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Abogada y notaria, madre soltera de tres niños y cumpliendo tras las rejas una condena de 18 meses de prisión. Es la realidad que enfrenta Meyling Concepción Martínez, quien fue atrapada por el terrible problema de tierras que arrastra Nicaragua desde hace décadas, y que está lejos de resolverse

ESTELÍ
El sonado caso judicial divide opiniones en Estelí, pues es la primera vez que se ve que una abogada es condenada y permanece en la cárcel al ser vinculada a un litigio en que figuran como parte acusadora: Enitel S.A. y la Asociación de Ciegos de Nicaragua. El referido caso mantiene en la picota de los cuestionamientos públicos al juez local penal esteliano, Noel Velásquez.

Sus detractores lo señalan de ensañarse contra una dama y mandarla a la cárcel, a pocas horas de celebrarse el Día de las Madres.

Al judicial lo acusan de actuar contra viento y marea, pese a los vacíos legales que llenan de nulidad el proceso, y no tener escrúpulos para enviarla a la cárcel, a pesar de ser abogada y notaria, al igual que él, y ser madre soltera con tres hijos qué mantener y que ahora son carga de la familia de la afectada.

Este es considerado como un proceso más por el judicial aludido, quien negó haberse parcializado, como lo señalan sus críticos, quienes susurraron a los periodistas, señalando que tiene “fuertes padrinos” en la Corte Suprema de Justicia, y que por ello no lo destituyen a pesar de sus anomalías.

Pero el judicial retó a quienes hacen esas críticas, a dar la cara de forma valiente y a probar con sólidas razones sus acusaciones, que hasta cierto punto se quedan sólo a nivel de rumor.

¿Inducían al delito?
La abogada Meyling Martínez es acusada por usurpación a la propiedad privada en perjuicio de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, Enitel, y de la Asociación de no Videntes.

La acusación dice que la licenciada en Derecho y Ángel Enrique Hernández Barreda, llegaron al lugar y se posesionaron de unos terrenos que suman en total 32 manzanas. Cabe señalar que en fechas recientes hubo tomas masivas de los mismos, por parte de miembros de la Resistencia Nicaragüense, así como por retirados del Ejército de Nicaragua y por precaristas, pero Martínez y Hernández Barreda sostienen que a nadie han inducido a tales ilícitos.

No obstante, hay quienes aseguran que no sólo los procesados anduvieron vendiendo lotes, sino que otros que andan huyendo de la justicia y que fueron procesados en ausencia. Una parte de esos terrenos, según documentación legal presentada durante el juicio, es propiedad de Enitel y los de invidentes.

La acusada afirma que en ningún momento ha cometido tal delito, porque hasta donde ella conoce, hubo un acuerdo entre los líderes de la toma, por lo que ella no pudo haber vendido ni usurpado terrenos. Agrega que existe un documento elaborado por un reconocido abogado y notario de esta ciudad, que ahora trabaja para una institución del gobierno en Managua, donde supuestamente se hace constar que los miembros de la Junta Directiva de unos comunitarios donaban un lote de terreno de dos manzanas.

“Sólo colaboradora”

En esa área, según Martínez, se construiría un Centro de Atención a Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia, pero al parecer el proyecto ha entrado en conflicto con la ley.

Según Meyling Concepción, ella cooperaba, es decir, no recibía ninguna remuneración, como asesora de la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes por la Salud y Educación de Estelí, Anahupes, que aparentemente está tras el proyecto del centro, por lo tanto considera que no ha actuado con dolo, mucho menos para obtener beneficios personales.

El presidente de esa asociación es precisamente Ángel Enrique Harnández Barreda, quien se encuentra detenido y en el Sistema Penitenciario Regional “Puertas de la Esperanza”, de esta ciudad, purgando una condena.

El abogado defensor de Martínez, el reconocido penalista, ex juez y docente universitario, Kenneth Orlando Guardado Savillón, al igual que la procesada, señalan al judicial Noel Velásquez de haber actuado en el proceso con un marcado interés.

A decir de ambos, fueron tantos los obstáculos que el doctor Velásquez puso, que “Meyling se vio obligada a aceptar los cargos”. Pero el judicial refutó que si alguien es inocente nunca va a aceptar un delito, “como ella aceptó el delito no hubo necesidad ni de celebrar un juicio”, acotó.

El judicial dijo que tiene tranquila la conciencia, y que considera que cumplió con el deber que la ley y su investidura para administrar y aplicar justicia le confieren.

