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Nicaragua y El Salvador están separados por la geografía y las fronteras, pero dicha separación la viven con más intensidad quienes reclaman justicia desde lejos, es el caso del ingeniero salvadoreño Miguel Ávila, de 40 años, quien la noche del 27 de diciembre de 2011 sufrió un accidente que le causó daños físicos, emocionales y económicos a él y a sus familiares, quienes lo acompañaban a la hora del suceso.

Ávila estaba “encantado” con la naturaleza pinolera, por lo que decidió pasar Navidad en Nicaragua, país que visitó para hacer un Estudio de Factibilidad de un proyecto de Biotecnología Acuícola.

Sin embargo, el vehículo que Ávila conducía ese 27 de diciembre, a la altura del kilómetro 48½ carretera a El Rama, a las 9:50 de la noche, colisionó con otro automotor que estaba estacionado sobre la vía por un desperfecto mecánico, y cuyo conductor no colocó señales lumínicas, sino ramas y plástico.

Un agente de tránsito se presentó al lugar para hacer el croquis del accidente, cuando un vehículo a exceso de velocidad colisionó contra el automotor conducido por el salvadoreño.

Según la acusación que la Fiscalía presentó en el Juzgado Penal Local de Tipitapa contra el hombre que conducía a exceso de velocidad, --expediente número 206-0513-11--, y que lesionó a Ávila, a su familia, y al agente policial, llevaba 1.03 grados de alcohol por litro de sangre.

Ebrio lo colisionó

“El acusado Juan José Dávila Solano, de 24 años, desatendió las señales lumínicas que el oficial de tránsito, Santos Conde, le hizo indicándole que detuviera la marcha porque estaba preservando la escena de otro accidente automovilístico, pero continúo sin detenerse llevándose a su paso los accesorios de señalización y a las personas que estaban en el lugar”, señala la acusación.

La queja del ingeniero salvadoreño no es por lo que dice la acusación, sino porque el juicio no avanza y por la anomalía que para él supone que la persona que lo accidentó haya quedado libre y esté siendo juzgado en un tribunal local, pese a que a la hora del suceso conducía en estado de ebriedad.

La resolución administrativa emitida por la Dirección de Tránsito del Distrito VIII de Policía confirma la inquietud del salvadoreño. El documento declara culpable a Dávila Solano por violar la Ley de Tránsito 431 al conducir en estado de ebriedad, no portar licencia de conducir ni seguro para daños a terceros, ni circulación vehicular.

Aunque END quiso abordar al juez que tramita la causa para profundizar en las supuestas anomalías señaladas por la víctima, este declinó hacer comentarios para no implicarse y ser objeto de una recusación.

No obstante, el expediente “habla” por sí mismo: Después de la audiencia preliminar, el fiscal auxiliar Félix José Campos promovió un incidente de nulidad alegando que el juicio no podía ventilarse en un Juzgado de Distrito, sino en uno Local, porque la pena para quien incurre en el delito de lesiones imprudentes es menos que correccional, es decir es menor a los cinco años de cárcel.

Por otro lado, el expediente judicial establece que el joven acusado está libre, porque su abogado Álvaro Valle Corea le otorgó suficientes garantías a la jueza de audiencias de Tipitapa, Victoria López, (incluyendo una propiedad) de que este no evadiría la justicia. “De hecho no me interesa que el muchacho vaya a la cárcel, --que es todo el meollo del asunto, (porque) todo el esfuerzo debajo de la mesa apunta a desacreditar la prueba de sangre que lo compromete con el nivel de alcohol--, pero a mí eso me sirve para presionar para que pague, pero el abogado defensor planteó un cuadro de pobreza para que dé lastima”, apuntó el salvadoreño, cuando se le preguntó si sabía que el señalado está en arresto domiciliar.

Ávila explicó que su fin último es sentar un precedente, porque uno de los indicadores que los inversionistas ven a la hora de invertir en un país es el sistema de seguridad.

Acceso a la justicia

Según el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nicaragüenses, excepto en asuntos políticos, lo que quiere decir que se les debe garantizar un efectivo acceso a la justicia, la que en nuestro país es gratuita.

Pero el salvadoreño ha invertido dinero en estadía, atención médica en hospitales privados, alimentación y pago de abogado, entre otros gastos, que hasta ahora superan los cuatro mil dólares.

