•   MANILA / EFE  |
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El caso de Francisco Ortigas, embajador en México de 2008 hasta hace dos años, y a quien la policía detuvo esta semana acusado de convivir con una amante en un piso de Manila, refleja la  influencia de la Iglesia Católica en la legislación de Filipinas, colonizada por España durante más de tres siglos.

La ley filipina establece que el concubinato es un delito que se produce cuando un hombre casado mantiene relaciones sexuales con una amante en el hogar familiar del primero o hace vida marital en otra vivienda con una mujer con la que no ha contraído matrimonio.

Ortigas, empresario y descendiente de una poderosa dinastía de políticos y empresarios de origen español, fue arrestado por agentes de la Policía mientras estaba en su oficina del distrito financiero y trasladado a comisaría, donde permaneció hasta que unas 24 horas después fue puesto en libertad provisional previo pago de una fianza de 10 mil pesos  (180 euros o 233 dólares).

“La dolorosa verdad es que me casé con un abusador, un tacaño, un incorregible mujeriego y, lo peor de todo, un pervertido”, plasmó la denunciante, Susana Madrigal, en la declaración policial de la que se han hecho eco los diarios filipinos.

El acusado, casado durante 43 años con la misma mujer, continuará en libertad provisional a la espera de sentarse en el banquillo y, de ser declarado culpable de concubinato, puede ser condenado a pena de seis meses a seis años de cárcel.

El Código Penal filipino también contempla castigar a la amante del marido adúltero con una orden de alejamiento para poner, entre ambos, una distancia de entre 25 y 250 kilómetros, que equivale al “destierro” de la querida.

La legalización del divorcio en Malta en mayo del año pasado dejó a Filipinas como el único país del mundo, si se exceptúa al Estado Vaticano, sin una ley que permita disolver el matrimonio.