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Aunque el suplente del Juzgado Séptimo Penal de Audiencias de Managua, Rolando Morán Pozo, observó que varios de los presentes tomaban apuntes, el comentario que hizo una mujer llamó su atención.

“Esos son falsos”, repetía constantemente, por lo que el judicial le preguntó que quién era. “Soy la hermana del procesado y esos testigos que dice la Fiscalía son falsos”, respondió la mujer que estaba sentada en una silla, en un rincón de la sala de audiencias.

Imara Sánchez tenía un cuaderno en el cual iba anotando los nombres de los testigos. “Usted no puede anotar los nombres de los testigos, tampoco puede intimidarlos, porque eso es delito”, advirtió el juez, quien ordenó la aprehensión de la dama, aunque horas más tarde fue liberada.

“El juicio es público, el hecho de que ella estuviera anotando los nombres y direcciones de los testigos no quiere decir que exista una amenaza real o que eso sea un delito, porque en la misma acusación está esa información y siempre se le entrega una copia a los defensores”, opinó el abogado Carlos Chavarría.

“¿Cuál es el delito que cometió esa persona?”, se preguntó Chavarría, quien analizó que lo ocurrido es atípico, porque no está contemplado en el Código Penal, y si no está prohibido, no es ilícito. “Creo que ahí el judicial se extralimitó, tal vez lo mejor hubiese sido que abordara a la persona y le preguntara cuál era la finalidad de anotar esos datos”, acotó.

Explicó que lo que hubo en todo caso, fue una violación de los derechos de Imara Sánchez, y abuso de autoridad.

El incidente puso de manifiesto una realidad innegable: diariamente en los Juzgados de Managua se ventilan unos tres o cuatro juicios por cada Juzgado, y cada proceso tiene cuatro y hasta diez testigos, y en casos complejos esas cifras pueden hasta duplicarse, y todos merecen protección.

Protección
La Ley 735, de prevención, investigación y persecución del crimen organizado, vigente desde octubre de 2010, establece que debe protegerse a las víctimas, testigos, peritos y demás sujetos procesales en delitos graves como narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, terrorismo, financiamiento al terrorismo, secuestro extorsivo y trata de personas con fines de esclavitud sexual, entre otros.

La ley dice que si es necesario, el Ministerio Público tiene que crear un programa de protección que será financiado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con recursos de la Unidad Administradora de Bienes Incautados.

El comisionado mayor Fernando Borge, divulgador de prensa de la Policía Nacional, señaló que por el nivel de seguridad que Nicaragua tiene, no ha habido necesidad de recurrir al cambio de identidad o de domicilio de los testigos, como sucede en otros países.

“En algunos casos hemos tenido que darle protección a los testigos, los hemos trasladado de un departamento a otro hasta llevarlos al recinto judicial, y se toman medidas dentro y fuera del perímetro donde se realiza el juicio y aseguramos el retorno. Hasta el momento no hemos tenido atentados contra la integridad física de ninguno de los testigos ni de procesados ni nadie de los participantes en el proceso judicial”, apuntó Borge.

Otras de las medidas de seguridad que implementa la Policía, según Borge, es la vigilancia, patrullaje y custodia policial, regulaciones de tránsito, requisas y controles en las entradas a los recintos judiciales, para evitar que las personas entren a los Juzgados con armas de fuego cortas o blancas.

“La Policía Nacional siempre toma las medidas necesarias en base a las informaciones que se obtienen en determinados procesos y hasta el momento no hemos tenido casos que lamentar, estamos en permanente revisión y ajuste de nuestro sistema y dispositivo, en dependencia de la necesidad y de lo que la ley nos obligue a hacer”, apuntó Borge.

“Pero si es necesario tomar otras medidas complementarias para garantizar la seguridad de un testigo, la Policía Nacional estudiará la situación y en coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio Público se aplicarán nuevas disposiciones”, adelantó el divulgador.

“(Por ejemplo) en el caso Fariñas hemos dado seguridad a todos, tanto a los acusados como a los testigos, por tal razón no han habido hechos que lamentar, significa que hemos estado actuando bien”, agregó.

Efectos de la intimidación
Si el testigo, sea de cargo o de descargo, es amenazado, el efecto es que esa persona difícilmente llegará a declarar en el juicio oral y público cuando el juez se lo solicite.

“Si el testigo no se presenta al juicio debilita la prueba aportada por cualquiera de las dos partes (acusador o defensor)”, explicó el abogado Carlos Chavarría.

El inciso “g” del artículo 167 del Código Procesal Penal prohíbe la comunicación entre el acusado y los testigos, especialmente cuando el primero es conminado a permanecer bajo arresto domiciliar.

