarck Antonio Tapia Masís, de 55 años, quien también es acusado, pero tuvo tiempo de huir a Costa Rica, porque las acusaciones en su contra fueron presentadas por la Fiscalía y por la Procuraduría en tiempos distintos.

Pero ayer cuando se efectuó la audiencia preliminar, tanto el Ministerio Público como la PRG, representados por Carlos Álvarez y por Henry Treminio, respectivamente, expusieron la misma acusación.

Vigil fue contratada como secretaria, pero fungió como cajera, por lo que recibía las pensiones alimenticias de lo que en Mifamilia se denomina Fondos de Orientación y Protección Familiar, cuya administración, tenencia y custodia estaba bajo la responsabilidad de Tapia Masís.

A la excajera la acusan de haberse apropiado de las pensiones de 119 usuarios, correspondientes a 247 depósitos,  y al exadministrador, de no haber realizado el arqueo diario y el control de los egresos.  

El abogado defensor Ricardo Gutiérrez insistió en que están “acusando al bolsazo”, porque  hay contradicciones  al no definirse si las pensiones son bienes públicos o de particulares,  lo que dijo, no se corresponde con el peculado.

El juicio fue programado por la judicial para el próximo 30 de junio, pese a las protestas de los familiares de la joven acusada, que señalan que los verdaderos responsables no están acusados, entre los que mencionaron a la delegada del Ministerio, Dinora Ávalos, quien comparecerá como testigo.

Las beneficiarias de las pensiones denunciaron que a esta mujer le ponían quejas y hacía caso omiso diciendo: “¿Y qué quieren que haga?”.

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