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El primero de febrero de este año el sol volvió a iluminar la vida de “Marisol”, una menor de 12 años, y la de sus familiares, al conocer que el sujeto que la marcó para siempre fue sentenciado a 33 años de prisión.

La noticia la recibieron con alegría, porque el juez Cuarto Penal de Juicio, Jaime Alfonso Solís, encontró méritos suficientes para condenar a Mario José Bonilla Quintana, de 18 años de edad, a 15 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de la niña.

Por manosear a la progenitora de la menor, --una dama de 31 años--, Bonilla fue sentenciado a 12 años de prisión, y por haber incurrido en el delito de robo agravado fue conminado a 5 años y 6 meses de encierro, y a un año más y 100 días multas equivalentes a 2,157 córdobas, por portación ilegal de armas.

Antes del fallo, madre e hija vivieron meses de angustias y pesadillas, aunque en realidad la pesadilla comenzó un nueve de abril de 2011, cuando Bonilla Quintana con ayuda de otro sujeto, –hasta la fecha sin identificar-, les interceptó el paso en el momento que ellas se dirigían a hacer varias diligencias.

Bonilla sacó un arma de fuego que llevaba dentro de su ropa y obligó a las féminas a introducirse en unos matorrales. La dama de 31 años suplicó por su vida y la de su hija, pero el hombre tomó a “Marisol” y le dijo: “Caminá, si no querés que aquí nomás matemos a tu mamá”.

Con los cordones de los zapatos de la niña ataron a un árbol de Tigüilote a su madre, no sin antes vendarle los ojos para que no presenciara la bochornosa violación; sin embargo, los gritos de la menor fueron suficientes para darse cuenta de lo que sucedía.
“Te callás, ¿o querés que mate a tu mamá?”, le repetía insistentemente Bonilla a la pequeña, quien no paraba de llorar.

Luego, sin ningún remordimiento Bonilla se dirigió hacia la progenitora de “Marisol” y le dijo: “Levantate, llegó tu turno”, pero lo que salvó a la dama fue su período menstrual.
Aparte de saciar sus bajos instintos, Bonilla y su cómplice despojaron a las víctimas de las prendas de valor que portaban y un celular.

Antes de marcharse los antisociales les advirtieron a las dos: “Cuidadito nos van a denunciar a la Policía, porque conocemos donde viven y las llegamos a matar”.

Después que se conoció lo que le había pasado a la madre y a la hija, los habitantes de la comarca donde ocurrió la desgracia, en Managua, le dijeron a la Policía que por las características que las víctimas dieron del aberrado, creían que se trataba de un habitante del lugar, y fue así que las autoridades mandaron a un agente encubierto del Distrito III de Policía a la casa del presunto abusador, y no se equivocaron.

“El as bajo la manga”

Pero la captura fue solo una etapa del proceso, porque las víctimas creían que Bonilla iba a quedar en libertad, ya que su abogado, Carlos Garay pretendía utilizar como argumento para liberarlo el supuesto padecimiento mental que el reo tenía desde la niñez.

El artículo 34 del Código Penal señala que los padecimientos mentales son eximentes de responsabilidad penal.

Aunque no hay cifras oficiales, se conoce que este tipo de estrategia de defensa es muy utilizada por los abogados, pero para poder probar que el imputado en realidad padece de una enfermedad mental el Instituto de Medicina Legal tiene que confirmarlo.

Bonilla fue valorado en tres ocasiones. En uno de los exámenes, el doctor Edgar Antonio Salinas Jiménez, responsable del área de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal determinó que el acusado presentaba trastorno mental asociado a encefalopatía.

Estando así el asunto, las víctimas temían que el reo fuese liberado, pero en el juicio oral y público el doctor Salinas Jiménez aclaró que esa enfermedad no era equivalente a una demencia.

“El joven tiene la enfermedad producto de un trauma en su niñez, necesita asistencia médica y puede llegar a dominar sus impulsos, porque si a él le niegan algo reacciona molesto, pero no presenta demencia, está consciente de lo que hace y sabe lo bueno y lo malo”, manifestó el galeno durante el juicio.

Entonces, el juez Jaime Alfonso Solís resolvió sentenciarlo a 33 años de prisión, pero como nuestra Legislación dice que la pena máxima es de 30 años, Bonilla Quintana se “ganó” una rebaja de tres años, y saldrá de la cárcel hasta en el 2041.

La literatura médica describe la simulación como una conducta que busca un beneficio particular, y el caso de los reos es buscar cómo salir de prisión o que lo trasladen de un lugar difícil a uno menos difícil dentro del régimen carcelario, o fuera, si se puede, fingiendo que padecen una enfermedad.

Pero los forenses dicen que es difícil que un reo los engañe fingiendo locura, porque ellos son expertos y siguen una serie de técnicas antes de emitir un diagnóstico. Cuando la persona finge, “la enfermedad” no tiene el curso ni la evolución de una enfermedad real.