¿Por qué no suspensión?
No obstante, el abogado Guardado dijo que el juez Velásquez se negó a que resolviera de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55, inciso 4, y artículo 63 del Código de Procedimiento Penal, CPP, que da principio a la suspensión condicional de la persecución penal. Al respecto, de forma verbal, la fiscal auxiliar Mayerlin Cardoza había solicitado tal beneficio, tomando en cuenta que las penas menores de tres años de cárcel lo permiten.

Para ello, la parte defensora mostró una serie de documentos, como antecedentes penales de la procesada, cuyo expediente, tanto en archivos policiales como en los juzgados aparecían limpios, hasta que desafortunadamente se vio envuelta en el litigio, dijo Guardado.

De igual forma, existe una carta del alcalde esteliano, ingeniero Pedro Pablo Calderón, que ratifica la buena conducta de Meyling Concepción Martínez. No obstante, el judicial explicó que hubo fuerte oposición de quienes acusaban a Meyling, en este caso el abogado Wilbert Ramón Flores Lanuza, como representante legal y coordinador de la Asociación de No Videntes, el cual rechazó vehementemente que la reo cumpliera la condena en su casa.

Los abogados Erick Manuel Casco Muñoz y Gilbert Burgos Dávila, aunque en su momento estuvieron de acuerdo con el acta donde se llegó a una negociación en la que Meyling y Ángel Enrique aceptan los cargos, se mostraron contrariados a que éstos recibieran año y medio de cárcel, según ellos, por los daños económicos causados a la entidad y por el nivel académico, sobre todo de la abogada.

Luego, los abogados introdujeron un escrito ante la juez de Vigilancia Penitenciaria, Mercedes Elisa Jirón, en el que también se oponen a que le otorguen un beneficio a esta abogada y madre de tres hijos.

También acusan a comunitarios
La acusación presentada por el Ministerio Público, acusan a Meyling y a Ángel Enrique, ya procesados, y a los comunitarios Noel Barrientos, Pedro Molina, José Danilo Zeledón, Juan José Andino, Félix Gámez, Ruddy y Carlos Casco, así como a Julián Morazán y a José Luis Pérez, de haberse introducido y orientado a otras 200 personas para que también lo hicieran, a fin de apropiarse de unos terrenos, ubicados en el sector de San Ramón, en la periferia norte de esta ciudad.

Agregan los representantes legales de la parte acusadora que los terrenos invadidos pertenecen a Enitel --2 mil 295 metros cuadrados--, y a los no videntes --4 mil 600 varas cuadradas--, quienes pensaban instalar un centro de capacitación para los beneficiarios de su proyecto, pero con las tomas de los terrenos, aseguran, todos sus sueños se les desvanecieron.

En el juicio quedó sentado que por la acción de Martínez y Hernández, varios precaristas se introdujeron a los terrenos, levantaron champas y destruyeron los cercos de alambres de púas, han mandado a perforar pozos para sacar agua, y dañaron postes de concreto, causando en aquel entonces pérdidas a Enitel hasta por 159 mil 722 córdobas.

Además, a Martínez y a Hernández los señalan de haber tratado de legalizar a su favor lotes de terrenos propiedad de los ofendidos, de Enitel y de los invidentes.

En Estelí, algunos ciudadanos aseguran que tales terrenos en litigio legalmente están inscritos a nombre de la familia Briones Úbeda, aseveración que es rechazada por los acusadores, con los escritos y documentos respectivos presentados en el proceso judicial.

Al margen de todo el proceso, varios abogados abordados, que pidieron no revelar sus nombres, se molestaron con la actuación del juez Velásquez, y critican que en otros procesos con mayor nivel de trascendencia ha actuado más benévolo, por lo que consideran que ha demostrado implicancia en el caso.

Detallaron que el judicial deja marcado su interés al tratar de perjudicar e intentar mandar a presidio contra viento y marea a la abogada, según ellos, sólo porque la procesada le pidió que una de sus secretarias fuera separada del proceso, al notar que había un interés marcado de afectarla personalmente.

Por su parte, familiares de la abogada anunciaron que acudirán ante las diputadas que representan a este departamento, tanto del Parlamento nacional como del Parlacén, para que los respalden, y así lograr que Meyling Concepción Martínez cumpla su pena fuera de la cárcel.

Jenny Martínez Martínez, hermana de la abogada, dijo que el proceso que se le sigue a Meyling es arbitrario, y que hubo una serie de anomalías y vacíos de ley. De igual forma se pronunció su hermano, Alexis José Martínez, quien se personó a los juzgados en un intento más por liberar a la notaria.