Pese a que la ley es muy clara, se incumple: “Una vez tuve un caso en el que al acusado le otorgué la medida cautelar de arresto domiciliar, y la incumplió, porque llegó a amenazar al testigo y lo hizo en estado de ebriedad. La contraparte trajo como prueba una fotografía que respaldaba lo señalado, por lo que de inmediato le cambié la medida cautelar por la prisión preventiva”, comentó el juez Décimo Penal de Audiencias, Carlos Solís.

Si un testigo se siente amenazado, debe interponer la denuncia en la delegación policial correspondiente, “pero hasta este momento no tengo conocimiento si algunos de los casos donde han habido amenazas (contra testigos) ha prosperado, porque eso significaría iniciar un nuevo proceso judicial y por eso muchas veces la gente se retira”, explicó el juez Carlos Solís.

“Las víctimas nos han dicho que después de realizar la primera audiencia (la preliminar), donde se revela la dirección de ellos, los familiares o los abogados de los acusados los visitan, les dicen que el acusado está interesado en llegar a un arreglo para no seguirse ‘desgastando’, y aunque no se sientan amenazados de muerte, muchas veces desisten y se arreglan para no seguir en el tedioso proceso, también por esta misma situación (las visitas a los testigos) los juicios se ‘caen’ o se les da cierre anticipado, porque no llegan a declarar”, explicó una fiscal auxiliar que prefirió anonimato.

“El simple hecho de que alguien sea enviado por el acusado y se acerque a tu puerta no constituye delito, la Policía tiene que valorar las circunstancias, pero si llega a intimidarte o si entabla discusión y vierte amenazas de muerte, esos casos ameritan denunciarlos”, aconsejó otra fiscal.

El abogado Óscar Ruiz, quien tiene casi 20 años de litigar en los tribunales capitalinos, señaló que la ley especifica cuáles son los casos en los que la parte acusada puede buscar mediación con la acusadora, porque eso es parte del derecho a la defensa, pero cuando la víctima o un testigo está siendo claramente hostigado o amenazado, se produce un delito, y si es el defensor el que ofrece una dádiva --por ejemplo, a un policía--, incurre en cohecho.

No hay condiciones infraestructurales
Algunos litigantes coincidieron en afirmar que el Complejo Judicial Nejapa no tiene condiciones de seguridad para ninguna de las partes en juicio, porque muchas veces los testigos tienen contacto antes del proceso, y eso “contamina” todo.

“En el mismo pasillo están los testigos de ambas partes, muchas veces platican, se ponen de acuerdo en lo que van a decir al momento del interrogatorio, o se están agrediendo. Es por eso que se le pide al juez que los coloque en una sala aparte, mientras esperan su turno para brindar su versión --pero no siempre hay lugar para hacerlo--. Ya ha ocurrido que el testigo llega al juicio, pero cuando uno lo busca para que declare, ya se fue, porque ahí mismo se arregló con los familiares (del acusado) o los defensores”, señaló otra representante del Ministerio Público.

Ante esa situación, los jueces han aplicado una serie de medidas para proteger a los testigos y víctimas de diferentes delitos.

“En Nicaragua no existe una ley específica como en otros países, donde hay protección de testigos en casos delicados: les cambian el domicilio, la identidad y hasta el rostro, pero tenemos la ley contra el crimen organizado que establece algunos criterios que deben tomar en cuenta la Policía y el Ministerio Público, además da ciertos parámetros que se deben contemplar en el momento del juicio”, explicó el juez Cuarto Penal de Juicio, Jaime Alfonso Solís.

“En casos de narcotráfico la ley señala que puede venir a declarar en juicio el jefe del investigador o de la persona que se infiltró para ‘quebrar la red’, también establece que a veces la identidad de las víctimas o testigos solo puede ser revelada al juez, igualmente ya hemos tenido procesos donde los testigos pueden declarar con pasamontañas”, detalló.

Cuando se trata de juicios por delitos sexuales, para que no haya contacto visual entre la víctima y el acusado, ni revictimización, el imputado se sienta de espaldas al público y declarantes, y si la víctima es una adolescente o adulto, se les permite declarar con pelucas, sombreros y gafas, para evitar que luego en la calle les reconozcan”, explicó el juez Jaime Alfonso Solís.

“También hacemos coordinación con la Policía para que a través del jefe de sector del barrio (donde vive la víctima o el testigo) mantenga un patrullaje constante”, apuntó.

Pese a todas estas medidas, los testigos propuestos para el juicio oral y público de Jairo Sánchez, el hermano de Imara Sánchez, tienen miedo, porque saben que “estaban en la lista” y tendrán que declarar todo lo que saben del homicidio de César Augusto Cruz Solano, acaecido en el barrio Cristo del Rosario.