“Aún ando con muletas. Después de dos meses y tres semanas desde el día del accidente, puedo dar algunos pasos gracias a 30 días de terapia en El Salvador, pero todavía me falta contabilizar los daños que tuvo el vehículo que son en un 100%, aunque eso es responsabilidad del dueño del camión (con el que chocó) por no colocar ninguna señal visible, ya que las que él utilizó no están establecidas en la Ley de Tránsito”, manifestó el ingeniero.

Estando en El Salvador a decenas de kilómetros de Nicaragua, ¿cree que habrá justicia para usted?

El principal objetivo es demostrar que estoy dispuesto a viajar cuantas veces sea para hacer justicia, pues he perdido plata, tiempo, pero he ganado experiencia.
Ninguno de los dos conductores responsables del accidente han expresado opinión alguna por lo ocurrido, por lo que espero que en el juicio oral y público se haga justicia.

Contrató a un abogado acusador, ¿por qué lo hizo, si la Fiscalía representa a las víctimas en los procesos, o es que usted no confía en esta institución?

“Contraté abogado por recomendación de amigos salvadoreños que viven en Nicaragua, para que me represente a mí y al dueño de la grúa que también resultó afectado, porque su esposa quedó prensada entre mi vehículo y el del conductor que se pasó llevando a la gente; además, hay daños materiales en su equipo. Con respecto a la institución no tengo una opinión”.

¿Se ha comunicado con el Ministerio Público o la Fiscalía después que abandonó el país?

“He notificado a Pro Nicaragua y a mi embajada, porque son con los que tuve contacto en agosto. No he contactado a la institución por desconocimiento y por la distancia, pues prefiero hacer las gestiones de manera personal”.

¿Lo citaron para el juicio, está dispuesto a venir?

“Las veces que sean necesarias”.

¿Cuánto representa eso monetariamente para usted?

“Por mi condición y por el tiempo debo de hacer este viaje vía aérea, y considerando que el juicio durará 10 días hábiles, pues ahí podremos sumar una cantidad importante, pero creo que hay que sentar un precedente ante los abusos de gente irresponsable y de abogados que dan largas a sus clientes con la esperanza de que pueden ganar más, porque como en este caso el afectado es un extranjero, creen que lo pueden cansar. Para mí es punto de honor”.

¿Había tenido algún otro accidente automovilístico en su país?

“Tengo 35 años de manejar y soy aficionado a las carreteras, pues las prefiero en vez de viajar en avión. Crecí viajando por tierra hasta el norte de México y he adoptado esa filosofía, pero ya me habían dicho nunca viajes de noche en Nicaragua, por los animales sueltos y los camiones. Eso solo puede ser respondido por la idiosincrasia de la población y la poca consideración por los daños a terceros. Recuerdo la discusión inicial con el chofer del camión con el que choqué, que solo salió del monte cuando la Policía apareció, y defendió a capa y espada que había puesto una señalización compuesta por un pedazo de plástico gris y una rama a 15 metros del camión, siendo esto nulo porque no son señales aprobadas por la Ley de Tránsito. No hubo poder que lo convenciera que había cometido una negligencia”.

Prueba anticipada

La fiscal auxiliar de Managua, Sandra Fonseca señaló que cuando las víctimas son extranjeros, la Fiscalía pierde comunicación con ellos, pero para garantizarles el acceso a la justicia, el Código Procesal Penal establece en el artículo 202 el anticipo de prueba.

Fonseca señaló que cuando hacen uso de ese recurso de Ley, le piden a la jueza que tramita la causa una audiencia especial en la que la víctima rinde declaración como si ya estuviera en el juicio oral y público.

El juez Décimo Penal de Audiencias de Managua, Carlos Solís, explicó que la audiencia de anticipo de pruebas se puede hacer en cualquier etapa del proceso.
La audiencia de anticipo de pruebas puede ser solicitada por la Policía durante la etapa investigativa, la Fiscalía o el abogado privado que representa a la víctima que tiene que regresar a su país de origen.

“Una vez representé a una niña costarricense víctima de violación. Se le tomó la declaración anticipadamente y el acusado fue condenado. No supe si los familiares de la víctima se enteraron que hubo justicia”, ejemplificó Fonseca.

Aunque no hay datos estadísticos sobre la cantidad de extranjeros víctimas y que están en sus países a la espera de la justicia  nicaragüense, se estima que son pocos.

Generalmente los extranjeros no aparecen como víctimas en los procesos penales nicaragüenses, sino como acusados en  trata de personas, delitos de índole sexual y narcotráfico.