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De retardación de justicia se está quejando el reo Evert Enrique Coronado, quien desde 2009 permanece como prisionero  en  el Sistema Penitenciario de Granada, a la espera de una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

De la decisión de la CSJ depende si la orden de libertad que emitieron  magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada queda firme o  revocada.

Coronado, originario de la ciudad de Rivas, fue capturado  junto a seis personas más a finales de enero de 2009,  en un operativo denominado “Operación Sapoá”, que ejecutaron la Policía Nacional y fuerzas combinadas del Ejército en el puente del río Sapoá, donde incautaron 68 kilos con 764 gramos de cocaína y  199 mil 820 dólares.

Espera fallo de la CSJ

Producto del operativo, el Ministerio Público acusó a más de diez personas por tráfico interno de estupefacientes, y el 8 de mayo de 2009, la exjueza penal de juicio de Rivas,  Ivett Toruño Blanco,  los declaró culpables. Coronado fue condenado  a ocho años de presidio.

No obstante,  al apelar el fallo de primera instancia ante  el  Tribunal de Apelaciones de Granada, los exmagistrados Ligia Rivas, Julia Selva y Alejandro Estrada resolvieron el 3 de diciembre de 2010 absolver a nueve condenados, incluyendo a Coronado, aduciendo que no existían  pruebas que los incriminara,  y  que la jueza  Toruño hizo una “mezcolanza de los hechos y no pudo individualizar las responsabilidades de cada uno”.

Sin embargo, ninguno de los beneficiados con la sentencia de absolución quedó en libertad, y el fallo motivó al Ministerio Público elevar la causa a casación en la CSJ en la audiencia que se celebró el 19 de septiembre de 2011.

“Pero es la fecha, y los magistrados  no dan a conocer el fallo de esa audiencia, por lo que considero que hay retardación de justicia, y lo que quiero  es que me digan ya si van a ratificar el fallo de los magistrados de Granada o no”,  explicó Coronado.

A la vez, se quejó de la sobrepoblación de reos que existe en  el penal de Granada, donde asegura abundan los casos de retardación de justicia y de incumplimiento de las órdenes  de libertad.