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El teléfono sonó y sonó incansablemente. Familiares y amigos le enviaron incontables mensajes de texto y le dejaron recados en el buzón de voz, avisándole de la tragedia. Una corazonada hizo que por fin contestara el móvil, en su día de descanso.

“Es mejor que vayás a tu casa, hubo un accidente”, le advirtió una voz femenina, preparándolo para la mala noticia.

“¿Fue mi mamá o mi papá?”, preguntó Carlos Solís, quien en ese tiempo aún no había sido nombrado como Juez Décimo Penal de Audiencias de Managua.

“Es mejor que vayás”, le insistió su amiga. “A esa hora tomé un taxi porque no me sentía bien para conducir, y desde varias cuadras antes de llegar a la casa se escuchaban las sirenas de la ambulancia de la Cruz Roja y de los Bomberos. En ese momento me dije: ‘Aquí hay un fallecido’, y efectivamente lo había, era mi madre”, recordó.

Ese 12 de agosto de 2006, a las seis de la tarde, la profesora Mariana Solís, quien tenía 56 años, salió de su casa para ir a rezar el novenario de un vecino que había fallecido, y de la nada apareció un taxi a exceso de velocidad. El conductor iba en estado de ebriedad y se pasó llevando a la señora cuando esta cruzaba la calle.

Un oficial de Tránsito que viajaba en moto vio lo que hizo el taxista y lo persiguió, pero se le perdió al internarse en las calles del Mercado Oriental, donde el hechor dejó abandonado el vehículo.

Con el número de la placa la Policía logró localizar al taxista, pero no lo capturaron de inmediato sino hasta tres meses después. Posteriormente fue llevado a juicio y condenado a tres años de prisión por homicidio imprudente.

Ese hombre se convirtió en uno de los pocos homicidas imprudentes condenados por haber matado a alguien mientras conducían bajo los efectos del alcohol, en los últimos años, porque la mayoría de los acusados llegan a acuerdos extrajudiciales con las familias dolientes, para evitar el juicio oral y público.

La Oficina de Prensa del Complejo Judicial de Managua informó que, en lo que va de este año, 94 personas fueron acusadas por homicidio imprudente, pero de esa cifra solo el 1%, aproximadamente, corresponde a homicidios imprudentes derivados de la ingesta de alcohol.

Cuántos tomadores han sido sentenciados en lo que va del año por este delito en Managua, no se sabe, porque no hay registros, pero los jueces dicen que si no hay datos es porque no han habido condenas.

En Estelí este año fue condenado a ocho años de cárcel, Lenín Gerardo Avilés Hernández, por matar a cinco personas con el auto deportivo que conducía yendo en estado de ebriedad, pero los magistrados del Tribunal de Apelaciones desataron la polémica al reducir la pena a la mitad, porque el acusado ya había indemnizado a algunos de los parientes de las víctimas.

En los últimos dos homicidios imprudentes derivados del consumo de alcohol ocurridos en Managua, aún no brilla la justicia.

Yadira Hernández denunció que Oscar Emilio Medina, quien atropelló mortalmente a su marido, Henry Santiago Narváez, en Carretera a Masaya el fin de semana pasado, ya está libre.

Los familiares del exlanzador José Luis Cardoza y de otras dos personas que fallecieron tras ser atropelladas por Ángel Francisco England, quien conducía en estado de ebriedad, también están a la espera de justicia.

Agravante

El artículo 141 del Código Penal de Nicaragua establece que el homicidio imprudente se castiga con penas de uno a cuatro años de prisión, pero la pena se endurece cuando el que conduce lo hace bajo los efectos de fármacos, drogas o bebidas alcohólicas. En ese caso la sanción a imponer aumenta de cuatro a ocho años de cárcel.

Existen versiones encontradas en torno a si cabe o no la mediación en este tipo de delito cuando se ventila en un Juzgado de Distrito.

El Código Procesal Penal establece que el principio de oportunidad y la mediación caben cuando las partes están de acuerdo en dar por finalizada una litis.

“Los abogados defensores buscan cómo mediar cuando ven que su cliente va a juicio; los acusados se sienten más presionados en esa etapa y, generalmente, la familia doliente cede. Aunque en algunos casos hubo licor o droga de por medio, se parte de la premisa de que es un delito donde no hubo dolo o intención de causar daño. La norma no impide que se aplique el principio de oportunidad o mediación, porque el acusado trata de resarcir los daños causados”, opinó la fiscal Blanca Rosa Calero.

“Los delitos de homicidio imprudente donde se da la agravante de conducir bajo los efectos del licor se ventilan en un Juzgado de Distrito, porque la pena es mayor.

El artículo 56 del Código Procesal Penal señala que la mediación se realiza cuando la pena a imponer es menos grave, es decir menor a los cinco años de cárcel. En cambio, en el otro tipo penal agravado, la pena va de cuatro a ocho años de prisión, por eso considero que no se debe mediar”, dijo por su lado la jueza Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Penal de Juicio, criterio que el juez suplente del Juzgado Noveno Penal de Juicio, Marcos Suárez, comparte.

Rolando Morán, juez suplente del Juzgado Segundo Penal de Juicio, dijo que antes de emitir criterios se deben valorar las pruebas existentes en cada caso.

“No es lo mismo un accidente donde el conductor iba con aliento alcohólico, además se debe ver si las pruebas aportadas indican si hubo o no imprudencia peatonal, pero generalmente la gente siempre termina mediando, son rarísimos los casos que llegan a juicio”, explicó.

Voces contra la mediación

“Yo no medié, porque sentí que iba a vender la vida de mi madre, y ni la de ella ni la de ningún ser humano tienen precio. Por más que los familiares del taxista y el abogado defensor insistieron, llegué hasta el final del juicio y fue condenado a tres años de prisión”, recordó el juez Carlos Solís.

“Yo veo que con eso de la mediación como que ya se están comercializando los muertos, es decir, que el acusado está comprando su libertad, y los familiares le ponen precio a la vida de su pariente. Para mí que las personas deben tener conciencia de que no están obligadas a mediar, sino que deben llegar hasta el final del juicio para ir sensibilizando y castigando a los conductores irresponsables”, opinó por su lado el comisionado Edgar Sánchez, jefe de Prevención y Seguridad Vial de la Dirección de Tránsito Nacional de la Policía.

Explicó que con la figura de la mediación se cae el trabajo y el esfuerzo que hace la Policía Nacional para investigar cada homicidio imprudente y remitirlo ante la Fiscalía para que ejerza la acción penal, “porque a la hora del acuerdo se cierra todo (el proceso penal)”.

Lo que más resiente la Policía, es que cuando hay acuerdo, el homicida imprudente vuelve a las calles a conducir, solo paga la multa.

La Ley 431, de Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, establece que cuando un ciudadano conduce en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, se hace merecedor de una multa de C$1,500, la más alta establecida por la ley.