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Un jubilado originario del municipio de Potosí, departamento de Rivas, fue capturado en Río Blanco y puesto a la orden del Juzgado Local Penal del municipio de Boaco, para que responda por el delito de omisión deliberada de deberes alimentarios, pero los familiares del sexagenario preguntaron por qué a él lo echan preso y al beisbolista Juan Pablo López Solórzano, no.

“Hay casos similares a este, donde se da este beneficio al acusado y a otros ni los detienen, como por ejemplo el caso del jugador del equipo Granada, Juan Pablo López”, expresó Julia Zapata González, de 66 años, quien pidió el arresto domiciliar para su hermano, José René Zapata González, de 68, quien está preso en Boaco, y lo que teme su familia es que su estado de salud se complique.

López ha tenido dos órdenes de captura en su contra, una de 2009 y otra de septiembre de 2012. Esta última fue girada por la titular del Juzgado Local Penal de Jinotepe, Ángela Mercedes Ramos, quien lo convocó a juicio oral y público para el 17 de septiembre de 2012, pero el pelotero no se presentó.

El mes pasado la jueza Ramos declaró rebelde a López y emitió una orden de captura para que las autoridades policiales lo aprehendan en Granada o en cualquier parte del territorio nacional, lo que no se ha hecho efectivo.

López tiene varios hogares

La comisionada María Lidia Hernández, jefa de la Estación policial de Nandaime, declaró que la detención de López no se ha concretado, porque el pelotero no tiene domicilio en ese municipio. “Él tiene varias direcciones de domicilio en Nicaragua, aquí quien habita es su madre”, acotó.

López fue acusado por la caraceña Dania Esther Calderón Saborío, con quien el beisbolista procreó en 2008 una niña que tiene cuatro años y nueve meses de nacida, tiempo durante el cual ha estado esperando que su padre cumpla con la pensión alimenticia que le ordenaron.

López, quien es oriundo de la comunidad rural Los Ranchones, Nandaime, jugó el año pasado con la Selección Nacional de Béisbol y actualmente está contratado por el equipo de los Orientales de Granada, que le paga US$650 mensuales, según reveló Calderón.

En 2009, la titular del Juzgado Local Único de Santa Teresa, Ligia Castillo, le ordenó pagar 21 mil córdobas en concepto de mensualidades retrasadas. “Desde esa fecha en adelante, él debía depositar dos mil córdobas mensuales en la delegación del Ministerio de la Familia de Jinotepe, pero tampoco cumplió”, expresó Calderón.

En ese mismo año a López le decretaron restricciones migratorias y una orden de captura, pero en el 2010, cuando lo llamaron para viajar a Panamá con la Selección Nacional, le pidió a Calderón que le ayudara a salir del país a cambio de su compromiso de acatar las órdenes judiciales.

Calderón señaló que ella cumplió su parte en el acuerdo suscrito ante un notario público de Nandaime, pero López no.

El caso del viejito

A José René Zapata González, el sexagenario que está preso en Boaco, quien lo demanda es su excónyuge Iveth González, con quien procreó un hijo que actualmente tiene diez años.

“La demandante le exige la entrega de 27 mil córdobas, que corresponden al período en que mi padre ha incumplido con la entrega de la pensión alimenticia, pero esto no es cierto, porque mi papá dejó de entregarle 600 córdobas mensuales hace un año, y por eso no debe tanto”, alegó Fátima Zapata Torres, de 44 años.

La demanda hace suponer que Zapata no ha entregado 45 meses de pensión “y por eso su expareja, de 30 años, pide 27 mil córdobas.

“¿De dónde los va a sacar mi hermano? Laboró por muchos años como telegrafista de Telcor, pero debido a problemas de hipertensión y ataques de epilepsia se jubiló por invalidez. Mensualmente recibe una pensión de 2,900 córdobas que le resultan insuficientes para sufragar los gastos que tiene con su nueva pareja, en el municipio de Río Blanco, con quien también procreó una niña que ahora tiene un año”, dijo Adilia Zapata González, de 66 años.