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Sumamente molestos se encuentran los familiares del  matrimonio compuesto por el productor de arroz, Francisco Moreno Torres y Máxima Ruiz Amador, porque sus secuestradores fueron acusados por secuestro simple en el Juzgado Local Único de la ciudad de Sébaco-Matagalpa, en vez de haberlos sindicado por secuestro extorsivo.

Los afectados residen en la ciudad de Estelí, pero fueron secuestrados en una finca arrocera que tienen en la jurisdicción del municipio matagalpino de Sébaco. Por el delito fueron acusados,  el  médico Arístides Pastora Dávila, alias “El Cirujano”, y Cristian Ibarra, “El Mecánico”.

El abogado de la familia Torres-Ruiz, Álvaro Cerros, dijo que si el Ministerio Público no cambia la tipificación del delito y pide al juez  único local que eleve la causa a un juzgado de distrito,  los señalados podrían ser condenados a una pena menor, que podría ser de tres a cinco años, y fácilmente quedarían en libertad pagando una fianza.

“Eso significaría no solo una burla para los perjudicados,  sino para la sociedad y la justicia misma”, dijo.

La Fiscalía encasilló los hechos en ese tipo penal, porque el artículo 163 del Código Penal dice que quien plagia y libera a sus víctimas  en  48 horas siguientes, incurre en secuestro simple.

Tipo penal errado
“Pero en el caso de la señora Máxima, los  señalados la dejaron abandonada en un paraje solitario en un carretera que va de Estelí a San José de Achuapa, por la enorme presión ejercida por la Policía y por el Ejército, no por voluntad propia”, se quejó el abogado.

“El derecho no es una  fantasía, sino de lógica e interpretación sana y clara”, fustigó el jurista.

“Les aseguro que toda persona que tenga cuatro dedos de frente, nunca va a señalar que esa acción delictiva es un secuestro simple como lo ha señalado por ahora el Ministerio Público”, insistió, y señaló que hubo planificación, que se trata de una cuadrilla, pues rentaron un vehículo y  prepararon  todo un acto macabro, además, usaron armas de fuego e incurrieron en otros ilícitos.

Consideró que, en este caso, los acusados deben ser condenados a no menos doce años de presidio.

Por eso la familia Moreno-Ruiz, a través de su acusador particular, presentará una excepción de incompetencia de jurisdicción, a fin de que el caso sea trasladado al juzgado de distrito de Matagalpa.