Sin espacio para ambigüedades

“Una vez que los médicos forenses determinan que la persona sí padece trastornos mentales, para incorporar esa prueba en el proceso se pide una audiencia oral y pública, para que el médico forense venga a reproducir lo que dice el dictamen y las partes, --como es la Fiscalía y los abogados--, y también lo interroguen para que el juez tenga claro cuáles son los padecimientos que presenta el acusado, y si puede seguir o no siendo procesado. Esto se hace para evitar ambigüedades en los dictámenes, y por eso el especialista tiene que estar presente (en el juicio)”, explicó la fiscal auxiliar, Grethel Fernández.

Según la fiscal, la locura como estrategia de defensa se utilizaba mucho para evadir la justicia.

“Hace unos ocho años las personas que se dedicaban a la narcoactividad aprovechaban la oportunidad de tener un familiar enfermo mental y le colocaban droga cuando la Policía realizaba allanamientos, porque saben que a la hora de llegada el enfermo no podía ser procesado, y era una de las peores injusticias que se cometía”, recordó Fernández.

El artículo 34 del Código Penal establece que si la persona tiene un trastorno mental desde su nacimiento y no está ubicado en tiempo y forma, es eximido de responsabilidad penal.
Sin embargo, si el acusado tiene una alteración, pero la misma no es grave, se le hace juicio. Si es declarado culpable no es enviado a “La Modelo” sino al Hospital Psiquiátrico, o le decretan medidas de seguridad en su casa, pero lamentablemente nadie está pendiente de que esta última medida se cumpla, comentó la acusadora.

“Marisol” y su madre dieron gracias a Dios, porque este no haya sido el caso de Bonilla, de quien se comprobó que pese a sus traumas de niñez puede discernir entre el bien y el mal.

“Es imposible que logren engañar a un juez”

Otro juicio donde se alegó demencia fue en el de Diana Marisol Maltez Ortiz, de 34 años, quien fue acusada por exposición de personas al peligro, en el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, tras haber abandonado a su hijo recién nacido en un parque del Barrio Campo Bruce de Managua, el pasado 20 de diciembre de 2011.

El juicio se cerró anticipadamente porque se venció el tiempo para tramitarlo, y los testigos no aparecieron, comentó la fiscal Matilde Villanueva.

Desde el inicio del juicio la abogada Darling García Álvarez manifestó que su cliente tenía una enfermedad mental y presentó un historial clínico, pero los resultados de la valoración psiquiátrica que hicieron los especialistas del Instituto de Medicina Legal, IML, nunca llegaron al Juzgado y no se pudo confirmar o descartar la coartada de la procesada.

El vocero del IML, Edgar Solórzano, dijo que el tiempo que un forense necesita para emitir un diagnóstico de este tipo depende del caso, porque a veces es necesario conformar una junta de médicos.

Comentó, además, que cuando una autoridad, --sea la Policía, la Fiscalía o el Judicial--, solicita una valoración, envían los resultados a la institución que la pidió, de tal forma que no se sabe qué pasó con el caso de Maltez.
“Aunque los abogados traten de utilizar esta estrategia de defensa, es imposible que logren engañar a un juez para conseguir su propósito, porque todo depende de la valoración psiquiátrica que emita el especialista”, dijo, por su lado, el juez Ronaldo Heriberto Morán, suplente del Juzgado Primero Penal de Juicio.

“Además, la persona que padece de demencia, tiene que tener un expediente clínico que compruebe que tiene esa enfermedad desde hace tiempo y no únicamente en el momento que ocurrió el delito”, agregó el judicial.

“Que esté demente la persona no quiere decir que pueda delinquir y se vaya a la casa, el juez tiene la obligación de enviarlo a recluir a un centro asistencial para darle seguimiento clínico, porque dejarlo libre representa un riesgo para la sociedad”, manifestó el juez Morán.

Demencia comprobada

Y eso fue lo que sucedió al costarricense Jairo Arias Cruz, de 19 años, quien golpeó sin motivo alguno a un bebé de cuatro meses que iba en brazos de la abuela en un bus de la ruta 168, el tres de enero de este año.

Aunque Arias fue juzgado y estuvo detenido en el Distrito Cuatro de Policía, el médico forense Nelson García determinó que el joven padece de esquizofrenia, enfermedad que nunca fue tratada por un especialista, por lo que recomendó internarlo en un centro psiquiátrico.

En audiencia especial, el 31 de enero de este año, el juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez remitió a Arias al Hospital Psiquiátrico “José Flores Fletes”, ubicado en el kilómetro cinco de Carretera Sur, en Managua.

“Por encontrarse descompensado mentalmente y de no ser internado en un centro especializado se convierte en un peligro para la sociedad, y tomando en cuenta la medida cautelar del artículo 167 del Código Procesal Penal, literal C, el acusado se somete al cuido y vigilancia del Hospital Psiquiátrico, cuyas autoridades mandarán un informe mensual para conocer el estado del procesado, por lo que suspende el computo del juicio”, señaló en la resolución el juez Rodríguez.